El Gobierno urge al PP y estima que la financiación se decida antes de la etapa estival.

El plan de remodelación del régimen de financiación autonómica que el jueves pactaron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y que ayer expuso con detalle la vicepresidenta María Jesús Montero, implica para el Gobierno el desarrollo de otro de los acuerdos de investidura de noviembre del 2023, en este supuesto, con ERC.

Sin embargo, representa uno de los “retos más complejos” que cualquier Gobierno puede encarar, según destacó Montero, ya que desata conflictos políticos y territoriales –justo en medio de un nuevo periodo electoral autonómico–, al que “no se atrevió” Mariano Rajoy ni siquiera con una mayoría absoluta.

Sánchez plantea ahora una propuesta de financiación distinta. Con el objetivo de garantizar la continuidad de la legislatura, pero fundamentalmente, siguiendo los razonamientos del Gobierno, para proteger el Estado de bienestar a través de la transferencia de casi 21.000 millones de euros extra para las comunidades en 2027, fecha prevista para que el nuevo sistema empiece a funcionar.

Sin embargo, resulta incierto si la normativa orgánica que regulará la modificación del esquema logrará finalmente materializarse. La hoja de ruta del Gobierno consiste en comunicar los detalles a las autonomías el miércoles que viene durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para luego plasmar el renovado mecanismo en un borrador legislativo que se presente ante el Consejo de Ministros dentro de unos dos meses. Después de un segundo análisis y el visto bueno final del Ejecutivo al texto, este se someterá a votación en un nuevo encuentro del CPFF –donde el respaldo del Gobierno y la Generalitat bastará para vencer la oposición del PP–, enviándose posteriormente al Congreso durante el actual ciclo parlamentario, previo al periodo estival.

El Ejecutivo centró nuevamente ayer su exigencia y toda la atención en el PP con el fin de sacar adelante el modelo inédito, aunque evitó mencionar la negativa de Junts. Montero criticó que, aun cuando el esquema financiero favorecerá a “la totalidad” de los territorios de régimen general, el PP insiste en “alimentar el agravio territorial como coartada política”. Todo ello a pesar de que Andalucía, bajo el mando de Juanma Moreno Bonilla –con quien la misma Montero competirá en los comicios regionales representando al PSOE–, encabezaría la lista de aumento de fondos, alcanzando los 4.846 millones de euros. Tras ella se ubicaría Catalunya (4.686), escoltada por otras dos regiones lideradas por el PP: Valencia (3.669) y Madrid (2.555).

“El 70% de los recursos que incorpora el sistema van a comunidades gobernadas por el PP”, recalcó Montero. “¿Van a decir que no por puro interés partidista y sectarismo político?”, requirió.

Dentro del Ejecutivo eluden cualquier reproche ante la negativa de Junts. No obstante, advierten: “Sería paradójico que votaran en contra con el PP y Vox”. Asimismo, ciertas facciones del PSOE se mantuvieron alerta: el mandatario de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigió comicios nacionales previo a que se materialice aquello que calificó como “atropello”.

Para el ejecutivo de Salvador Illa, por su parte, el pacto de financiación constituye “cumplir con la palabra dada”, tal como destacó el president en una comparecencia oficial desde el Palau de la Generalitat.

Illa dio por sentados “el trabajo” y “honrados los acuerdos” acerca de esta cuestión contemplados en el acuerdo de investidura con ERC, grupo con el que los socialistas han consolidado un nexo “estable” y “de confianza”, incluso previamente a las pasadas elecciones catalanas, en su fase como jefe de la oposición. Sin embargo, lo anunciado ayer no asegura el triunfo de las ansiadas cuentas catalanas –en prórroga desde hace tres años–, que constituirían las primeras del ciclo político, vitales para afianzar la presidencia de Illa hasta el 2028.

Aguardando desatascar el resultado fundamental que reclama Junqueras para garantizar el cobro del IRPF –ERC estima que la normativa que presentó sobre esto se procese al concluir febrero–, el president juzga consolidado mediante este pacto el objetivo político que planteó en las elecciones: “Sustituir la confrontación por la colaboración”. Una tarea con la cual sus socios (ERC y Comuns) manifiestan su implicación.

Esta es la disposición que Illa ha exhibido ante el territorio nacional durante su ejercicio inicial y que ayer subrayó otra vez en su alocución, empleando también el castellano, al sostener que para el consenso “nos ha guiado una convicción: implicarnos a fondo para contribuir a la prosperidad de una España plural y solidaria”. Un aviso que establece una separación frente a los deseos soberanistas de unos y la catalanofobia que detecta en otros.

El pacto igualmente confirma que el entorno de Junqueras se inclina por pactos amplios para “ganar soberanía” y, en la medida de sus posibilidades, abogan por la estabilidad del mandato español. En realidad, afirman desear cuentas públicas, tanto en Catalunya como en España y, pese a sostener que todavía no existen los requisitos para entablar diálogos, esperan que se defina próximamente un cronograma y una voluntad política sobre el cobro del IRPF. Se trata del avance necesario para discutir las finanzas. No obstante, bajo este enfoque realista no establecen fechas límite: “No nos gusta poner líneas rojas ni ultimátums porque no sirven”, manifestó ayer Junqueras.

El entendimiento del PSC con ERC y Comuns difiere de la relación con las demás formaciones de la cámara catalana. Los consellers Albert Dalmau y Alícia Romero convocaron ayer en Palau a las distintas facciones para detallar el pacto. El PP, Vox y Aliança declinaron asistir a la reunión.