El problema del emérito es por qué se fue
Con perspectiva
Como no teníamos de qué discutir, se ha abierto un debate público sobre si el rey Juan Carlos debería o no volver a España. Debate absurdo porque la decisión es personal, es suya. Nadie le pidió que se fuera y nadie debería pedirle que vuelva. Sé que gracias a su marcha el rey Felipe VI pudo recomponer la deteriorada imagen de la monarquía provocada por las actuaciones privadas del emérito. Es un dato incontestable, y en cierto modo la carta de despedida de Juan Carlos a su hijo con la que anunció su decisión venía a corroborar ese motivo, al explicar que pretendía con ello “contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones” y para favorecer “la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”. Su decisión era trasladarse a vivir fuera de España.
Esto es lo que nunca debió ocurrir, porque jamás debieron producirse los hechos que dieron lugar a esa decisión: la fortuna oculta, el supuesto cobro de comisiones nunca demostrado, la regularización fiscal que confirmaba que había defraudado a Hacienda. Pero su marcha de España no solucionaba el problema, su comportamiento. Se dijo entonces que el Gobierno le había señalado la puerta de salida, lo decía la derecha. Nunca se confirmó, aunque Pedro Sánchez consideró la decisión “adecuada” y “necesaria” y aseguró compartir la conveniencia de la medida.
El rey Juan Carlos, en contra de lo que dicen muchos o deja entrever él, no está exiliado
El rey Juan Carlos eligió para vivir Abu Dabi. En contra de lo que dicen muchos y deja entrever el emérito, no está exiliado. No ha habido una “separación forzosa o voluntaria” de su país, por razones políticas, persecución o amenazas, e implica, por lo tanto, la imposibilidad de regresar porque sería perseguido por la justicia. No es lo mismo ser un prófugo de la justicia, como Carles Puigdemont, que huyó al extranjero para no ser juzgado por un delito que había cometido, que verse obligado a huir porque la falta de derechos amenaza tu vida, que hacerlo para pagar menos impuestos.
El padre del Rey fue investigado en España por delitos que o no se pudieron demostrar o parecían confirmarse, pero la inviolabilidad que acompaña a su cargo, al ser cometidos cuando era monarca, o la prescripción, impidieron que se le juzgara por ellos. Una anomalía, pero legal. No entendí, cuando don Juan Carlos se vio libre de tener que responder ante la justicia, que muchos dijeran que ya podía regresar a España. ¿Significaba eso que si se le hubiera podido juzgar se hubiera convertido en un prófugo?
El caso es que el emérito no tiene causas pendientes, aunque su comportamiento haya sido todo menos ejemplar y haya empañado lo mucho que hizo de bueno en su reinado. Y llegó la desclasificación de los documentos sobre el 23-F, que según se dijo durante años consolidó al rey como tal. Alberto Núñez Feijóo abrió el debate con la conclusión de que, dado que la actuación del monarca durante el golpe era como sabíamos, eso le reivindica como rey. ¿Quién esperaba algo distinto? La extrema derecha y la extrema izquierda han alimentado durante años una posible implicación de Juan Carlos en el golpe, y seguro que seguirán haciéndolo. Pero la confirmación de su buen comportamiento no blanquea el proceder en su esfera privada. Si Juan Carlos decide volver a vivir en España es obvio que tendrá su residencia fiscal aquí. Es decir, deberá pagar a Hacienda por todo lo que tiene, sea cual sea su procedencia. No es una elección.
Si el rey emérito va a pasar en España medio año, 183 días, su residencia fiscal estará aquí. Si no, seguirá viviendo fuera y viniendo de visita, con ese límite, sin pagar tributos en este país. Eso sí, su actitud seguirá siendo no apropiada para quien ha sido rey y ha dejado de aplicar el consejo que durante mucho tiempo dijo que era la guía de su reinado, que el trono no está asegurado, hay que ganárselo todos los días. Él verá qué le compensa más.
