El tribunal que desde esta semana juzga a la familia Pujol en la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 10 de diciembre a los tres primeros testigos: Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, Núria Pujol Gironés y José Luis Perelló Molne. La primera fue secretaria de Jordi Pujol Ferrusola, la segunda es su hija y el tercero es un empresario.
El tribunal, en una providencia comunicada a las partes este viernes, marca el orden del día para la próxima sesión de vista oral, con la resolución de las cuestiones previas, que fueron debatidas entre el lunes y el miércoles de esta semana, y las primeras testificales.
Serán los tres primeros de una kilométrica lista de 255 personas citadas a declarar. Por ahora. En las cuestiones previas muchas de las defensas de los 19 encausados solicitaron nuevas comparecencias al tribunal. Estas se irán resolviendo conforme avance la sesión, que se prevé que dure hasta el 14 de mayo.
El juicio se inició el pasado lunes, pero solo avanzó con las cuestiones previas. Las primeras testificales debieron aplazarse a la próxima fecha.
La familia Pujol está acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública. Los siete hijos del matrimonio Pujol Ferrusola se enfrentan apenas que van de los ocho a los 29 años de prisión, con el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, con la petición más alta. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, que pese a su avanzada edad, 95 años, y los informes médicos de los forenses judiciales que desaconsejaban su presencia en el juicio, podrá seguirlo telemáticamente y a requerimiento del tribunal, pero no ha sido exonerado. Una decena de empresarios están acusados de pagar sobornos y comisiones a la familia Pujol, a cambio de concesiones públicas, merced, a apellido de quien fue durante 23 años presidente de la Generalitat.
En las tres primeras jornadas, las defensas han alegado que la causa no debe ser vista en la Audiencia Nacional, sino en la de Barcelona, la prescripción de los delitos y las irregularidades policiales cometidas en la obtención de pruebas, entre otros.
