La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros. Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2024, constitieron en eludir el pago del IVA correspondiente a las transacciones comerciales realizadas.
Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, un total de ocho personas han sido detenidas en Madrid, Barcelona, A Coruña, Eivissa, Jerez de la Frontera (Cádiz) y València en la denominada Operación Gallagher. Uno de ellos fue detenido este martes en Santiago de Compostela. Asimismo, se han intervenido cerca de 400.000 euros en efectivo, más de un millón de euros en cuentas bancarias, un yate, 34 relojes de lujo, cinco vehículos de alta gama, así como la solicitud de embargo de 21 inmuebles.
La red criminal tenía vinculaciones internacionales y estaba especializada en delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública. Contaba con una estructura empresarial que operaba en el mercado de las bebidas alcohólicas y estaba formada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos, que operaban paralelamente. A través de ellas, canalizaban los fondos irregulares que luego blanqueaban.
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En el 2023, el Área Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en València denunció esta trama ante la Fiscalía Europea. La investigación se ha centrado en un posible fraude intracomunitario de IVA, que aprovechaba las normas de la UE en las transacciones exentas de este impuesto, así como el posterior blanqueo de los beneficios.
El fraude se realizaba a través de depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España. Los investigadores han constatado la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de distintos estados miembros hasta un depósito fiscal en España, lugar donde el alcohol ingresa con suspensión del pago de tributos, conforme a la legislación europea.
El impuesto se devengaría solo cuando los productos salían del depósito fiscal hacia una distribución comercial o de consumo. Una vez allí, intermediarios ficticios, missing traders, instalados en España y controlados por la organización, adquirían el alcohol, se hacían cargo del IVA, y luego desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales.
El alcohol se vendía a través de una red de empresas ficticias, con facturas falsas
El alcohol se vendía después a través de una red de empresas ficticias, con facturas falsas, con el fin de ocultar toda la cadena fraudulenta. Finalmente, el producto se distribuía en España mediante distribuidores controlados por la red criminal, cuyo IVA correspondiente aparentemente repercutido de forma correcta en factura nunca había sido realmente ingresado. Esto, además, permitía rebajas ilícitas de precio, con la consiguiente competencia desleal.
Los cabecillas de la organización, dirigida por tres ciudadanos españoles, contaban con una estructura de testaferros al frente de numerosas empresas instrumentales. Esto les permitía desvincularse aparentemente de la actividad comercial, dificultar la trazabilidad del producto y hacer recaer sobre estas empresas las responsabilidades penales derivadas de la actividad delictiva.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con la Agencia Tributaria a través de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Europea.