Las mutualidades alternativas han sido, durante décadas, una vía legítima y valiosa para que muchos profesionales colegiados pudieran asegurar su protección social mediante un sistema alternativo a la Seguridad Social. Abogados, médicos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales autónomos han encontrado en estas entidades privadas sin ánimo de lucro una forma de cotizar, ahorrar y planificar su jubilación con autonomía conforme a la naturaleza de su profesión. Surgieron en un contexto en el que el Estado no ofrecía cobertura suficiente para los trabajadores por cuenta propia, y los colegios profesionales respondieron creando estructuras propias que garantizasen prestaciones como la jubilación, la incapacidad o la viudedad.
A diferencia del sistema público de reparto, donde las cotizaciones actuales financian las pensiones actuales, las mutualidades se basan en un modelo de capitalización individual. Cada profesional aporta una cantidad mensual, ese dinero se invierte y genera rendimientos, y al llegar la jubilación, se recibe una pensión proporcional al capital acumulado. No hay redistribución entre generaciones, lo que implica que la pensión depende exclusivamente del esfuerzo individual. A mayor capital aportado, mayor pensión. A menor capital, menor pensión.
El anuncio del Gobierno de que, a partir de 2027, todos los nuevos profesionales deberán cotizar obligatoriamente al RETA elimina la posibilidad de elegir una mutualidad como única vía de cotización
Sin embargo, este modelo está en riesgo. El anuncio del Gobierno de que, a partir de 2027, todos los nuevos profesionales deberán cotizar obligatoriamente al RETA elimina la posibilidad de elegir una mutualidad como única vía de cotización. Esta decisión, aunque pueda tener justificaciones desde el punto de vista de la homogeneidad del sistema, plantea serios problemas. El primero es la pérdida de libertad de elección derivada de la naturaleza de una profesión liberal o actividad por cuenta propia. Muchos profesionales valoran la flexibilidad y autonomía que ofrecen las mutualidades, y obligarles a integrarse en el sistema público puede percibirse como una imposición injusta, atendiendo a las consecuencias que puede tener para el ejercicio de su actividad profesional.
El segundo problema es más profundo y menos visible, pero no por ello menos grave. Si no se corrige el rumbo, podríamos llegar a una situación en la que profesionales que han cotizado durante décadas al RETA, aportando cantidades significativas y soportando cargas fiscales elevadas, acaben percibiendo pensiones similares a las de mutualistas que han contribuido con cuotas mucho más bajas. Esta equiparación, lejos de ser equitativa, supone una injusticia estructural que desincentiva el esfuerzo contributivo y erosiona la confianza en el sistema. No se trata de penalizar a quienes optaron por una mutualidad, sino de evitar que el sistema público acabe premiando, por omisión, trayectorias menos exigentes en términos de aportación.
Los colectivos, como los abogados, han usado las mutualidades alternativas.
Una solución razonable sería permitir una pasarela voluntaria al RETA, para determinados casos, en los que ya no hay posibilidad de enmienda. Esta vía permitiría proteger los derechos adquiridos sin romper el equilibrio del sistema público. Además, mantendría opciones válidas para situaciones profesionales que requieren flexibilidad, como la de médicos que trabajan en el sistema público y, al mismo tiempo, mantienen consultas privadas, o la de los ingenieros técnicos que desarrollan proyectos por cuenta propia de forma parcial o complementaria a un empleo asalariado. En resumen, se protegería la multiactividad, propia del ejercicio de la actividad de ciertos profesionales, y sería beneficioso para la hacienda pública, por el mantenimiento de actividad de dichos profesionales. También beneficiaría a jóvenes profesionales que inician su actividad con ingresos modestos, a quienes la mutualidad les ofrece una entrada más accesible al sistema de previsión social. En definitiva, se trata de preservar la diversidad de trayectorias sin sacrificar la equidad ni la sostenibilidad.