Álvaro García Ortiz va poco a poco recuperando la normalidad de su carrera, tras su abrupta salida del puesto como fiscal general del Estado, en cumplimiento de la condena del Tribunal Supremo que le impedía seguir en el puesto durante dos años al considerarlo penalmente responsable de un delito de revelación de datos reservados.
Cuando el 9 de diciembre se hizo efectiva la sentencia, García Ortiz dimitió de su cargo. Desde entonces, se estaba valorando cuál sería su nuevo destino. Finalmente se ha incorporado como fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, donde a partir de ahora ejercerá sus funciones dentro de la carrera fiscal.
La inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado debía revisar si al estar condenado el Estatuto que regula la carrera fiscal le obligaba a quedar apartado para ejercer como representante del ministerio público. Su sustituta, Teresa Peramato, persona de confianza del propio García, debía tomar en base esa decisión y determinar cómo afecta la condena a su labor en la carrera fiscal. Por ahora se desconoce su postura, aunque García se ha incorporado sin contratiempos.
Dos asociaciones acusan al Colegio de Madrid “de falta de neutralidad política” por acusar a García
Fuentes fiscales aseguran que la propia sentencia del Supremo solo le condenó a inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general y por tanto consideran que sería excesivo que sea expulsado de la carrera.
García Ortiz fue condenado por el alto tribunal por revelar datos reservados sobre las negociaciones entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía para llegar a un pacto de conformidad por dos delitos de fraude fiscal por los que había sido denunciado y así evitar el juicio.
La Sala concluyó que García Ortiz filtró a un periodista los correos entre el abogado del empresario y el fiscal encargado del caso y después ordenó recoger los detalles de tales contactos en una nota de prensa rompiendo con el deber de reserva.
La sentencia del Supremo solo le condenó a inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general
Fue el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) el que promovió la denuncia contra la Fiscalía tras conocer que se habían hecho públicos los contactos de un abogado para negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Precisamente, la actuación de la ICAM ha sido puesta en entredicho por algunas asociaciones formadas por abogados que pertenecen a este colegio. Ayer mismo, Adade y Defiéndete en Derecho emitieron un comunicado acusando al colegio que dirige Eugenio Ribón de estar “sumiso a intereses políticos partidistas”. Acusaron al colegio de “falta de neutralidad política” y de mostrar un “insólito apoyo” a un particular –en referencia a González Amador– “que habiendo reconocido sus deudas con Hacienda está procesado”.
Por eso reclaman a su presidente que vuelva a los cauces de la debida neutralidad y la defensa de los intereses profesionales de los abogados y exigen que se les entregue el expediente completo que llevó a la personación como acusación del ICAM contra el fiscal general para convocar una asamblea extraordinaria y debatir sobre esta actuación del colegio.
