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Conduce drogado y queda libre al no poderle practicar la prueba la Policía Local

DROGAS

Un conductor que admitió consumir cocaína pudo seguir circulando al no haber agentes habilitados para realizar la prueba de drogas

Conduce drogado y queda libre al no poderle practicar la prueba la Policía Local

Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no pudo inmovilizar a un conductor que se encontraba bajo los efectos de drogas el pasado 9 de noviembre de 2025, según informa Canarias7. El sindicato CSIF denuncia que, en determinados turnos, no hay agentes con la habilitación necesaria para efectuar pruebas de detección de drogas, lo que limita la capacidad del cuerpo para actuar ante este tipo de infracciones.

Agentes sin recursos para actuar

Objetivos de modernización incumplidos

CSIF explica en un comunicado dirigido a la concejalía de Seguridad y Emergencias que varios miembros de la unidad de atestados llevan años solicitando la acreditación para realizar drogotests, pero la Jefatura de Policía Local no ha atendido estas peticiones. “Los policías están atados de pies y manos; hasta ahora los incidentes no han implicado accidentes, pero si un vehículo estuviera involucrado, la situación sería mucho más grave”, advierte el sindicato.

Un informe de la Jefa de Policía Local, fechado el 12 de enero de 2025, señalaba como objetivo la transformación digital del cuerpo, con inteligencia artificial en prevención e investigación y la adquisición de etilómetros y drogotests. CSIF sostiene que estas metas no se han cumplido y que hay agentes que no tienen acceso a las herramientas necesarias para tramitar delitos, gestionar la agenda judicial ni consultar el padrón municipal o órdenes judiciales. Esto ha llevado a que cuatro policías soliciten traslado al cuerpo general de la Policía Canaria.

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El sindicato denuncia además que algunos agentes llevan más de un año sin acudir a las prácticas de tiro, a pesar de que la ley exige entrenamientos cada seis meses. El campo de tiro, licitado en junio de 2022 con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, todavía no está operativo. CSIF critica que, incluso con la alerta antiterrorista nivel 4 activa desde 2015, se permita esta situación, que afecta a toda la plantilla salvo a quienes regresan de bajas médicas prolongadas.