Vox ha emergido fortalecido de los comicios extremeños del 21 de diciembre, obteniendo un resultado que excede considerablemente sus previsiones. El partido liderado por Santiago Abascal ha incrementado su presencia en la Asamblea de cinco a once diputados, más que duplicando su número de escaños y logrando una doble meta estratégica. Por un lado, ha dado un paso más en su trayectoria de expansión continua; por otro, se ha posicionado como un socio indispensable para que el Partido Popular pueda constituir el Ejecutivo.
El crecimiento del partido de extrema derecha ocurre después de una campaña con poca presencia en el terreno, donde su aspirante, Óscar Fernández, hasta ahora con escasa notoriedad, eligió seguir la estela del liderazgo nacional. Este último se ha dedicado intensamente a la región durante las dos semanas de campaña, con apariciones continuas y un mensaje muy claro. La táctica ha sido presentar al PP y al PSOE como equivalentes debido a los supuestos casos de corrupción que involucran a ambas formaciones, y atribuirles la responsabilidad de las dificultades estructurales que padece Extremadura. Dicha estrategia de división ha resultado ser muy beneficiosa en términos electorales.
Con veinticuatro escaños, Vox ostenta ahora la capacidad crucial para la gobernanza. Y es plenamente consciente de esta situación. Desde esta coyuntura ventajosa, Abascal intentará forzar a María Guardiola —con la que los vínculos son sumamente tensos— a aceptar la totalidad de las propuestas defendidas por la extrema derecha, poniendo un énfasis particular en la negativa rotunda a la inmigración y en la resistencia a las directrices asociadas al Pacto Verde europeo, con el fin de influir en el venidero Gobierno autonómico desde el inicio.
Anoche, con los resultados definitivos, en Vox no descartaban ninguna posibilidad para la ronda de conversaciones que ahora comienza. Incluso se llegó a mencionar, aunque fuera como una táctica de tanteo, la opción de solicitar la dimisión de la propia Guardiola como muestra de poder y advertencia. El objetivo no es tanto que tal petición se concrete, sino más bien demostrar su influencia y dejar patente quién dirige las operaciones. El descontento de Vox hacia la líder popular es, según admitían fuentes del partido, “notable”.
Haber superado al PP y, de manera destacada, demostrar que la era de las mayorías absolutas ha concluido y que la derecha no puede actualmente dirigir sin el apoyo de la extrema derecha, constituye un pilar fundamental en la narrativa que Vox elabora. Por esta razón, el partido no muestra urgencia en comenzar —ni en finalizar— las conversaciones. Son conscientes de que el tiempo les beneficia y que la presión recae principalmente en la otra parte. El PP, y especialmente su máximo dirigente, Alberto Núñez Feijóo, “no pueden permitirse un bloqueo prolongado” teme que el PSOE se beneficie de esta situación para debilitar su propuesta de gobierno.
En Vox, al menos por el momento, sostienen la postura de no solicitar ninguna consejería dentro del futuro Ejecutivo extremeño. Sin embargo, esto no significa que renuncien a ejercer influencia. Entre sus demandas se incluyen la presidencia de la Asamblea, un incremento en el número de senadores autonómicos y una participación destacada en entidades públicas esenciales, como la radiotelevisión autonómica. “Desde fuera podemos ser mucho más duros y exigentes con el Ejecutivo de Guardiola que formando parte de él”, según indican ciertas fuentes.
Los acontecimientos en Extremadura, junto con las recientes acciones en la Comunidad Valenciana, refuerzan la percepción de Vox como una fuerza política en crecimiento con una influencia tangible en las directrices regionales. Esta tendencia es algo que el partido de extrema derecha buscará capitalizar en Aragón y Castilla y León, las siguientes etapas del calendario electoral que comenzó el 21 de diciembre y en el cual pretenden seguir presionando al Partido Popular, con la vista puesta en los comicios generales de 2027.
