El balance del PP tras la regularización masiva: “España vive una situación migratoria sin precedentes”

El PP desarrolló una propuesta migratoria de ámbito nacional que difundió en octubre, la cual incluía diez apartados destinados a regular la entrada de personas a España supeditándola a las demandas de la economía y a la posibilidad de inserción de los extranjeros. Pese a ello, Pedro Sánchez anunció hace unos días una regularización generalizada de más de medio millón de inmigrantes, provocando el malestar del PP: “España vive una situación migratoria sin precedentes”, ha declarado este viernes la vicesecretaria Alma Ezcurra. 

Ezcurra, encargado del departamento de asuntos migratorios en el PP, ha detallado diversas cifras mediante plataformas digitales con el fin de respaldar dicho planteamiento. Específicamente, ha manifestado que, desde que Sánchez asumió el mando en el Gobierno hace siete años, han arribado a España 2,5 millones de extranjeros, de los que 1,6 millones han ingresado desde el 1 de enero de 2022 (esto es, durante el trienio más reciente). 

En realidad, Ezcurra ha ido más allá al indicar que, durante el año 2000, apenas el 2,28% de los habitantes poseía nacionalidad de otro país, en tanto que, para 2025, dicha cifra llega al 14,4%. “El 20% de la población española es ya de origen extranjero. En 2017 había 107.000 inmigrantes irregulares en España. Hoy son 840.000. Desde que gobierna Sánchez, la irregularidad se ha disparado un 685%”, ha puntualizado Ezcurra. “Es un cambio demográfico de enorme magnitud: España no es la misma y las políticas no pueden seguir siendo las mismas”, ha complementado. 

Bajo esta perspectiva, tanto Ezcurra como el PP subrayan la repercusión de las políticas migratorias que el Gobierno está implementando. En primera instancia, se encuentra este proceso de regularización que facilitará que más de medio millón de individuos obtengan la residencia legal en España, si bien deberán aguardar un periodo de diez años para conseguir la ciudadanía. Asimismo, destaca la Ley de Nietos, mediante la cual descendientes directos de españoles pueden tramitar la nacionalidad española, trámite que han iniciado cerca de 2,4 millones de personas, pese a que aún se desconoce el volumen total de peticiones que se resolverán. 

Bajo esta perspectiva, Ezcurra y el PP alertan sobre dos clases de repercusiones significativas para España. Por una parte, el padrón demográfico y los registros de votantes, que podrían verse modificados a “medio plazo”; y, asimismo, la exigencia hacia las prestaciones estatales y la eventual amenaza a la protección de España. 

El mismo Feijóo alertó recientemente sobre las consecuencias que las políticas de migración de Sánchez podrían generar en el padrón electoral. En la actualidad, quienes obtengan la ciudadanía de forma inmediata tendrán derecho al voto; por su parte, aquellos que se regularicen tendrán que residir un lapso determinado en España antes de adquirir la nacionalidad y ejercer el sufragio. El volumen de habitantes registrados crecerá gracias a la incorporación de ambos grupos, tanto los nacionalizados como los regularizados. 

Sin embargo, quienes se han regularizado tendrán que aguardar antes de integrarse en el padrón de votantes. Por este motivo, Ezcurra ha buscado aclarar este viernes durante una charla en Radio Nacional el potencial influjo electoral de la población inmigrante: según su opinión, no se verán consecuencias de forma inmediata, aunque sí ocurrirá en el “medio plazo”. De este modo, ha señalado que aquellos ciudadanos regularizados que provienen de Iberoamérica, de Filipinas o de Guinea Ecuatorial tendrán la posibilidad de tramitar la ciudadanía española en “solo dos años, lo que les va a permitir participar en todas las elecciones”.

Respecto a la exigencia en las prestaciones públicas, Ezcurra ha afirmado que la totalidad de los ciudadanos de España costearán las “consecuencias”: “Más presión sobre la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales, sin recursos adicionales ni planificación previa”. 

