El asesinato en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón de un expolítico ucraniano residente en España suma un suceso más a una cadena de ataques ocurridos en los últimos tres años que coinciden, sin que haya una causalidad aparente, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los objetivos han sido ciudadanos de ambos países residentes en España, con un rasgo en común: su poder, económico o político.
El primero de estos ataques en trascender ocurrió en abril de 2022. Una familia rusa fue objeto de un ataque. El padre, un empresario ruso, Serguéi Protosenya, vinculado a la compañía gasística rusa Novatek murió en Lloret de Mar en lo que finalmente se calificó como suicidio; su esposa e hija resultaron muertas con heridas de de arma blanca. Al mismo tiempo y el mismo día, otro magnate ruso, Vladislav Avayev, moría en Moscú junto a su familia en idénticas circunstancias.
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También entre noviembre y diciembre de 2022. Seis cartas bomba fueron detectadas antes de llegar a sus destinatarios, entre los que se contaban la Embajada de Ucrania en Madrid pero también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, oficinas gubernamentales, una empresa de satélites de la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos. El caso concluyó con la detención de un exfuncionario español de 74 años, residente en Miranda de Ebro y destacado rusófilo según sus perfiles en redes sociales.
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Más adelante, en febrero de 2024, Maxim Kuzmínov, un piloto ruso que había desertado a Ucrania con su helicóptero durante la guerra y se había trasladado a España, apareció muerto en el garaje de su domicilio en Alicante. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala. Tras su deserción, el Comité de Instrucción militar ruso incoó una causa por “traición” contra él. Los familiares de sus dos compañeros que fueron asesinados tras el aterrizaje en Ucrania pidieron que pagara su fuga con su vida.