Una piscina portátil de 40 centímetros de profundidad puede poner en peligro la estructura de un piso de obra nueva en buen estado, y la seguridad de todos sus moradores. Un palmo de agua puede hacer lo propio en una vieja finca del Raval. Así lo explicaron ayer a La Vanguardia fuentes del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya. Con todo, salvo cuando se ejecutan obras, tal y como reconoce el Departament d´Habitatge, ninguna normativa regula con cuántos kilos (o litros) puede uno forzar la estabilidad de su vivienda. El único criterio es el sentido común de cada vecino.
Según la Agència Catalana de Consum, la ley obliga a fabricantes y comerciantes a recordar a los ciudadanos las medidas de seguridad que implican estos artículos en auge, pero muchos vendedores reconocen que no saben responder a muchas preguntas. "Las piscinas no traen advertencias, las etiquetas sólo informan de su capacidad - dicen en una gran superficie comercial de Badalona-. Los clientes las quieren muchas veces para áticos y terrazas. Preguntan si aguantarán, pero les decimos que nosotros no lo sabemos".
La dramática muerte de una niña de nueve años el lunes por la tarde en el barcelonés barrio de Torre Baró puso de manifiesto que el sentido común de las personas no es suficiente. Como otros días, como otros veranos, la pequeña Dolors y otros niños chapoteaban en una piscina portátil sobre un almacén adosado a la vivienda, ambos de autoconstrucción. Los forjados no soportaron la presión de tres mil litros de agua, tres toneladas - las de venta más común- y cedieron arrastrando parte de la fachada de la vivienda.
Las ventas de las piscinas portátiles se han disparado en los últimos dos años porque cada vez son más fáciles de instalar, según informan fuentes del sector, algunas de las cuales señalan crecimientos de hasta el 10% en estos productos respecto del 2006 por estas mismas fechas. Y la tendencia es que cada vez tengan una mayor capacidad. Hasta ahora, lo que más había preocupado a las administraciones era que los críos no se ahogaran. Pero una piscina portátil de tres cuartos de metro de profundidad ronda únicamente los 125 euros. Y lo común es que los pisos de obra nueva aguanten sin problemas unos 30 centímetros de profundidad.
Según el Col · legi d´Arquitectes, la ley dice que cada metro cuadrado forjado de una vivienda debe ser capaz de soportar la presión de doscientos kilos, más que suficiente para muebles y personas. "Pero una piscina de un palmo de profundidad puede poner en entredicho esta resistencia. Por ello los arquitectos aplican márgenes de seguridad mayores, para que cada metro cuadrado pueda soportar la presión de hasta 300 kg. Así, en un piso recién construido con la normativa actual se puede poner una piscina portátil de treinta centímetros de profundidad sin problemas".
Albert Melià, subdirector de la Agència Catalana de Consum, reconoce que las administraciones deberían recordar a los ciudadanos las características esenciales de las piscinas portátiles, y que la falta de información en el momento de la venta es una infracción por parte de fabricantes y comerciantes que se debería perseguir. En todo caso, la Agència no tiene conocimiento de ninguna actuación administrativa en este sentido en lo que llevamos de año. Tampoco de ninguna denuncia ciudadana.
"Instalar fuera de un jardín agrega el subdirector de este organismo de la Generalitat encargado de velar por la seguridad de los consumidores-, en la estructura de una vivienda, un artículo de estas características debería implicar tomar la misma serie de precauciones que se tienen en cuenta cuando se llevan a cabo obras". La Agència reconoce que el control del uso de las piscinas portátiles no está por ahora entre sus prioridades. "En cualquier caso, estos productos no habían causado problemas hasta ahora".
El problema, prosiguen las fuentes del Col · legi d´Arquitectes, es que los márgenes de seguridad citados no están presentes en las viviendas de autoconstrucción, muy abundantes en toda el área metropolitana de Barcelona, y tampoco en muchas viejas fincas de los cascos históricos. En el accidente de Torre Baró confluyeron varias fatalidades: la casa era de autoconstrucción, tenía más de treinta años de antigüedad, las viguetas no estaban macizadas y ninguna tela asfáltica impidió que se filtrara la humedad.
"Pero el caso -asegura una portavoz del col·legi- sirve para ilustrar que numerosas viviendas de este país no están preparadas para soportar una piscina portátil de apenas un palmo de profundidad. Los márgenes de seguridad con los que se trabaja hoy día son adecuados, el problema es el mal mantenimiento de muchas fincas antiguas. Cualquier inmueble de más de veinte años necesita alguna pequeña reparación. Y en muchísimos edificios del Raval poner una piscina portátil puede ser un gran peligro".
"Pero es un problema de muy difícil solución porque normalmente hay que poner de acuerdo a muchos propietarios para realizar inversiones muy costosas. Los edificios, como los vehículos, deberían pasar su propia ITV. En Barcelona se inspeccionan las fachadas de los inmuebles de más de diez años, pero no es suficiente". Las fuentes del Col·legi d´Arquitectes concluyen que es necesario elaborar una normativa de carácter estatal, o como mínimo autonómica, para que la gente sea consciente de las condiciones en las que vive. "No hay una cultura arquitectónica popular. La gente sólo se preocupa de lo que se puede ver".