Tres de los cuatro detenidos en Catalunya por la supuesta trama para amañar contrataciones para campañas forestales han quedado en libertad tras comparecer ayer por la noche en sede policial. El ex jefe de Medios Aéreos de Bombers de la Generalitat y actual jefe del área de prevención, Ramon Dinarés, continúa arrestado a la espera de comparecer ante el juez, por lo que está siendo trasladado a Sagunto (Valencia). El titular del juzgado de instrucción número 2 de esta localidad valenciana, que dirige la operación, también tiene previsto citar al resto de los detenidos ayer durante los registros en las dependencias de Bombers de Bellaterra y Sant Boi de Llobregat.
Las personas que han sido puestas en libertad son el actual responsable de la División Sala Central y exresponsable de Medios Aéreos de los Bomberos, Manel Bosch, y el ex alto cargo de la Consellería de Interior Xavier Palmés, que ejerció como jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio de este departamento y que actualmente ya está jubilado, así como un empresario de Barcelona vinculado al negocio de la aviación. Todos los detenidos en Catalunya están siendo investigados por presuntas irregularidades en el alquiler a Avialsa de aviones y helicópteros para Bombers de la Generalitat, en concreto, los que se utilizan para la extinción de incendios.
La actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de ayer en Catalunya era solo una parte de la operación, ya que se realizaron una veintena de entradas y registros en domicilios y oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Córdoba, Badajoz y Mallorca. La operación se ha saldado con 21 detenidos, entre ellos Pedro Hidalgo, exdirector general de la Consellería de Justícia, Interior i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana en la época de Francisco Camps.
El origen de la investigación
Las pesquisas se centran en un supuesto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. En este sentido el juzgado valenciano que lleva el caso tiene bajo la lupa a la empresa Avialsa T-35, dedicada al alquiler de medios aéreos y que ha trabajado, al menos, para gobiernos autonómicos de Catalunya, Valencia, Galicia y la Rioja. También ha ofrecido sus servicios a departamentos gubernamentales de Italia y Portugal.
El caso arrancó con la denuncia presentada por el ex gerente de Avialsa, quien aseguró que el presidente de la firma, Vicente Huerta, habría recibido favores por parte del que fuera delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellà. Los dos fueron detenidos, junto con ocho personas más, el mes de mayo pasado. Según la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, diversos concursos públicos para el alquiler de material aéreo destinado a la extinción de incendios se habrían llevado a cabo de manera tan fraudulenta que en algunos solo se presentaba Avialsa porque presuntamente la empresa llegaba a compensar a los competidores para que desistieran de ofrecer sus servicios.