El PP opina que la regularización de Sánchez modifica el registro electoral a “medio plazo”

Oposición absoluta del PP hacia la estrategia de migración del Ejecutivo. Las recientes medidas adoptadas por Pedro Sánchez han encontrado la negativa tajante de un PP que estima que España atraviesa una “situación migratoria sin precedentes” que presiona las prestaciones públicas y podría modificar en “medio plazo” el padrón electoral. 

De esta forma, los populares, que defienden la gestión de los movimientos migratorios hacia España para ajustarlos a los requerimientos económicos y la aptitud de inserción de los extranjeros, han rechazado tajantemente la reciente iniciativa de Sánchez para la legalización a gran escala de más de medio millón de ciudadanos.

Ezcurra, encargado del departamento de asuntos migratorios en el PP, ha detallado diversas cifras mediante plataformas digitales con el fin de respaldar dicho planteamiento. Específicamente, ha manifestado que, desde que Sánchez asumió el mando en el Gobierno hace siete años, han arribado a España 2,5 millones de extranjeros, de los que 1,6 millones han ingresado desde el 1 de enero de 2022 (esto es, durante el trienio más reciente).

En realidad, Ezcurra ha ido más allá al indicar que, durante el año 2000, apenas el 2,28% de los habitantes poseía nacionalidad de otro país, en tanto que, para 2025, dicha cifra llega al 14,4%. “El 20% de la población española es ya de origen extranjero. En 2017 había 107.000 inmigrantes irregulares en España. Hoy son 840.000. Desde que gobierna Sánchez, la irregularidad se ha disparado un 685%”, ha puntualizado Ezcurra. “Es un cambio demográfico de enorme magnitud: España no es la misma y las políticas no pueden seguir siendo las mismas”, ha complementado.

Bajo esta perspectiva, tanto Ezcurra como el PP subrayan la repercusión de las políticas migratorias que el Gobierno está implementando. En primera instancia, se encuentra este proceso de regularización que facilitará que más de medio millón de individuos obtengan la residencia legal en España, si bien deberán aguardar un periodo de diez años para conseguir la ciudadanía. Asimismo, destaca la Ley de Nietos, mediante la cual descendientes directos de españoles pueden tramitar la nacionalidad española, trámite que han iniciado cerca de 2,4 millones de personas, pese a que aún se desconoce el volumen total de peticiones que se resolverán.

Bajo esta perspectiva, Ezcurra y el PP alertan sobre dos clases de repercusiones significativas para España. Por una parte, el padrón demográfico y los registros de votantes, que podrían verse modificados a “medio plazo”; y, asimismo, la exigencia hacia las prestaciones estatales y la eventual amenaza a la protección de España.

El mismo Feijóo alertó recientemente sobre las consecuencias que las políticas de migración de Sánchez podrían generar en el padrón electoral. En la actualidad, quienes obtengan la ciudadanía de forma inmediata tendrán derecho al voto; por su parte, aquellos que se regularicen tendrán que residir un lapso determinado en España antes de adquirir la nacionalidad y ejercer el sufragio. El volumen de habitantes registrados crecerá gracias a la incorporación de ambos grupos, tanto los nacionalizados como los regularizados.

Sin embargo, quienes se regularicen tendrán que aguardar antes de integrarse en el padrón de votantes. Por este motivo, Ezcurra ha buscado aclarar este viernes durante una charla en Radio Nacional las consecuencias electorales de la inmigración: según su opinión, no se verán repercusiones inmediatas, aunque sí ocurrirá en el “medio plazo”. De esta forma, señaló que aquellos ciudadanos regularizados que provengan de Iberoamérica, de Filipinas o de Guinea Ecuatorial podrán tramitar la ciudadanía de España en “solo dos años, lo que les va a permitir participar en todas las elecciones”.

Respecto a la exigencia en las prestaciones públicas, Ezcurra ha afirmado que la totalidad de los ciudadanos de España costearán las “consecuencias”: “Más presión sobre la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales, sin recursos adicionales ni planificación previa”.