Cuatro días después del terremoto político que sacudió la Moncloa con epicentro en el Tribunal Supremo, Pedro Sánchez rompió ayer su silencio sobre la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hizo para expresar que su Gobierno “respeta” las sentencias, y las acata, pero eso no es incompatible, “en una sociedad democrática” con discrepar de ellas.
En ese punto se situó el jefe del Gobierno, para quien García Ortiz sigue siendo inocente del delito de revelación de secretos por el que ha sido condenado. El presidente no quiso ir al choque de trenes con el Tribunal Supremo, pese a que en su entorno están convencidos de que el fallo judicial es un intento togado más de derribar al Gobierno. Frente a “la zancadilla”, como lo califica un ministro, toca pensar en las siguientes pantallas: nombrar al nuevo número uno en el ministerio público y corregir los aspectos “controvertidos” de la sentencia en el Tribunal Constitucional (TC), donde actualmente existe una mayoría progresista.
Antes de volar de Johannesburgo a Luanda para participar en la cumbre UE-Unión Africana, Sánchez compareció ante la prensa. En sus respuestas, no hubo acusaciones directas como las de su ministro Óscar López, para quien la condena a García Ortiz por revelar datos privados del empresario González Amador es un aviso de lo intocable que es su novia, la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
Pedro Sánchez, en la pantalla, durante una intervención ayer en la cumbre del G-20
El jefe del Ejecutivo espera que el Constitucional dirima lo “controvertido” de la sentencia
Sánchez hiló fino, sin pronunciar el nombre que sobrevoló desde el atril de prensa: Manuel Marchena, uno de los cinco magistrados conservadores que firmarán la condena al fiscal. “A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos, que vamos a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás”, advirtió, en referencia al mensaje que circuló en un chat de senadores del PP enviado por Ignacio Cosidó, ante el pacto para nombrar a Marchena al frente del poder judicial. La postura de este magistrado, explicaron a Guayana Guardian fuentes jurídicas durante la vista oral, sería clave para inclinar la balanza; nadie duda de su poder de influencia sobre sus compañeros.
Sánchez “lamentó” un fallo contra García Ortiz en el que ve tintes políticos. Pero vislumbra márgenes para corregirlo. Y aunque tampoco puso nombre a esas “otras instancias jurisdiccionales”, no hay más camino que el Tribunal Constitucional.
Primero hay que esperar a que se redacte la sentencia del Supremo –que contará con los votos particulares de las dos magistrados progresistas–, encargada al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Una vez publicada, la defensa de García Ortiz puede presentar un incidente de nulidad en el propio Supremo, que con seguridad será rechazado. Será entonces cuando el fiscal general –y solo él– podrá recurrir en amparo al Constitucional por ver vulnerados sus derechos.
En la vista oral, la Abogacía del Estado insistió en esa violación de derechos por la desproporción en el registro de la Fiscalía General del Estado. El TC, con un bloque mayoritario de sensibilidad progresista, tendría que decidir antes de acudir, si fuese el caso, al tribunal de Estrasburgo. Con este escenario por delante, para Sánchez “no tiene ningún sentido” hablar ahora de un posible indulto.
El fiscal general podría dimitir hoy, pero no se descarta que espere a que se publique la sentencia
Esa maquinaria que está en marcha también pasa por el nombramiento del nuevo o nueva fiscal general, cuyo nombre Sánchez no avanzó. Sólo dijo que “como en el caso de García Ortiz”, será una persona “con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico con un conocimiento importante de la materia”. Tampoco confirmó si el nombramiento se llevaría al Consejo de Ministros que presidirá mañana. Fuentes gubernamentales explican que no quieren mover ficha hasta que García Ortiz anuncie su dimisión: podría ser hoy, pero no se descarta que espere a conocer la sentencia, que podría tardar varias semanas.
Desde el PP, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, criticó ayer que a Sánchez no le preocupan asuntos como no poder aprobar los presupuestos, sino sólo “atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena a su fiscal general”.
Continúa la gira africana, con la vista en el Sahel
La delegación española, que encabeza Pedro Sánchez, tras terminar la participación del presidente del Gobierno en la cumbre del G20, en Johannesburgo (Sudáfrica) viajó ayer a Luanda (Angola), donde hoy arranca la cumbre Unión Europea-Africa. Es una cita a la que España, según fuentes de Moncloa, otorga una “gran importancia” en el marco del reforzamiento de las relaciones con los países. Especialmente con el foco puesto en el Sahel, un territorio cada vez más degradado por el avance del yihadismo, que lo convierte en uno de los grandes focos de amenaza, según los últimos informes del Departamento de Seguridad Nacional. Más de 80 delegaciones de países europeos y africanos están convocadas a la cita, en la que se abordarán temas como la seguridad, la movilidad, la prosperidad y el multilateralismo. Europa, aunque retiró hace más de año y medio sus últimos soldados de Mali –buena parte de ese reducto final eran uniformados españoles– mantiene pequeñas misiones, en comparación con los estándares OTAN, en el continente, como la Atalanta, que lucha en el mar contra la piratería. España, según las mismas fuentes, defenderá la importancia de seguir manteniendo este tipo de misiones. Sánchez avisó ayer de que ha llegado el momento de que Europa mire a África con otros ojos: “No con los del oportunismo, sino con los de la oportunidad; no con los del paternalismo, sino con los de la humanidad”. El presidente llega a la cumbre “con la convicción” de que la prosperidad de Europa en general y España en particular depende del continente vecino y “con el compromiso” de construir una relación basada en el respeto, con una “verdadera agenda compartida”. Aunque con más optimismo que a la cumbre del G20, boicoteada por Donald Trump que dejó por primera vez la silla vacía, el Gobierno es consciente de que la cita africana se celebra en un momento en el que la ayuda oficial al desarrollo va a sufrir unos recortes globales que se sitúan en torno al 10%. “Puede parecer poco, pero esa cifra, en términos de agenda de salud, son muy dañinos”, advierten las fuentes gubernamentales, que lamentan que algunos socios europeos, en los que la derecha gana peso, estén sumándose a esos recortes en sus carteras de inversión en desarrollo.
