La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a ocupar el centro del debate nacional. Nuestro modelo de reparto ha sido, durante décadas, uno de los grandes pilares del Estado del Bienestar. Pero los cambios en el mercado laboral, el envejecimiento de la población y las transformaciones económicas obligan a pensar en un modelo reforzado, que mire más allá del primer pilar.
En ese horizonte, la previsión social complementaria no es una alternativa al sistema público, sino su mejor aliada. Aporta solidez, equilibra riesgos y diversifica las fuentes de protección. Así lo reconoció el Pacto de Toledo, cuya recomendación decimosexta insta a fortalecer los pilares complementarios. Sin embargo, a pesar del supuesto consenso político y técnico existente, los avances reales han sido escasos.
Durante más de 25 años, el Pacto de Toledo ha representado el marco de consenso que ha guiado las reformas del sistema de pensiones. En su última evaluación, en 2020, los grupos parlamentarios coincidieron en una idea fundamental: España debe promover planes de pensiones de empleo y dar estabilidad al sistema complementario. Desde entonces, se han dado algunos pasos, pero los resultados distan mucho de lo esperado. En 2021, el Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación la revisión del sistema complementario y, un año después, la Ley 12/2022 creó los planes simplificados y los fondos de promoción pública, destinados a autónomos, empleados públicos y convenios sectoriales. Sin embargo, los avances han sido limitados. Los autónomos han liderado la creación de planes simplificados, pero en la función pública siguen vigentes restricciones y, en el terreno sectorial, el plan pionero de la construcción no ha tenido continuidad.
La previsión social complementaria debería haber dado un salto adelante, pero se está desaprovechado una coyuntura histórica para consolidar el segundo pilar del sistema de pensiones
Y, sin embargo, las condiciones son inmejorables. España ha alcanzado cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, el desempleo se encuentra en mínimos de dos décadas, el salario mínimo ha crecido y la temporalidad ha descendido. Con este contexto favorable, la previsión social complementaria debería haber dado un salto adelante, pero se está desaprovechado una coyuntura histórica para consolidar el segundo pilar del sistema de pensiones.
Los bajos niveles de paro permiten pensar en una coyuntura mejor..
Ante la falta de avances significativos en el desarrollo de los pilares complementarios de nuestro modelo de previsión social, instituciones del mundo profesional y académico han ido tomando la iniciativa. En los últimos años, se han publicado tres documentos clave que trazan, de modo coincidente, una hoja de ruta coherente. Así, el Decálogo para la promoción de la previsión social complementaria del Instituto de Actuarios de España (2020), el Manifiesto a favor de una Estrategia Nacional de OCOPEN (2021) y el Manifiesto por un pacto político y social impulsado por el Observatorio (2022), son textos que no son declaraciones aisladas: conforman un itinerario sólido, que va del diagnóstico técnico a la propuesta de un gran acuerdo nacional para situar la previsión complementaria entre las prioridades sociales, económicas y laborales del país.
La experiencia europea refuerza este diagnóstico. En los principales países de nuestro entorno, los sistemas públicos fuertes conviven con pilares complementarios consolidados, impulsados por la negociación colectiva y por acuerdos estables entre administraciones, agentes sociales y profesionales. Ese es también el objetivo que se ha marcado el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, en colaboración con OCOPEN y el Instituto de Actuarios, es decir, ayudar a España a recorrer ese mismo camino. El mensaje es inequívoco: sin previsión complementaria, el sistema español seguirá siendo vulnerable ante los cambios demográficos y laborales. Con ella, se refuerza la suficiencia y sostenibilidad a largo plazo.
Si no se actúa ahora, dentro de diez años seguiremos repitiendo las mismas advertencias de hoy. Ha llegado el momento de un gran pacto nacional que transforme las recomendaciones del Pacto de Toledo en acciones concretas. Ese pacto debería reforzar el sistema público, pero al mismo tiempo impulsar decididamente los planes de empleo, implicar a sindicatos y patronales en todos los niveles de negociación, garantizar la estabilidad normativa y asegurar que los planes complementarios sean inclusivos, no privilegios reservados a unos pocos. Además, debe orientarse a canalizar el ahorro hacia la economía productiva, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país y del proyecto europeo, como se señala en los informes Letta y Draghi.
La previsión social complementaria no es un lujo, sino una necesidad. Los diagnósticos están hechos, las propuestas existen y el consenso técnico es amplio. Falta la voluntad política y el compromiso colectivo para transformar esta oportunidad en una política de Estado. El futuro de las pensiones en España dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para construir un modelo de tres pilares sólido, equilibrado y duradero. Es hora de pasar del diagnóstico al compromiso, y del compromiso a la acción.