A Vigo se llega por carretera cruzando uno de los gigantescos puentes que atraviesa la ría que lleva el mismo nombre que la ciudad. Es allí, en la urbe con el más importante puerto marítimo de Galicia, donde se han cometido algunos de los crímenes más complejos de cuantos siguen sin resolverse hoy en España. Uno de ellos es el del empleado de una gestoría, Manuel Salgado Fernández, de 56 años, que murió por dos disparos en la cabeza recibidos al bajar del coche en un aparcamiento subterráneo de la viguesa calle de Rosalía de Castro.
El crimen se produjo el 2 de abril del 2004 sobre las 8.30 horas. Un testigo descubrió a la víctima, todavía viva pero herida mortalmente, en el suelo, junto al coche con el que había llegado al aparcamiento. La enorme mancha de sangre que lentamente crecía anticipaba un desenlace fatal. Los equipos del 061 hicieron todo lo posible por salvarlo, pero no hubo nada que hacer. Al iniciarse las investigaciones se descubrió que Salgado había sido víctima en el pasado de una serie de conspiraciones en su entorno personal vinculadas con sus bienes, unos 600 millones de las antiguas pesetas, según la policía, que al parecer él trataba de recuperar después de una traumática separación matrimonial cuando fue asesinado. El fallecido había sido propietario del colegio LAR de Vigo.
El aparcamiento era de fácil acceso y Salgado solía seguir una misma rutina. Acudía de casa al trabajo en coche. El vehículo, un Seat Córdoba, se lo prestaba un sobrino porque la víctima se había quedado sin el suyo como consecuencia de su ruptura sentimental. La plaza del parking también era de prestado. Un amigo se la había cedido para que a Salgado le resultara más cómodo y fácil llegarse hasta la gestoría en la que trabajaba.
Los análisis balísticos demostraron que el arma utilizada era de pequeño calibre, el 22, que el asesino se acercó bastante a su objetivo y que conocía sus costumbres. El análisis del proyectil, que quedó alojado en la zona occipital izquierda, no arrojó demasiados datos relevantes, pero sí la biografía del fallecido.
Se averiguó que, en el 2001, Salgado había ejercido la acusación particular contra su ex mujer - actual responsable del centro educativo antes citado- porque ésta había contratado a un detective que le espió ilegalmente, al proceder a intervenciones telefónicas no autorizadas.
Tanto la esposa como el detective privado fueron condenados por tales hechos, que se remontan a 1996, cuando la mujer del fallecido, creyendo infiel a su marido, según declaró en el juicio, decidió contratar los servicios de un detective privado con despacho en Pontevedra, que se extralimitó y que llegó a ser condenado a nueve años de prisión.
El citado detective se encontraba en Brasil en el momento en que se produjo el crimen, pero regresó. El Tribunal Supremo, tras un recurso que interpuso el investigador, confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra por las escuchas ilegales y se ordenó su ingreso en la prisión de A Lama.
Entonces, las sospechas policiales se centraron en la ex mujer de Salgado y el que era su compañero sentimental, contra quien la víctima había interpuesto algunas denuncias por amenazas. Las órdenes de arresto no se hicieron esperar. La que fue esposa de la víctima fue citada por la policía y tras declarar, según explicó la prensa local, que era propietaria de una pistola, decidieron interrogarla en profundidad. Después hicieron lo mismo con su novio.
Fueron sometidos a intensas sesiones de preguntas, pero nada. Afirmaron en todo momento su inocencia. Finalmente, el juzgado de instrucción los puso en libertad por falta de pruebas. La policía había estado llevando a cabo intensas entradas y registros en varios inmuebles contrar reloj, pero no había conseguido nada. La pareja detenida tenía coartada: no pudieron estar en el aparcamiento subterráneo en el momento en que se produjo el crimen.
Había que volver a empezar. Desandar lo andado e iniciar de nuevo el proceso de investigación. La familia de Salgado afirmó entonces con rotundidad que el fallecido había sido sin ningún género de dudas víctima de una venganza. Sin embargo, en la actualidad los parientes de este antiguo empleado de banca se mantienen en un segundo plano. Fuentes conocedoras del caso aseguran que tienen miedo porque los mismos que hicieron matar a Salgado podrían ordenar lo mismo con ellos como objetivo.
Dichas fuentes explicaron que alguno de los sobrinos del fallecido está acabando de dirimir en los tribunales ciertas desavenencias económicas que el hombre asesinado en el aparcamiento de la calle Rosalía de Castro tenía con su ex mujer. Parece que el silencio de la familia Salgado se mantendrá mientras estos litigios sigan abiertos.
Investigadores de elite de homicidios están convencidos de que el crimen fue "un asesinato teledirigido". "Le estaban esperando y fueron por él", afirma el inspector jefe Pablo Peira, de la unidad central de homicidios y desaparecidos. No se puede descartar que lo matara un asesino a sueldo, y también pudo ser directamente aquel que deseaba su muerte el autor material de los disparos.
Los familiares de Manuel Salgado fueron de los primeros en promover la Asociación de Apoyo a las Víctimas y Familiares de Delitos Violentos (Avidev), pionera en España junto con otra de la comunidad de Navarra en la lucha por los derechos de este tipo de víctimas.