La pareja de Ayuso usa el fallo contra García Ortiz
Fraude a Hacienda
Alberto González Amador solicita el sobreseimiento de su proceso legal por infracciones fiscales y exige su exoneración en su escrito de defensa.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
El inversor Alberto González Amador, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utiliza la sentencia contra el antiguo fiscal general del Estado Ávalo García Ortiz por difundir información privada suya para intentar anular el procedimiento judicial donde se le atribuyen dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
En su documento de defensa, el abogado de González Amador argumenta que la revelación del antiguo fiscal general sobre su pretensión de concretar un acuerdo con la Fiscalía para admitir el ilícito a cambio de una condena reducida lo ha ubicado en una situación de proceso desigual ante el magistrado encargado de juzgarlo.
La causa que estamos tratando representa, desde su origen y a lo largo de toda su evolución, lo opuesto a un juicio penal equitativo dentro de un Estado Constitucional, democrático y de Derecho, y, específicamente, la degradación de todos los instrumentos que aseguran la legalidad (como manifestación contraria a la arbitrariedad) disponibles, llegando a ser reemplazados por la criminalidad, algo que nunca se ha visto ni en España ni en cualquier otro Estado democrático de derecho digno de ese nombre, indica el texto.
El letrado sitúa a González Amador como una víctima y sostiene que se ha mermado su presunción de inocencia y sus derechos a una defensa. El empresario fue inspeccionado por la Agencia Tributaria al detectar que su empresa había dado un pelotazo millonario en los ejercicios 2020 y 2021 y por lo que había pagado impuestos muy por debajo de lo que le correspondía. El fisco cifra en 350.000 euros la cantidad defraudada.
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La pareja de la presidente madrileña se enfrenta en este caso a la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de penas de tres años y nueve meses de cárcel y una multa de 448.927 euros por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
“Este procedimiento penal fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del Fiscal General del Estado”, esto es, que “el máximo defensor y garante” de la legalidad y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó “en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales” de González Amador.
El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento de González Amador en esta causa junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.