El Gobierno y las comunidades están poniendo las bases para un nuevo modelo de cuidados, centrado en la persona dependiente y con el objetivo prioritario de que pueda ser atendido en su casa, en su hogar, que es lo que la gran mayoría quiere. El objetivo, para el 2030, es más que loable y su éxito mejoraría la existencia de millones de personas en un país marcado por el progresivo envejecimiento de su población. Pero, ¿es factible?
A tenor del XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado ayer en el Congreso de los Diputados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que analiza la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en España y su aplicación en cada comunidad autónoma, la respuesta es clara: no. En ningún ca- so, no.
Cada quince minutos muere un dependiente esperando un servicio que la ley del 2006 le reconoce
Un ejemplo: en este momento, las personas con dependencia severa, es decir, que necesitan atención permanente, reciben una prestación económica de 384 euros al mes de media en España por cuidados familiares (con ese dinero pagan al familiar que le atiende) o una ayuda a domicilio de dos horas y media al día de lunes a viernes (los fines de semana, no hay).
Porque los servicios no se pueden acumular, es decir, un dependiente severo (tampoco el resto, pero los de Grado III precisan de ayuda permanente) no puede tener un cuidador informal y a la vez recibir una ayuda al domicilio (para que el familiar descanse). Tampoco ir a un centro de día. Lo que sí puede compaginar es la teleasistencia, pero este servicio, que supuestamente debería estar al alcance de los dependientes ya, no lo está.
Según el informe presentado por el presidente de esta entidad, José Manuel Ramírez, el 67,5% de las personas atendidas en su domicilio no cuentan con el servicio de teleasistencia. Y esa es la prestación básica.
Estos datos dejan claro que la situación debe cambiar mucho para que sea posible ese objetivo de que los dependientes puedan ser atendidos en sus hogares el mayor tiempo posible. Porque, hoy, es una utopía.
Más de 270.000 personas aún están a la espera de recibir servicios o para ser valorados
Según el citado informe, a 31 de diciembre del 2024, en España hay 1,6 millones de personas en situación de dependencia reconocida, a los que habría que sumar los 270.325 personas que aún están a la espera de recibir servicios o para ser valorados. Al ritmo del último año se tardarían más de 10 años en alcanzar la plena atención.
Esta lista de espera tiene su parte más cruel: 34.252 personas fallecieron en 2024 esperando ser valoradas o atendidas. Esto supone que cada día fallecen 94 personas esperando un servicio que la ley le reconoce, una persona cada 15 minutos.
¿Cómo es posible que siga ocurriendo esto? Porque el sistema de dependencia no tiene capacidad para abordar a la población afectada, por falta fundamentalmente de recursos. La ley de Dependencia nació hace 18 años con presupuesto deficitario, al que en la crisis del 2012, el Gobierno del PP redujo de manera radical la financiación, y que desde el 2018 se está dando un impulso económico (plan de choque) con partidas extraordinarias (en el 2024 no hubo). Este año, según el informe presentado, 12.000 millones de euros en inversión del sistema de la dependencia, la cifra más alta hasta ahora, pese a que la paralización del incremento de financiación estatal. Esta cifra supone el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican los países de la UE de media.
Este presupuesto ha permitido que haya 106.558 personas atendidas más y que 69.650 personas más tengan reconocidas su situación de dependencia. Pero falta personal para evaluar y servicios que ofrecer. En el 2024, el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 334 días, diez más que en el 2023. En cuatro comunidades (Andalucía, Canarias, Murcia y Galicia) se superan los 12 meses, el año entero.
En el 2024, el tiempo medio de tramitación de un expediente fue de 334 días
Pero “ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el sistema entre los años 2021 a 2023, en el plan de choque, ha logrado impedir que el sistema se desarrolle con un modelo low cost , con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia. De hecho, se está ofreciendo un 14% más de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares frente a los servicios profesionales, señala el informe. Así, indica Ramírez, es una utopía creer que las personas con dependencia podrán tener una atención digna en sus hogares.
Mujeres que cuidan con 80 años y más
En 2024 había reconocidas 664.906 personas cuidadoras, de las cuales el 72,6% son mujeres (482.873) y el 27,4% son hombres (182.033), porcentajes sin apenas variación respecto del 2023.
Los datos, sin apenas variación, vuelven a evidenciar que el papel de cuidadora recae mayoritariamente sobre las mujeres. El espacio vacío de la administración (un agujero de enorme dimensiones) es tapado por las mujeres.
El perfil de la cuidadora familiar en cuanto a edad es el siguiente: el 27,7% tienen de 16 a 49 años, el 47,5% de 50 a 66 años, el 17,6% de 67 a 79 años. El 7,2% tiene 80 años y más. Y en cuanto al parentesco con la persona que cuidan el 34,4% es hijo o hija, el 24,3% son madres y el 20,1% atiende al cónyuge. Sólo el 3,3% es el padre de la persona dependiente que precisa atención.
