Carlos Castresana (Madrid, 1957) ha ocupado (casi) todos los eslabones de la carrera fiscal: audiencias, TSJ, antidroga, anticorrupción… En 1996 saltó a la fama internacional cuando denunció a las Juntas Militares de Argentina y Chile, que dieron lugar al proceso seguido ante la Audiencia Nacional y la consiguiente (e inesperada) detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet. Ahora ha escrito Bajo las togas (Tusquets), en el que trufa viejos casos de errores judiciales con reflexiones sobre la tercera pata de los poderes del Estado.
Hay un enorme trabajo de documentación en este libro: ¿de dónde sale tanta historia judicial?
En los países anglosajones y en menor medida en Francia tienen esa tradición de recoger los “casos célebres”, como los llamaba Alejandro Dumas. En España se ha cultivado muy poco. Se trata de contar cuál fue la respuesta que los tribunales encontraron para esas historias.
Pero tratado literariamente.
Yo he sido penalista toda mi vida y tenía una idea de por dónde se producen las desviaciones del procedimiento, que no deja de ser una cadena de producción donde intervienen el denunciante, la policía, el juez, el fiscal, el tribunal, los abogados, los peritos, los testigos, el jurado… A veces se producen desviaciones que deberíamos esperar que se corrijan en el eslabón siguiente y no se corrigen.
Tortura en España
“Tras desaparecer el terrorismo no conocemos ningún caso relevante”
¿Por qué le cuesta tanto a la justicia reconocer los errores?
En España, porque venimos de una justicia autoritaria, que nunca ha estado sometida al escrutinio democrático, salvo en el cortísimo periodo de la Segunda República, y que por lo tanto está acostumbrada a hacer lo que le parece, sin asumir ninguna responsabilidad. Yo siempre digo que la independencia no es un derecho ni un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos. A que tu caso sea resuelto por un juez que no se deje someter a las presiones externas, pero al que se pueda exigir responsabilidad si no hace lo que debe.
¿Hay suficiente conexión entre los jueces y la realidad?
Hemos fallado en la transición. Teníamos una justicia autoritaria, herencia de la dictadura y de los siglos anteriores. En la transición no hicimos la gran reforma del poder judicial que sí se hizo, por ejemplo, con el ejército, las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia. El poder judicial sigue siendo refractario a la crítica y sigue siendo muy poco transparente en sus deliberaciones y sus procedimientos. Habría muchos menos errores si el escrutinio de la sociedad fuera más libre y si los medios de comunicación tampoco estuvieran tan mediatizados y fueran, de alguna manera, el vigilante que es capaz de recibir la información y transmitirla.
Algunos medios parecen el fiscal suplente.
O el abogado defensor. Los medios se involucran también a veces, no voy a generalizar, con escasa profesionalidad.
Menciona en el libro el Tribunal de Orden Público (TOP) y cómo mutó en la actual Audiencia Nacional. ¿Es una anomalía?
Sí. El pecado original es que el TOP recaló en la Audiencia Nacional, aunque se fue disolviendo porque se fue homogenizando con el resto de la carrera judicial y fiscal. Yo creo que la patología de la Audiencia Nacional es posterior. Hemos creado un monstruo. Al poquito de ser creada ya tenía cinco juzgados centrales. Hoy son seis, y la plantilla de fiscales se ha multiplicado por cuatro o cinco, entre Audiencia Nacional, Anticorrupción y Antidroga. La instrucción de las causas más importantes se ha desplazado, y ningún partido ha dicho que quiera cambiar esa situación.
¿Es viable cambiarlo?
Seamos humildes y racionales y reconozcamos que esas macrocausas es imposible que las investigue un solo fiscal. En realidad, quien investiga es la Policía y la Guardia Civil. Es una deformación del sistema que nos lleva a que ni siquiera el ministro del Interior puede controlar eso. Tenemos sobrados ejemplos recientes. Entonces son como unidades dentro del Estado que toman sus propias decisiones. No digamos que la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción, pero sí que es un tribunal especial.
¿En España los jueces son de derechas?
No especialmente. Yo no creo que sean tan distintos del conjunto de la sociedad. Puede ser que por la extracción sociológica de quienes hacen las oposiciones lo sean un poquito, pero no hay una diferencia sustancial. Lo que sí ocurre es que en la cúpula del poder judicial sí se ha producido un predominio de la Asociación Profesional de la Magistratura, y ahí sí el resultado es un poquito más conservador. No diría que es un factor esencial, solo una cierta distorsión que crea desconfianza de los ciudadanos.
El papel del juez
“Quien investiga es la Policía y la Guardia Civil, ni siquiera el ministro controla eso”
Uno de los puntos clave del libro es la denuncia del uso de la tortura. ¿Está erradicada?
Se usa en 140 o 150 países aún. Datos de Amnistía Internacional.
¿En España?
Yo creo que no. O sea, la tortura en el sentido, vamos a decir, con mayúsculas, posiblemente sí, después de que desapareció el terrorismo no conocemos ningún caso relevante. Pero seguimos siendo uno de los países que han tenido más condenas del Tribunal Europeo por no investigarla. El maltrato físico o psicológico y en todo caso el acercamiento al inculpado como fuente de prueba sigue siendo una patología tan grave como en otros tiempos. Sigue siendo un error, porque tú tienes que construir la prueba de cargo sin contar con el inculpado, que tiene derecho a guardar silencio.
¿Se abusa de la prisión provisional?
No se puede utilizar como un mecanismo de extorsión para conseguir una confesión. Además te conduce al error, porque el inculpado a veces te va a contar cosas para que le dejes tranquilo.
El libro llega casi hasta nuestros días, pero elude a ETA o el procés. ¿Es deliberado?
Sí. Evito los casos que están subjudice y los que hacen demasiado ruido, porque me gustaría invitar al lector a una reflexión tranquila y sensata. Soy fiscal en activo y me debo a la institución.
Entonces no le pregunto sobre el juicio al fiscal general del Estado…
No…
