Un hospital privado de Málaga ha sido condenado a indemnizar con 173.599 euros a un paciente que se sometió a una cirugía ocular para acabar con su miopía. El hombre, de 54 años, se sometió voluntariamente a ella para no tener que usar gafas ni lentillas, pero tras la operación comenzó a perder la visión. Así se desprende de la información publicada por el Diario Sur.
Las secuelas de esta cirugía fueron tan graves que en marzo de 2017 el paciente obtuvo el grado de gran invalidez. La Audiencia Provincial de Málaga ha llegado a la conclusión de que existió negligencia médica, por lo que ha condenado al hospital donde el paciente fue intervenido.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso el citado medio, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial sostiene que la entidad no llegó a informar sobre el posible riesgo de sufrir ectasia corneal (un tipo de trastorno producido por el adelgazamiento progresivo de la córnea) cuando informó al hombre sobre los peligros que podría conllevar esta intervención.
Según la sentencia
La justicia ha concluido que hubo negligencia médica y que no se explicaron adecuadamente los riesgos de la operación
La víctima ya había pasado por quirófano en julio del año 2000. Sin embargo, todavía tenía miopía residual, así que decidió someterse a una segunda cirugía en noviembre del mismo año. Al principio todo apuntaba a que había salido bien, pero años después comenzó a tener problemas de visión.
El hombre notó que perdía visión de forma alarmante, por lo que el centro le aconsejó acudir a otra clínica oftalmológica para que le indicaran el motivo de esta pérdida visual. En un informe de 2008, se relaciona la pérdida de agudeza visual bilateral con una posible ectasia corneal, pero no le dieron una solución en ese momento, asegura el citado medio.
El tribunal ha destacado que, en el momento de las intervenciones, el riesgo de ectasia corneal ya era conocido por los profesionales, por lo que se debería haber comunicado al paciente. Han señalado que el consentimiento informado no puede limitarse a mencionar riesgos generales, sino también las posibles complicaciones específicas del paciente en cuestión.
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Tras someterse a numerosas pruebas, la víctima llevó su caso ante los tribunales. Allí declaró que las secuelas que sufre son irreparables y en ningún momento le informaron sobre la posibilidad de sufrir esta patología. También lamentó que el hospital no hiciera un seguimiento adecuado para comprobar el resultado de su intervención.
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores ha expresado que “este caso pone en evidencia cómo la falta de información adecuada puede tener consecuencias devastadoras para los pacientes. Es fundamental que los profesionales médicos cumplan con su obligación legal y ética de informar de manera completa y comprensible sobre los riesgos inherentes a cualquier intervención médica. Solo así se protege el derecho del paciente a decidir sobre su salud con pleno conocimiento”.