El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, será juzgado en la Audiencia Nacional y participará en el juicio contra él y su familia por presunta corrupción que empieza hoy de forma telemática desde su domicilio en Barcelona, según ha decidido el tribunal en contra del criterio de los médicos que consideran que el acusado no está en condiciones de declarar por su estado de salud y su edad.
El presidente del tribunal, Ricardo de Prada, ha advertido que en cualquier momento, si hay algún cambio en la salud del expresident se podrá revisar su situación.
Los magistrados han tomado la decisión tras una vista oral por videoconferencia en la que ha intervenido el propio exmandatario catalán desde su casa, dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Catalunya y un forense de la Audiencia Nacional.
Los forenses catalanes han ratificado el informe que decía que Pujol no está en condiciones de salud mentales y físicas para defenderse en un juicio. El fundador de Convergència se ha mostrado dispuesto a seguir el juicio.
La vista fue a puerta cerrada para la prensa, pero todos los acusados han podido ver a Jordi Pujol en directo, quien ha dicho estar a disposición del tribunal, según explican fuentes jurídicas. “Estoy a su disposición para responder a lo mejor que sepa, pero en mucha forma no estoy”, ha asegurado. Preguntado por el fiscal, también ha dicho que intentaría entender los documentos que le presenten, pero no ha podido asegurarlo.
Los forenses catalanes han ratificado su informe, mientras que el de la Audiencia Nacional también ha certificado que el expresidente no está bien de salud: “Habla mucho pero explica poco”.
El pasado lunes los dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Catalunya sostuvieron que el expresident presenta un diagnóstico de “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto” y confirmaron que dicho trastorno “asocia un deterioro cognitivo moderado, siendo éste irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. En consecuencia, consideraron en su informe que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en el juicio “ni dispone la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que al menos desde el año 1991, él y su familia escondió una “ingente cantidad de dinero” en Andorra, “fruto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana”.
