El #MeToo que estalló en el PSOE por toda España, impulsado por la enorme irritación interna que generó la mala gestión de las acusaciones por acoso sexual contra Francisco Salazar –alto cargo en la Moncloa y Ferraz hasta el pasado julio–, es una auténtica bomba de racimo.
Y no solo afecta al nuevo equipo que tomó el mando de Ferraz ese mismo julio –tras el ingreso en prisión del hasta entonces secretario de organización, Santos Cerdán–, sino a otras federaciones, como la andaluza de María Jesús Montero, la aragonesa de Pilar Alegría, la valenciana de Diana Morant, la gallega de José Ramón Gómez Besteiro o la castellano y leonesa de Carlos Martínez.
Una de las dirigentes que se vio más cuestionada internamente por esta crisis fue la nueva secretaria de organización de Ferraz, Rebeca Torró, a cuya estrecha relación con Salazar –que iba a convertirse en su adjunto cuando estalló el caso– algunos atribuyen la demora de cinco largos meses en la atención de las acusaciones por presunto acoso sexual.
“Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir o tapar ningún caso, ninguno”, subrayó la propia Torró, que ayer compareció ante la prensa, por vez primera en la sede del PSOE, arropada por sus dos adjuntos, Anabel Mateos y Borja Cabezón. “Para nada me siento cuestionada”, se defendió. “Asumo mis responsabilidades. Y, es más, me gustan las críticas y las opiniones de los compañeros, porque eso hace que seamos mucho mejores”, alegó.
El informe que sobre el caso Salazar no activó en cinco meses la oficina antiacoso de Ferraz, se resolvió a la carrera ante la magnitud del escándalo generado por la nula respuesta ante las denuncias de “comportamientos absolutamente deleznables”. Y Torró compareció para dar cuenta de sus conclusiones, sin desvelar el contenido del informe ya que, alegó, es “absolutamente confidencial”.
Del informe sí aseguró que solo se derivan “consecuencias orgánicas”, sin aparente atribución de presuntos delitos. “La conducta de Paco Salazar –explicó Torró– supone una falta muy grave prevista en los estatutos federales y contraria al código ético de nuestro partido”. Y aunque el propio Salazar se dio de baja como afiliado el mes pasado, Torró anunció que en el registro del censo del partido quedará constancia de esta falta muy grave, por lo que “no podrá darse de alta como militante” en el futuro. Al menos, forma automática, ya que necesitará un “permiso” expreso para ello.
La dirección del PSOE, como ya advirtió Pedro Sánchez, no pondrá en conocimiento de la Fiscalía el caso Salazar, por si pudiera ser constitutivo de delito, con el argumento de que son las propias denunciantes –anónimas– las que deben decidir si emprenden acciones legales contra el exdirigente socialista.
Torró argumentó que deben respetar que las denunciantes puedan no querer emprender la vía judicial. Pero aseguró que, si optan por este camino, el PSOE les ofrecerá “todo el respaldo jurídico” que requieran.
Ferraz abre otro expediente contra Javier Izquierdo, que solo alegó motivos familiares para dimitir
Y reconoció “los errores”, pero no explicó por qué durante cinco meses no solo no se estableció ninguna comunicación con las denunciantes anónimas, por el mismo canal interno en el que registraron sus acusaciones, sino que tampoco se estableció contacto con el propio Salazar en este tiempo.
Dirigentes de la propia ejecutiva federal del PSOE asumen que, si el objetivo de su comparecencia era dar por zanjada la crisis, no lo logró.
La secretaria de organización de Ferraz informó además de la apertura de un expediente informativo contra Antonio Hernández –el número dos de Salazar en la Moncloa, que fue cesado el pasado martes por el Consejo de Ministros–, “como posible conocedor de los hechos denunciados” que se atribuyen a quien fuera su jefe, y que habría podido intentar encubrir, pese a que lo negó.
Igualmente, Torró informó de que decidió abrir otro expediente informativo “de oficio”, ya que en este caso ni siquiera hay constancia de que se haya presentado ninguna denuncia, contra Javier Izquierdo –el miembro de la ejecutiva de Ferraz y senador que la víspera anunció su renuncia a todos sus cargos–, “para esclarecer los hechos”.
Torró desveló que Izquierdo le comunicó el jueves su “renuncia voluntaria” a los cargos, pero solo “por motivos personales y familiares”. Aunque aseguró que después conoció por la prensa que también se le vinculaba con supuestos casos de acoso sexual. “Podía haber sido más claro”, lamentó Torró sobre Izquierdo. Las aclaraciones, no obstante, se podrían haber resuelto con un telefonazo.
La secretaria de organización, en medio de la tormenta, trató en su intervención de reivindicar la actuación del partido. “Esto supone un antes y un después, el PSOE aprende de los errores y actúa en consecuencia”, quiso garantizar. Ante todo, pidió “disculpas en nombre del PSOE” a las denunciantes del caso Salazar, “por no haber estado a la altura”.
“Se ha fallado abiertamente, nunca debió ser así”, admitió. Pero les agradeció su “valentía” por “haber roto el silencio”.
Ferraz reforzará ahora su canal antiacoso, con más recursos y más personal. Pero Torró alegó que estos comportamientos machistas no se circunscriben solo al PSOE. “Es estructural y afecta a toda la sociedad”, señaló. Y sacó pecho ante la puesta en marcha del protocolo y el canal antiacoso del partido, pese a los errores admitidos. “Una vez más, el PSOE es el que abre el camino”, resaltó.
El #MeToo socialista señala al alcalde de Almussafes (Valencia) y suma la dimisión del de Belalcázar (Córdoba)
Y, como el camino está abierto, tras la comparecencia de Torró continuó la avalancha de acusaciones por presunto acoso sexual en el PSOE. Ferraz confirmó por la tarde la recepción de otra denuncia contra Toni González, alcalde de Alfussafes y vicesecretario provincial de València, por otra denuncia de acoso sexual y laboral que adelantó ElDiario.es .
A continuación, el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, comunicó a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su renuncia a todos sus cargos tras desvelarse otro presunto caso de acoso sexual. Esto acaba de empezar.
Besteiro supo del caso Tomé “por una tercera persona”
El líder del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reconoció anoche que supo en octubre de una denuncia por acoso sexual en el seno de su organización meses atrás a través de una tercera persona, pero que la organización sólo actuó a partir del momento en que la víctima presentó una denuncia formal en el canal del PSOE. Esta larga explicación debía servirle a Besteiro para justificar lo que numerosas militantes y dirigentes del socialismo gallego reprochan a su jefe de filas, esto es, la falta de reacción ante unos hechos que él mismo calificó de “repugnantes”. Lo cierto es que ayer la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, presentó su dimisión en la reunión de la comisión ejecutiva del partido, donde comunicó su decisión sin que se sepa con precisión si la renuncia obedece a un modo de protesta contra la dirección o si por el contrario asume la responsabilidad de no haber actuado antes. Entre tanto, ayer, José Tomé, el supuesto acosador –con el que Besteiro habló cuando tuvo la primera noticia del caso y él lo negó– renunció a la presidencia de la diputación de Lugo pero no al acta como miembro del pleno de la diputación. Tampoco renuncia a la alcaldía de Monforte, donde él y el resto de ediles de su grupo municipal pasan a ser no adscritos para mantenerse en el cargo.
