Un hombre de 87 años ha reconocido haber sido autor de un delito de corrupción de menores. Estaba acusado de ofrecer dinero a una niña de 10 años para que subiera a su vehículo y le besara, unos hechos por los que el octogenario ha aceptado una pena de un año de prisión, aunque su carencia de antecedentes penales ha hecho que finalmente no pise la cárcel. Así se desprende de la información publicada por el Diario de Pontevedra.
Los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2023. Ese día, el anciano se acercó a un banco donde estaba sentada la menor. Según recoge la sentencia, el hombre, “con la finalidad de satisfacer su apetito sexual”, le propuso a la menor subir a su coche y besarle a cambio de entre 10 y 50 euros. Cuando la niña rechazó la propuesta, el octogenario abandonó inmediatamente el lugar.
La sentencia
Al no tener antecedentes penales, el hombre se librará de la cárcel
Diez días después de los hechos, la madre de la menor interpuso una denuncia ante la Guardia Civil. Así empezó el proceso que ha llevado al juicio, en el que el hombre se ha declarado culpable. Pese a que no ingresará en prisión, lo que sí que deberá hacer el culpable es pagar una indemnización de 1.000 euros a la víctima por daños morales. Además, no podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 250 metros de ella durante dos años y medio. Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Pontevedra.
La sentencia detalla que el procesado no deberá ingresar en la cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años. Si quiere permanecer en libertad, tampoco podrá incumplir la orden de alejamiento con la víctima. En el juicio, los magistrados han aplicado dos atenuantes al culpable: uno por reparación del daño, ya que el acusado había pagado la totalidad de la indemnización establecida antes del juicio, y otro por la confesión de los hechos.
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El citado medio recuerda que en España, la legislación para proteger a los niños y adolescentes de cualquier forma de abuso se ha ido endureciendo progresivamente. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida popularmente como Ley Rhodes, supuso un importante avance en este sentido.
Esta normativa amplió los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores, lo que supone que las víctimas pueden denunciar hasta que cumplan 35 años. Además, estableció protocolos para la detección temprana de situaciones de riesgo.