El juicio contra la familia Pujol se reanuda con los tres primeros testigos

Casi 13 años después de la primera noticia sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra, 5 años y 5 meses después de acabar la instrucción judicial y transcurridas dos semanas de la primera tanda de vista oral, el juicio por presunta corrupción contra la familia Pujol empieza realmente mañana con las declaraciones de los primeros tres testigos.

Son en total 255 los testigos que están citados, aunque el tribunal decidirá si acepta otros más que pidieron algunas defensas en las tres sesiones iniciales.

Cuando este miércoles se reanude la vista, el tribunal deberá pronunciarse sobre la cuestión de competencia planteada por el abogado de buena parte de la familia Pujol, Cristóbal Martell, quien sostiene que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar este asunto, porque la doctrina reciente del Supremo establece que solo lo es cuando los delitos son cometidos en diferentes jurisdicciones, que no es el caso, según Martell, porque si hubo corrupción se cometió íntegramente en territorio español. Otra cosa es que el objeto del presunto delito, esto es, ingentes cantidades de dinero, se ocultaran en países segundos. Esta es la única cuestión sobre la que obligatoriamente debe pronunciarse el tribunal antes de proseguir. El resto de alegaciones planteadas, como la prescripción del delito, las irregularidades policiales para la obtención de pruebas, en Andorra y en España o las maniobras de la policía patriótica pueden ser eludidas ahora y resueltas en sentencia.

Los acusados están exentos de asistir a la vista, como estableció el tribunal en las tres primeras sesiones, en las que se acordó también que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley sigue procesado, pero sólo deberá comparecer, y telemáticamente desde su casa, cuando sea requerido, dada su avanzada edad y las carencias cognitivas que presenta.

El juicio tiene marcadas por ahora un total de 37 sesiones más, hasta el 14 de mayo. Por petición de las defensas, los acusados declararán después de los testigos. Los tres primeros serán Cristina de Francisco Cotorruelo, que fue secretaria de Jordi Pujol i Ferrusola, alias Júnior; su hija, Núria Pujol i Gironés, y el empresario José Luis Perelló Molne.

El ministerio fiscal acusa a Júnior y a su entonces esposa, Mercè Gironès, de una donación irregular a su hija para que comprara un piso a Perelló. En la lista de testigos que deben pasar por la Audiencia Nacional destacan algunos nombres, aún sin calendario.

Es la mecha del caso. Victoria Álvarez, Vicky, fue amante de Júnior un par de años, y en otoño del 2012 fue captada por la policía patriótica. En una declaración judicial en enero del 2013 aseguró que su amante subía y bajaba de Andorra con bolsas con billetes. Esta denuncia no fue creíble para el juez durante un año y medio, hasta que la confesión del ex president, en julio del 2014, de que durante 34 años ocultó dinero en Andorra dio mayor relieve al caso. Ella misma ha admitido que cobró fondos reservados del Ministerio del Interior por colaborar con la policía. Uno de los policías citados a declarar es el agente de la Policía Nacional 89140, A.I.A., por su papel en la aportación a la causa de un pendrive con información sobre los Pujol cuyo origen es ilegal.

Una de las claves del caso es el papel que tuvo la policía patriótica para obtener pruebas que acreditaran que la familia Pujol (u otros políticos independentistas) tenía dinero en Andorra. Desde el otoño de 2012, el comisario José Luis Villarejo anota en sus famosas agendas cómo la brigada parapolicial al servicio del gobierno del PP tiene altísimo interés en ese tipo de datos. El 13 de octubre de 2012 anota: “Pin [Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía]: cuentas fuera”. El 2 de noviembre le pregunta a un colaborador por “contacto Banco Privado Andorra”. En junio de 2014, Joan Pau Miquel, consejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA), alertado de una inminente visita del agregado en Andorra del Ministerio del Interior, Celestino Barroso, graba la conversación. Le amenaza con que el banco recibirá un “hachazo” si no aporta información a las autoridades españolas. La policía cita luego a Miquel en Madrid. Un mes después, El Mundo publica la foto de una pantalla de ordenador en la que se constata que cinco miembros de la familia Pujol tienen fondos allí. El escándalo es fenomenal y Pujol se ve obligado a confesar que durante 34 años tuvo dinero en Andorra, fruto de una herencia de su padre. Unos 800.000 € que fueron creciendo gracias a inversiones bancarias. Este es el asidero fundamental de la familia, aunque la fiscalía sostiene que las cuentas de los Pujol fueron alimentadas por ingresos millonarios a través del hijo mayor, a quien acusa de utilizar sus apellidos a cambio de mordidas. Una de las personas –está citada– que mejor conoce la economía de los Pujol es quien fue su asesor fiscal, Joan Anton Sànchez Carreté. Su despacho fue registrado en octubre de 2015.

El hoy conseller de Justícia ocupó del 20 de noviembre de 2001 al 20 de diciembre de 2003 la cartera de Medi Ambient en un gobierno de Pujol y, como tal, recibió los coletazos de la tramitación de dos vertederos (en Tivissa y Cruïlles) que supuestamente reportaron grandes beneficios a Jordi Pujol Ferrusola. Espadaler sucedió en el cargo a Felip Puig, cuyo hermano Jordi también está citado como testigo. Jordi Puig tenía una sociedad que compartía una empleada con empresas de Júnior y Gironés. Del gobierno del tripartito (2003-2006) está citado Salvador Milà, que sucedió a Espadaler.

Una cuenta andorrana de Jordi Pujol Ferrusola recibió el 29/X/1998 9 millones de pesetas (unos 54.000 €) de la mercantil Euroenergo España, SL; su representante legal era Igor Mozgovoy. Asociado a Xavier Plana negoció el arrendamiento de espacios en el área de inflamables del Port de Tarragona, cuyo director entre 1996 y 2004 fue Lluís Badia, hombre de CiU en Tarragona. Euroenergo obtuvo espacios portuarios a partir de 1998 y hasta 2023. En 2008, y ya desde su despacho de abogados, Badia cobró a Imisa, empresa de Pujol Ferrusola y Gironés, un total de 40.927 € por su asesoramiento en negocios en México. Otros trasvases monetarios que se prevé plantear en el juicio son los que 3-80 Nous Associats S.L., otra empresa que operaba en el Port de Tarragona, cuyo administrador era Salvador Heras Cortés, mantuvo con Júnior. La acusación describe en términos delictivos generales decenas de movimientos hacia o desde Júnior. Plana, Mozgovoy y Heras también están citados. Por los negocios en México, y como socio en Ibadesa, una de las principales compañías de Júnior, está citado José Herrero de Egaña Lopez del Hierro, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Precisamente, una de las presuntas impulsoras de la operación Catalunya.