El Instituto Santalucía y Fedea conmemoran los 30 años del Pacto de Toledo

El Instituto Santalucía y Fedea han conmemorado el Pacto de Toledo que cumple 30 años, con un análisis de sus logros y las perspectivas de su evolución. El consenso planeó en la jornada como un elemento imprescindible para mantener el sistema público de pensiones. El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, cerró el acto con un mensaje de optimismo por la necesidad de seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones.

Borja Suárez señaló que “conmemorar treinta años del pacto de Toledo es un acontecimiento que debe alentar al optimismo, ya que es la mejor garantía de que las reformas que vengan en el futuro vayan a preservar las cuatro dimensiones de sostenibilidad del sistema: la dimensión social, la dimensión financiera, la sostenibilidad jurídica de las reformas y la política”.

En la jornada conmemorativa se presentó el informe elaborado por Octavio Granado para el Instituto Santalucía y Fedea sobre el Pacto de Toledo en su 30 aniversario: La singularidad de una institución española. Y también se presentó el análisis de Miguel Ángel García Díaz sobre Lo que fue y lo que es, el Pacto de Toledo.

Voz de alarma

El análisis de un experto pone encima de la mesa que el acuerdo histórico que permitió caminar en común y dar estabilidad a las pensiones sufre ahora pérdida de utilidad

El informe de Octavio Granado analiza los orígenes, evolución y relevancia del Pacto de Toledo desde su creación en 1995, subrayando su papel como “una rara avis de la política española”, capaz de generar estabilidad y continuidad en materia de pensiones a lo largo de tres décadas, pese a los recurrentes cambios de gobierno y coyunturas económicas.

El trabajo sostiene que el Pacto de Toledo constituye una singularidad institucional en España, por su capacidad de supervivencia y de mantener un enfoque técnico y estable frente a los vaivenes partidistas. Granado apunta que, a diferencia de otras políticas públicas como la educativa o la sanitaria, las decisiones sobre pensiones han mantenido una “falta de solución de continuidad”, lo que ha contribuido a su solidez y legitimidad social.

Por otra parte, el informe de García Díaz repasa el origen, desarrollo y situación actual de este mecanismo de consenso político y social sobre el sistema público de pensiones, que marcó un antes y un después en la definición de la política social española. En su opinión, “las últimas decisiones del Pacto de Toledo evidencian la pérdida de utilidad de un instrumento que, en origen, nació para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar su utilización partidista”. En la actualidad, añade que “parece haberse convertido en una suerte de subasta política en la que se compite por ofrecer más a los pensionistas sin una evaluación rigurosa de los costes ni de su distribución intergeneracional”.

Durante las mesas redondas, los expertos coincidieron en señalar la necesidad de preservar el espíritu del Pacto de Toledo como base para afrontar los nuevos desafíos del sistema: el envejecimiento demográfico, la evolución del mercado laboral, la sostenibilidad financiera y la suficiencia de las pensiones. Entre los temas abordados destacaron la importancia de fortalecer la previsión social complementaria, la adaptación del sistema a nuevas formas de empleo y la equidad intergeneracional.

Los participantes a las mesas redondas fueron por un lado Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research; y Pilar González de Frutos, expresidenta de UNESPA; y José Antonio Herce, Doctor (UCM) y Master of Arts en Economía y socio fundador de LoRIS, y en la segunda mesa debatieron José Ignacio Conde-Ruiz, presidente del Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA y subdirector de FEDEA; Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración; y Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales.