Laia Sàbat, veterinaria de la clínica Bitxos, de Alella (Barcelona), rellenaba formularios y enviaba facturas a su gestor a las dos de la madrugada del 28 de enero, sobrecargada de burocracia tras una jornada agotadora. “Basta”, se dijo y entró en la web de la Generalitat para organizar una manifestación de protesta. Como decía un viejo cartel del Paral·lel, “el éxito de la obra ha sorprendido a la propia empresa”.
Laia se dio cuenta de que la había liado muy gorda al día siguiente, cuando empezó a recibir llamadas “de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y el departamento de Interior (por cierto, el chico de los Mossos y la chica de Interior muy majos: tienen animales y dijeron que se apuntaban a la manifestación)”. En la raíz del enfado de esta profesional, que resume el de gran parte del sector, está el real decreto 666/2023.
“Burros, sí; burrocracia, no”, rezaba la camiseta de Laia Sàbat durante la manifestación
Los veterinarios siempre se han considerado muy vocacionales, pero sin la capacidad de presión de otros profesionales sanitarios. Ellos son los únicos gravados con un 21% de IVA por consulta, como si su actividad fuera un lujo. Las nuevas disposiciones, vigentes desde el 2 de enero, adaptan una directiva europea “para mejorar la salud animal y luchar contra las resistencias antimicrobianas por el abuso de antibióticos”.
España, sin embargo, aplica ipso facto las directrices europeas, que permitían una moratoria hasta el 2030, y con un celo “insólito en países de nuestro entorno”, explica Jordi Giné, presidente de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (Avepa), que se sumó a la manifestación de Laia, celebrada en Barcelona el 2 de febrero. Fue todo un éxito de convocatoria y público.
A favor
La norma adapta una directriz europea para limitar el uso de antibióticos
Aquella reacción espontánea de madrugada desencadenó una marea azul . De este color eran las camisetas de los manifestantes. Se imprimieron mil y se agotaron todas, lo que cuestiona la cifra oficial de asistentes (800, según la Guardia Urbana”. Los lemas serigrafiados eran elocuentes. Dos ejemplos: “Si se muere el perro, nos quedará la rabia” y “Burros, sí; burrocracia, no”.
La marea azul ha arrastrado a varios colegios de veterinarios (Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga y País Vasco, entre otros), e instituciones como la ya citada Avepa, además de la Asociación Empresarial Veterinaria Española y la Confederación Empresarial Veterinaria Española. Sin embargo, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España (52 corporaciones, 37.000 colegiados) se mantiene muy cauto por ahora.
En contra
Los tratamientos se encarecen y la autonomía profesional se ve mermada
Fuentes próximas a la máxima representación colegial, que ha celebrado reuniones para unificar criterios, explican que las posturas no son unánimes. “Las críticas proceden de los veterinarios clínicos (los de mascotas), pero no de los veterinarios rurales y de explotaciones ganaderas, que hace cinco años ya comenzaron a aplicar los controles que ahora se exigen a todo el sector”.
Los críticos lamentan que se meta en el mismo saco el ganado para el consumo humano y los animales de compañía. Todo el mundo admite que evitar el abuso de antibióticos y frenar las resistencias microbianas es urgente, pero no todos creen que esta sea una buena vía. La marea azul denuncia que, incluso, puede lograr “un efecto perverso” y conseguir lo que no busca: la sobremedicación y automedicación.
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La norma “es un sinsentido que encarece los tratamientos y reduce la autonomía profesional”, opina la abogada animalista Yolanda Valbuena, de la Fundación Altarriba, que impulsó la introducción del maltrato animal en el Código Penal. Los veterinarios ya no pueden prescribir de buenas a primeras el antibiótico que saben más efectivo y han de hacer cultivos hasta que los análisis revelen que su primera opción era la adecuada. “Y no todos los clientes se podrán permitir las esperas y sobrecostes”.
Al contrario que sus colegas europeos, los veterinarios españoles no pueden vender ni fraccionar medicamentos para entregar dosis exactas, como hacían hace unos años. Los clientes han de ir a la farmacia y comprar envases completos, lo que deja un excedente innecesario e incontrolado. Además, los profesionales denuncian que el decreto prima los fármacos veterinarios (más caros) sobre los humanos, aunque sean igualmente efectivos.
En todo eso y en las nuevas obligaciones administrativas que se le vienen encima estaba pensando la madrugada del 28 de enero una veterinaria de Alella cuando se dijo que habría que hacer algo, sí, pero qué. “¿Y por qué no una manifestación?”.
El real decreto 666/2023
Multas de 1.200.000 euros
El real decreto, de 46 páginas, establece un régimen sancionador “desproporcionado”, según varios Colegios de Veterinarios, como el de Barcelona. Las sanciones pueden llegar a 1.200.000 euros. La norma dice tener entre sus objetivos el “control de los medicamentos veterinarios” para garantizar tanto su “uso prudente y responsable” como “un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso de la granja a la mesa”. Pero las normas se aplican por igual al ganado y a los animales de compañía. Los veterinarios que velan por la salud de los segundos seguirán ahora los mismos pasos que ya se aplicaban en las explotaciones ganaderas. Deberán comunicar a las bases de datos autonómicas o la plataforma Presvet de vigilancia farmacológica cualquier antibiótico que receten. “Muchas clínicas no podrán asumir esta sobrecarga de burocracia ”, según los veterinarios que secundaron el pasado día 11, a las 11 horas, secundaron un parón. “Algunos de los nuevos trámites administrativos en el ciclo de los medicamentos –dicen–no están justificados y reducen el tiempo para la atención directa a los animales”.