El Consejo General del Poder Judicial estima los Juzgados de Violencia sobre la Mujer van a incrementar en un 12,9% su carga de trabajo al asumir los delitos de violencia sexual, tal y como se contempla la nueva ley de eficiencia del servicio público de la justicia.
El estudio realiza una estimación de la carga de trabajo por comunidad autónoma y por partido judicial pues, con los datos recabados por el CGPJ, la incidencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2025 se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20 % a un mínimo del 2,79 por ciento.
Según el texto, el incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Catalunya y en Illes Balears, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,25 y del 19,60 por ciento, respectivamente.
Les siguen Murcia (18,3 %), Galicia (18,27 %), La Rioja (17,36 %), Navarra (17,19 %), Castilla y León (17,17 %), Cantabria (15,23 %), Castilla-La Mancha (14,58 %), Madrid (14,36 %), Asturias (14,13 %), Canarias (13,55 %) y Extremadura (12,08 %). Por último, Comunidad Valenciana (8,04 %), Andalucía (7,32 %), Aragón (4,23 %) y País Vasco (2,79 %).
El estudio permite conocer también la disminución del volumen de asuntos que recaerán en los Juzgados de Instrucción y en los Mixtos cuando entre en vigor la ley. La reducción del número de asuntos también varía según las características del territorio y se movería entre el 3,55 % de Illes Balears y el 0,35 % del País Vasco.
En la Ley de Eficiencia de la Justicia se establece que a los nueve meses de su entrada en vigor (el 3 de abril), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir las competencias en materia de violencia sexual de los procesos que se inicien a partir de ese momento. También los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual siempre que “la persona ofendida sea mujer”, según el texto.
