Los mecanismos para defender los derechos de los colectivos y personas afectadas por discursos de odio racistas y lgtbifóbicos difundidos a través de los medios de comunicación son ineficientes. Así lo revela el proyecto de investigación Wisdom Empowerment 2.0 impulsado desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y presentado esta tarde en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
En un periodo de diez años, del 2014 al 2024, solo se han tramitado 25 quejas contra discursos de odio desde el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ( CAC) y 10 desde el Consell de la Informació de Catalunya ( CIC), según ha anunciado Anna Clua, profesora de la UOC e investigadora principal del estudio. Un número escaso de denuncias que demuestra que los mecanismos de defensa no están funcionando.
Entre los motivos de esta ineficiencia, Clua ha destacado “la dificultad de acceso a la información no solo sobre procedimientos de queja sino sobre la propia existencia de los organismos que los habilitan; la complejidad de los trámites y la lentitud de los procesos; la desconfianza a que el derecho a queja pueda servir para fomentar un cambio dentro del sistema de medios o el miedo a posibles represalias”.
El estudio lamenta, además de esta baja incidencia de la tramitación de quejas en 10 años, que ninguna de ellas hubiera tenido por resultado la imposición de una sanción a los medios. Clua se ha quejado “de que no haya un ente regulador con capacidades sancionadora que abarque todas las quejas” y que el CAC lo haga solo para medios audiovisuales y el CIC sobre prensa.
“Tenemos uno desequilibren entre los derechos existentes y los mecanismos que tenemos para hacer valer estos derechos. Tanto el CAC como el CIC impulsan buenas prácticas pero presentan deficiencias en sus mecanismos de recepción y tramitación tanto para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía como para garantizar que los medios de comunicación cumplan con sus deberes”, ha afirmad Clua, quien ha finalizado poniendo el foco del estudio en el problema que supone “la prevalencia en nuestro contexto institucional de una cultura jurídica conservadora heredera de la Transición democrática que está alejada de una interpretación más actual de la normatividad antidiscriminatoria”.
Laura Pinyol, vicepresidenta del CAC, ha reconocido por su parte que este estudio los obliga a hacer una mirada critica sobre su funcionamiento. “CAC tiene que velar por la defensa de la libertad de expresión y de información pero cuando este derecho entra en conflicto con otros derechos como el del honor y la igualdad es difícil decidir dónde están los límites”, ha dicho para admitir después de que a menudo acaba prevaleciendo “el derecho a la libertad de expresión sobre los derechos de colectivos vulnerables que se tendrían que mirar con mucha más atención”.
Por su parte, Josep Carles Rius, presidente del CIC, ha definido este estudio de imprescindible “porque el discurso del odio ya no es una patología social sino que se utiliza como motor político de proyectos que acaban triunfando” y puso como ejemplo la victoria de Donald Trump. Rius alertó de que “tenemos unas amenazas muy potentes y unas herramientas muy débiles para hacerles frente, como demuestra este estudio”.
