Vox ha denunciado a la organización juvenil Revuelta, próxima al partido de Santiago Abascal, por desviar supuestamente fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana de la Comunitat Valenciana del año pasado y por irregularidades en su gestión económica y funcionamiento.
La denuncia ha sido presentada ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo creado recientemente para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción.
Fuentes del partido han confirmado que la denuncia fue registrada de forma simultánea a la presentada el pasado 30 de noviembre ante la Fiscalía por el vicepresidente Revuelta y asesor de Vox en el Parlamento Europeo, Arturo Villarroya, y otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano.
Ambos denunciaron al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga; al secretario, Pablo González Gasca; y al vocal Santiago Aneiros por presuntas irregularidades graves y posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.
Aunque Revuelta no ha tenido nunca vínculo orgánico con Vox, tanto los denunciantes como los denunciados sí han mantenido o mantienen vínculos laborales con el partido y en las protestas que convocaba la organización juvenil había sintonía con los de Abascal, que han apoyado en el pasado las movilizaciones de esta organización. De hecho, desde su fundación, se ha considerado a Revuelta como la rama juvenil del partido, igual que Nuevas Generaciones lo es del Partido Popular o la Joventut Nacionalista de Catalunya de Junts.
Por eso, han explicado la fuentes, ante el “rumor” de posibles irregularidades, Vox exigió “transparencia absoluta” a los trabajadores del partido que tuvieran cualquier relación con Revuelta.
Ante la negativa de Hernández Zúñiga, González Gasca y Aneiros –en la práctica los máximos dirigentes de la organización– a facilitar información sobre su gestión (se negaban incluso a presentar las cuentas), Vox denunció sus sospechas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Este organismo fue impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco del Plan de Acción por la Democracia y la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y entró en funcionamiento el pasado 1 de septiembre. Una vez recibida la denuncia de Vox, la Autoridad Independiente de Protección del Informante verá la correspondiente comprobación y, si procede, la remitirá a la Fiscalía.