UDEF investiga nexos en Francia
Corrupción
Miembros de la Policía se desplazan a la capital francesa para recolectar datos acerca de la intrincada red internacional de lavado de activos que sitúa a la compañía en el foco de la investigación.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en su comparecencia en el Senado
La unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está recabando información en Francia sobre la compleja red transnacional de blanqueo de capitales que se habría creado entre ciudadanos venezolanos, franceses y españoles y que tiene a la compañía Plus Ultra en el epicentro de la trama.
Según fuentes de la investigación, agentes encargados de las pesquisas habrían acudido recientemente a París, donde se encuentra el Parquet National Financier (PNF), la Fiscalía de delitos económicos, para recabar información que disponen sobre algunos implicados en la red que habría utilizado el rescate de la aerolínea Plus Ultra para blanquear dinero procedente de la corrupción venezolana. Para ocultar el origen de los fondos se habría utilizado una serie de empresas que habrían ido transfiriendo el dinero de un sitio a otro, pasando, entre otros lugares, por Francia, además de Emiratos Árabes o Panamá.
El PP, aprovechando su hegemonía en el Senado, ha convocado para mañana a Zapatero, tras haber procedido de igual forma con los directivos.
Desde el 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF siguen el rastro de esta red de blanqueo. La postura del juzgado indica que el Gobierno español facilitó en el 2021 una financiación de auxilio a Plus Ultra de 53 millones de euros, la cual Julio Martínez Sola, presidente de la entidad, habría destinado a cancelar un crédito con tres firmas de la banda criminal relacionadas con transacciones de oro. El pacto que la aerolínea habría establecido con esos negocios ampararía, según las indagaciones, los pagos realizados por Plus Ultra. Dicha acción se ejecutaría “en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”, conforme se detalla en un dictamen judicial.
Según las pesquisas policiales, aquel préstamo salió de empresas enriquecidas con dinero proveniente de la corrupción venezolana, concretamente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela, a través de fondos públicos de programas de distribución de alimentos y de ventas de oro del Banco de Venezuela.
Las autoridades de Francia ya habían advertido actividades dudosas, motivo por el cual la PNF inició su propia indagación. Esta entidad jurídica de carácter específico se encarga de procesar crímenes financieros y económicos muy sofisticados, tales como la evasión de impuestos, el lavado de dinero y el cohecho.
De hecho, fue la PNF la que alertó a España de esta operativa, a través de la cooperación internacional. En el marco de su investigación, había pedido a las autoridades judiciales españolas que colaborasen para llevar a cabo entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid y Tenerife, vinculados a las personas que presuntamente dirigen y colaboran con la red de blanqueo investigada.
La justicia sostiene que la empresa pagó
Los investigadores tratan de atar el máximo número de indicios para demostrar que se trata de una red internacional de blanqueo. La jueza de Madrid que lo investiga, Esperanza Collazos, ya tiene claro que la complejidad del caso ha llegado a un punto que debe ser investigado por la Audiencia Nacional.
Asimismo, en los últimos meses, un sector de las pesquisas se ha orientado hacia un hombre de negocios, Julio Martínez, quien mantiene nexos comerciales con las hijas del antiguo jefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.
La magistrada considera evidente que lo intrincado del proceso ha alcanzado un nivel que requiere ser remitido a la Audiencia Nacional.
La causa actualmente se encuentra bajo secreto de sumario así que se desconoce hasta donde han llegado los investigadores sobre tales nexos. No obstante, desde hace meses, la oposición está haciendo ruido para intentar vincular a Rodríguez Zapatero en esta trama de corrupción. De ahí que el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, se está valiendo de la comisión de investigación del caso Koldo para arrastrar hasta allí a comparecientes presuntamente implicados en la trama, pese a que de sus intervenciones pocas revelaciones se esperan.
El magistrado analiza su jurisdicción
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama –en sustitución de Ismael Moreno– debe estudiar las diligencias practicadas por la juez de Madrid Esperanza Collazos y decidir si la causa es competencia de este órgano judicial. El pasado viernes la instructora que ha llevado desde el 2024 la investigación decidió remitirla a la Audiencia Nacional por la complejidad que estaba adquiriendo y las ramificaciones que se estaban certificando en el extranjero. Al inicio de la investigación, cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella por el presunto blanqueo de capitales a través del rescate, la Audiencia Nacional ya rechazó que el asunto tuviese la entidad suficiente para ser competencia de este órgano judicial.
A lo largo de esta semana, el máximo directivo de la aerolínea, Julio Martínez Sola, bajo investigación judicial, declinó contestar a los senadores tras pronunciar un discurso inicial de poco más de cinco minutos donde argumentó que “no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en la subvención. El Senado decidió posponer la declaración del empresario Julio Martínez, programada para el jueves, ante la imposibilidad de encontrarlo. No obstante, se cuenta con la asistencia mañana de Rodríguez Zapatero, que ha sido citado a declarar en el marco de la campaña electoral de Castilla y León por el PP, partido que le vincula con presuntos contactos con los gestores de Plus Ultra investigados.
