La directora del CNI, Esperanza Casteleiro y su predecesora en el cargo, Paz Esteban, han negado haber espiado al abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, y al exeurodiputado Jordi Solé. Así lo han asegurado ante la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, Maria Coscollola, que investiga la presunta infección de los móviles del letrado y el parlamentario de ERC mediante el programa Pegasus. Ambas han comparecido desde Madrid a través de videoconferencia. La actual jefa de la inteligencia española lo ha hecho en condición de testigo y su antecesora como investigada. El discurso de ambas ha sido parecido. Han asegurado que sólo podían referirse a la información que ha sido desclasificada por el Consejo de Ministros y han rechazado que el CNI hubiera realizado “ningún tipo de actuación” sobre Van den Eynde o Solé.
Una evaluación experta del teléfono de Van den Eynde reveló que su dispositivo se vio comprometido el 14 de mayo de 2020, en un período en que el letrado se encontraba “coordinando diferentes estrategias jurídicas de múltiples clientes, tanto particulares como de oficio, incluyendo también clientes vinculados a ERC” y “tuvo reuniones con otros abogados para coordinar estrategias de defensa, singularmente las que estaban relacionadas con distintos líderes políticos relacionados con el procés”.
Un informe de expertos señaló que el teléfono del letrado de Junqueras fue confiscado mientras organizaba las estrategias legales para los principales dirigentes del procés.
El juzgado de instrucción 24 de Barcelona está examinando a Esteban y a otros tres ejecutivos del conglomerado empresarial israelí NSO Group, además de a la propia compañía como entidad legal, tras una directiva de la Audiencia de Barcelona. Este es el único proceso judicial que indaga en la actuación de la antigua directora del CNI y los líderes de la firma. Inicialmente, la magistrada solo pretendía investigar a los directivos de la empresa.
En el transcurso de su declaración, Esteban admitió tener conocimiento del informe de Citizen Lab que reveló el supuesto espionaje con Pegasus por parte del CNI, así como de un documento del Ministerio del Interior dirigido a Amnistía Internacional, el cual afirmaba que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil emplean ese programa en sus pesquisas. Esta marca la tercera ocasión en que Esteban, quien fue relevada de su cargo tras el revuelo por la vigilancia masiva del independentismo con Pegasus, comparece como investigada por los asaltos a dispositivos móviles mediante ese software malicioso. Actualmente, se encuentra bajo investigación en cinco expedientes judiciales.
