El pujante discurso ultraconservador europeo no va acompasado. En materias sensibles cada país sigue su propia lógica interna. Esta semana hemos visto como, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometía a liquidar la conocida popularmente como la ley solo sí es sí, alineándose con el discurso más duro de Vox y con el rechazo que suscitó entre su propio electorado la ley impulsada por la exministra Irene Montero, en Italia la presidenta, Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, promovía una ley similar basada en el consentimiento poniéndose de acuerdo con los partidos progresistas.
La iniciativa de Meloni ha acabado embarrancando debido a la oposición de la Liga de Matteo Salvini, situado políticamente aún más a la derecha que la propia Meloni. Salvini ha querido cortocircuitar cualquier entendimiento de la líder de Hermanos de Italia con el Partido Democrático.
Italia no destaca por la igualdad de género, pero vive una circunstancia única: al frente del Gobierno y de la oposición hay dos mujeres. Una ocasión para avanzar, a salvo del conflicto permanente entre derecha e izquierda, como ha demostrado la introducción del delito específico de feminicidio, aprobado, este sí, de manera definitiva la semana pasada.
En la política italiana, la cuestión de género no es un elemento de gran polarización. Meloni rechaza definirse feminista y ha tomado decisiones simbólicas en ese sentido —“llamadme el presidente, no la presidente”— y ha sido atacada desde el centroizquierda por ello.
En Italia la cuestión de género no polariza pero cada 72 horas se comete un feminicidio
Pero en el ámbito de la violencia de género, con cifras alarmantes –en Italia cada 72 horas se comete un feminicidio– ni la derecha radical ni la más moderada han puesto objeción alguna. Las selfies con su amigo Santiago Abascal no le impiden buscar un puente con la oposición para modificar el Código Penal.
Por el contrario, la ley del solo sí es sí a la italiana ha embarrancado en el último momento, víctima de una batalla interna en la derecha. Todo se pospone, poniendo en dificultad el liderazgo de Meloni, con Matteo Salvini que, abrazando el discurso sobre las denuncias falsas, hace saltar un pacto que parecía cerrado entre las líderes conservadora y progresista.
En una de las escasas llamadas entre la jefa del Gobierno y la secretaria del Partido Democrático (PD), Elly Schlein, se había acordado un paquete de medidas que incluía la ley contra el feminicidio y se había alcanzado al mismo tiempo un acuerdo sobre la ley del consentimiento. La caída de esta última deja heridas significativas.
La primera ministra se puso en contacto con la secretaria del PD para ofrecerle un compromiso: aprobar de manera definitiva la ley sobre agresiones sexuales, que tipifica por primera vez el feminicidio, el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de los malos tratos a las mujeres. Schlein aceptó, confirmando un entendimiento alcanzado hace unos meses, al inicio del recorrido parlamentario de la propuesta que, modificando el Código Penal, introduce el principio del consentimiento y establece que “quien realice o haga realizar o padecer actos sexuales a otra persona sin el consentimiento libre y actual de esta será castigado con pena de prisión de seis a doce años”.
La pena se aplica también a quien “obligue a alguien a realizar o padecer actos sexuales mediante violencia, amenaza o abuso de autoridad”; a quien “induzca a alguien a realizar o padecer actos sexuales aprovechándose de condiciones de inferioridad física o psíquica o de particular vulnerabilidad de la víctima”; o engañándola.
La introducción explícita del principio de consentimiento sitúa la reforma en línea con las principales normas internacionales, como el Convenio de Estambul.
Parecía todo hecho: la Cámara de Diputados había aprobado el texto prácticamente por unanimidad. Italia tiene un sistema bicameral: faltaba el visto bueno del Senado, que se daba por descontado y blindado por el acuerdo entre mayoría e oposición, certificado en los niveles más altos.
En el último tramo, sin embargo, todo se bloqueó. En la comisión del Senado que estaba examinando el proyecto, la Liga, socio ultraderechista del Gobierno de coalición, pidió detener los trabajos invocando una reflexión sobre algunos pasajes jurídicos. Salvini utilizó el argumentario típico de la ultraderecha europea, atribuyendo a la ley “dejar demasiado espacio a venganzas personales, por parte de mujeres y hombres que sin haber sufrido ningún abuso podrían utilizar una norma vaga en su beneficio colapsando los tribunales”.
La ministra de Igualdad, Eugenia Roccella, añadió que introducir el concepto de consentimiento podría invertir la carga de la prueba, del acusador al acusado.
La oposición ha estallado: “Ha caído la máscara —explica el jefe de los senadores del PD, Francesco Boccia—. Salvini ha desmentido de facto a la primera ministra, que había sellado un pacto con Schlein para defender el ‘no’ de las mujeres, siempre y en cualquier caso”.
La cuestión jurídica, sin embargo, oculta otra puramente política. El partido de Salvini sintió que había sido adelantado por el acuerdo entre Schlein y la primera ministra y, aprovechando la victoria de un candidato leghista en las regionales del Véneto, lanzó un mensaje claro. Para Meloni no ha sido fácil salir de este cortocircuito. La versión oficial es que, tras algunos ajustes técnicos para evitar problemas de aplicación (algunos han señalado el ejemplo español), el proyecto será aprobado igualmente.
Sus colaboradores más cercanos confirman, en off, que la de la Liga es una maniobra puramente política, también para intentar lo que más incomoda a Meloni: la competencia por la derecha. Salvini lo intenta por todos los medios, conectando con la extrema derecha global, de la que la líder de Hermanos de Italia formalmente nunca se ha desvinculado, con el riesgo de caer en
contradicción en algunos terrenos.
La tarea de Meloni ahora es sacar la violencia de género de la guerra cultural, si quiere que la reforma vea realmente la luz.