Las Claves
- La ley de Eficiencia de la Justicia se activará en Madrid y Barcelona para transformar el sistema judicial español drásticamente.
- Los juzgados unipersonales desaparecerán para
El próximo ejercicio anual se vislumbra lleno de cambios para el entorno jurídico. Al llegar la medianoche del 31 de diciembre a las 00.00 horas se pondrá en marcha la ley de Eficiencia de la Justicia en localidades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Sevilla o Valladolid. El sistema de aplicar justicia evolucionará definitivamente y de un modo drástico.
Los tribunales de instancia ya se han puesto en marcha en pequeñas localidades
Asimismo, el Gobierno ha diseñado un bloque legislativo orientado a intensificar la reforma del sistema jurisdiccional español, tratando materias como la entrada a la carrera judicial, el refuerzo de las atribuciones de los fiscales, el soporte jurídico gratuito o la función de la acción popular en la justicia penal. Igualmente, se está debatiendo la coyuntura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, existe el riesgo de que tales propuestas no se materialicen por la ausencia de mayorías para el Ejecutivo en el Congreso.
Los magistrados estiman que la implantación de los tribunales de instancia resultará “inservible” si no cuenta con recursos económicos.
Normativa para la efectividad del aparato judicial
La legislación recibió luz verde al comenzar el ejercicio, contando con el respaldo de las formaciones del Gobierno y sus socios, implementándose gradualmente en localidades de menor tamaño durante el transcurso de 2025. Este reglamento reciente implica una transformación total en la estructura del sistema judicial. Los clásicos juzgados unipersonales, establecidos mediante una normativa de 1870, se extinguen definitivamente para ser reemplazados por los denominados tribunales de instancia.
Estas flamantes instancias jurisdiccionales funcionarán de modo similar a un gran despacho centralizado que se organizará en distintos departamentos –civil, penal, social, contencioso-administrativa, mercantil, violencia sobre la mujer o violencia contra la infancia y la adolescencia– y donde la totalidad de los magistrados y sus colaboradores desempeñarán sus funciones de forma coordinada.
Los juzgados desaparecerán para dar paso a los tribunales de instancia
El Gobierno promovió la modificación al estimar que esta estructura inédita reducirá los gastos del sistema judicial, ya que al momento en que un magistrado comience su trayectoria, no resultará preciso asignarle un despacho propio junto a su correspondiente secretario y personal administrativo, pues será suficiente con su incorporación al tribunal de instancia pertinente.
Bolaños afirma que la modificación legal ha acelerado el cumplimiento de los fallos judiciales y disminuido los litigios de carácter civil.
Sin embargo, el gremio no puede evitar recibir estas transformaciones con algo de recelo. El colectivo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado sus dudas e indicado que la reestructuración será “absolutamente inservible”, si no cuenta con el apoyo de una partida presupuestaria sólida. Desde la JJpD consideran que los futuros tribunales de instancia solo lograrán sus propósitos “si se incrementa la plantilla de jueces”.
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Asimismo, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) concuerda en que con dicha transformación “no desaparecerán la lentitud en el dictado de las resoluciones y la sobrecarga de trabajo de los actuales juzgados”. Según su parecer, “si no se pone dinero sobre la mesa”, se asume el peligro de haber modificado los rótulos y haber distanciado al juzgador del trámite, pero sin alcanzar un sistema de justicia eficaz”.
La evolución comunicada del CGPJ y el auxilio judicial gratuito.
Existe otra normativa en fase de desarrollo legislativo vinculada a la asistencia jurídica gratuita que busca extender el grupo de ciudadanos con derecho a solicitar un defensor de oficio. Asimismo, contempla que quienes sufran violencia sexual o de género dispongan de este beneficio legal incluso si sus ingresos sobrepasan los límites económicos establecidos. Este cambio normativo tampoco está exento de controversia. Ciertas asociaciones de juristas se oponen a la variación legal, pues estiman que no favorecerá a los colectivos más desprotegidos y que no asegura la retribución adecuada para los profesionales del turno de oficio. Además, el sistema judicial todavía afronta el reto de la largamente prometida reestructuración del CGPJ, tras un proceso de actualización que resultó sumamente conflictivo. Al lograrse un consenso en junio de 2024 para renovar la cúpula judicial, se acordó proponer una transformación del organismo. El sector conservador remitió un documento exigiendo que la elección de los magistrados recaiga directamente en ellos. Por su parte, el sector progresista defendió que las Cortes mantengan la potestad de designar a los aspirantes, aunque introduciendo ciertas variaciones. Actualmente, la cuestión se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Venecia.
Félix Bolaños, el titular de Justicia, ha intentado calmar las incertidumbres y temores de los jueces mediante una evaluación favorable sobre la implementación de la ley de Eficiencia en los lugares donde ya se aplica. De acuerdo con las cifras del Ministerio, esta modificación ha permitido acelerar el cumplimiento de los fallos judiciales entre un 30% y un 69%, disminuir las notificaciones pendientes en un 36% y bajar los litigios civiles un 31% por el uso de herramientas alternativas para resolver conflictos. Asimismo, desde el Ministerio se detalla que se han destinado 325 millones de euros de fondos europeos para activar este cambio legislativo en aquellas comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
El marco legal presente de Enjuiciamiento Criminal dispone que la etapa de instrucción se transfiera de la autoridad de los jueces a los fiscales.
Una normativa actual amplía y fortalece el recorrido judicial y fiscal.
Un polémico proyecto en el ámbito judicial que contempla el establecimiento de ayudas para aspirantes, el fomento de la equidad de posibilidades, la instauración del cuarto turno destinado a juristas de trayectoria destacada y a fiscales, promociones directas, la modificación de la Comisión de Ética Judicial y el veto a los fondos privados para agrupaciones de jueces. Según los detractores y los opositores a la iniciativa, incluyendo al mismo CGPJ, la reciente regulación facilitaría la “colonización” de los organismos de justicia por parte del Ejecutivo, mermaría la autonomía de la judicatura y destruiría el sistema de méritos. El texto legal se halla actualmente en fase de debate legislativo.
La administración pretende limitar la acción popular e impedir que se inicien procedimientos jurídicos basados en informaciones de la prensa.
Normativa concerniente a los procesos de índole penal.
Resulta igual de conflictiva la sugerencia que intenta transformar el enjuiciamiento criminal. El plan del Gobierno sugiere que la fase instructora se desplace de la judicatura a la fiscalía. Del mismo modo, busca blindar las prerrogativas de los imputados y fomentar juicios rápidos ante infracciones como la violación de domicilio. Los detractores de esta propuesta opinan que socavará la separación de poderes.
Normativa para el Aseguramiento y Salvaguarda de los Derechos Personales
Bautizada ley Begoña, por las agrupaciones de la derecha , aludiendo a la cónyuge del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la medida aspira a acotar la acción popular en los juicios penales y prevenir la apertura de investigaciones fundamentadas en reportajes de los medios. Sus detractores consideran que esta regla supone “un golpe al Estado de derecho” y un esfuerzo por “favorecer la impunidad”. Tal como sucede con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, esta propuesta sigue su curso legislativo en el Congreso.
