Cuidado con algunas manifestaciones

Llenar las calles es un síntoma de salud democrática, porque en las dictaduras las manifestaciones están prohibidas. En este mes en que se ha conmemorado el 50.º aniversario de la muerte de Franco, que no el de la recuperación de la democracia, es clave recordarlo. De hecho, la transición, y después la democracia, se llenaron de manifestaciones, actos de protesta y reclamaciones, que confirmaron que España es una democracia plena, según los indicadores internacionales. Ahí está la manifestación celebrada en Madrid tras el golpe de Estado de Tejero, que congregó a más de un millón de personas con el lema “Por la libertad, la democracia y la Constitución”, convocada por fuerzas políticas y sindicales. O la que tuvo lugar tras el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA, a la que acudieron más de millón y medio de persona bajo una única pancarta “Por la paz, unidad y libertad”. Podría recordar más, pero estas, que tuvieron como principal característica el silencio, y la unión de los españoles ante hechos que atentaban contra ellos, demuestran la importancia de las movilizaciones: contra los atentados del 11-M o las primeras contra la guerra de Iraq.

Pero algo falla, no en nuestro sistema democrático, sino en nuestro sistema de partidos, o en nuestros políticos, cuando los responsables de las primeras formaciones salen a la calle para protestar contra el otro. Este fin de semana lo ha hecho el PP contra el PSOE o mejor dicho contra el Gobierno, aunque no quería ni siglas ni banderas, tras el ingreso en prisión de dos destacados exsocialistas: José Luis Ábalos y Koldo García. Lo han hecho los partidos de izquierda contra la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos. (Por cierto, dada la gravedad de lo ocurrido, convendría que los magistrados de la Sala se dieran un poco de rapidez al dictar la sentencia, la misma que hubo para comunicar el fallo). Se manifestaron también, de nuevo, el sábado, en València, movimientos sociales de izquierda que no se conforman con la dimisión del expresidente Carlos Mazón, que ha llegado tarde y mal, sin una explicación sobre qué pasó, de verdad, aquella tarde, y por qué no dio importancia a lo que lo tenía, lo mínimo que se le puede exigir al máximo responsable político de un gobierno, en esta ocasión el valenciano. Pero a prisión le mandará un juez, no los ciudadanos en la calle.

Sí, algo falla. No porque los ciudadanos no tengan derecho a protestar por la corrupción, por una sentencia no compartida o por la actuación de un responsable político, pero hacerlo bajo las siglas “Efectivamente: mafia o democracia”, o gritos de “golpistas con toga”, o calificando de lawfare la sentencia contra el fiscal, denota que algo no está funcionando, que esas manifestaciones, esas protestas, deberían tener un cauce de debate, de manifestación, por parte de los partidos políticos, en la institución concebida para ello, el Parlamento.

El problema es que miramos a las Cámaras y encontramos una situación anómala, donde ningún partido tiene apoyo suficiente para gobernar. Se vio otra vez esta semana, cuando una nueva derrota parlamentaria del Gobierno, que ha visto cómo una mayoría parlamentaria echa abajo la senda de déficit, el primer paso para la aprobación de los presupuestos, es ya recibido como algo normal. Pues no, no es normal.

No lo es que el Gobierno no haya conseguido aprobar unos presupuestos desde hace tres años, cuando vieron la luz los del 2023, que ya se han prorrogado dos años, y eso que el Gobierno tenía una mayoría parlamentaria, de la que ahora carece, aunque no se haya formado otra alternativa, que Feijóo busca pero no encuentra.

Una anomalía que puede hacer confundir el clamor de la calle con el voto en las urnas, y, al final, la movilización llevar a la frustración.