Los “chiringuitos” universitarios a los que quiere poner coto el real decreto del Gobierno
Universidades privadas
Desde el 2018, los gobiernos autonómicos han autorizado la creación de 11 universidades con informe negativo de la agencia de calidad
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con estudiantes en su visita la semana pasada a la feria Aula
En los últimos años se ha desatado un fuerte interés por abrir una universidad en territorio español, especialmente después de la pandemia, lo que ha sorprendido a los rectores en su conjunto y al mismo Gobierno español que el pasado martes y con carácter de urgencia aprobó el borrador de real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que modifica el aprobado en el 2021, hace tan solo 4 años. Este decreto ha sido criticado por los gobiernos de Andalucía, por no haber sido consensuado previamente con las autonomías, y de Madrid, por no justificar el carácter de urgencia y por “carecer de justificación y racionalidad”. En cambio, ha sido apoyado por la Conferencia de Rectores (Crue).
Hay un total de 46 campus privados (50 públicos) y 6 propuestas nuevas. Sólo en el siglo XXI se han registrado en nuestros país 25 universidades privadas (ninguna pública) y 10 de ellas se concentran en los últimos cinco años.
En general, no hay proyectos definidos ni transparencia, faltan prácticas, laboratorios y aulas adecuadas
“Este crecimiento no tiene precedentes en la historia”, explica Martí Parellada, catedrático de la Universitat de Barcelonba (UB).
“La educación superior (incluida la formación profesional) es un negocio creciente porque hay más demanda (de estudiantes españoles y de extranjeros que van, en mayor medida, a la privada) y porque la pública no ofrece suficientes plazas de determinadas titulaciones muy demandas”, indica el catedrático que cita grados de medicina, derecho o administración de empresas.
Y ello es más evidente en másteres donde la privada ya sobrepasa en alumnos a la pública. “Son un ejemplo los másteres que habilitan para ejercer, como el de psicología clínica o el de profesor de secundaria”, en el que hay poca oferta para la plazas existentes. Ese es el nicho que aprovechan muchas privadas para crecer.
El rector de la Universitat Ramon Llull pone el acento también en el negocio internacional de la formación superior. “El volumen de crecimiento de la URLL son los estudiantes internacionales, no lo nacionales”. El inicio del descenso demográfico está llegando a los jóvenes españoles que se matriculan en la universidad y, hasta el momento, éste es el grupo de edad más numeroso en un campus.
Las privadas crecen por el segmento internacional. “En nuestros centros -continúa el rector- tenemos ya un 12% de estudiantes internacionales matriculados en grado y éstos ascienden a una cuarta parte si sumamos todas las formaciones”.
Las privadas abiertas en las dos últimas décadas del siglo XX, coinciden en señalar Martí Parellada y Rom, tiene un carácter muy heterogéneo (con o sin ánimo de lucro, procedente de una institución religiosa o no, cooperativa), pero compartían los elementos esenciales que constituyen una universidad.
En los últimos años se ha roto el equilibrio existente y han entrado grupos de inversión o de capital riesgo, sin experiencia académica, conglomerados empresariales, campus que dan formaciones online sin solvencia económica, o que no disponen de profesores o de espacios adecuados para dar clases.
Títulos oficiales, propios y otros
Sólo las universidades acreditadas como tales dan títulos “oficiales” (públicas y privadas) que tiene el sello de las agencias de calidad (la AQU en Catalunya). Estas formaciones son evaluadas antes de impartirse y cada 6 años (caso de los grados). Se recogen en un real decreto lo que los hace válidos no solo en España sino también en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Estos títulos son imprescindibles para acceder a ciertas categorías de la administración pública, a profesiones reguladas (abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería, etc.) O al acceso a un doctorado. Eso no pasa con los títulos no oficiales o “propios”. Estos no son validados por las agencias (no tienen el sello de la agencia en la oferta de la universidad). No obstante, si está impartido por un centro registrado y acreditado por una agencia (una universidad) pasan por un sistema interno de calidad propio (SIGQ). Finalmente, están los otros, títulos que no pasan por ningún tipo de evaluación y centros sin acreditación. Estos son, por falta de control, de mayor riesgo
A la proliferación de entidades se le añade el establecimiento de centros online (modelo que está atrayendo cada vez más ciudadanos españoles y extranjeros) y otros que parecen estar orientados a alumnos no nacionales. Finalmente, se cuestionan los inversores no comprometidos con los pilares de la universidad: enseñanza, investigación y transferencia de conocimiento.
Las agencias informan sobre entidades con afirmaciones como estas: “No tiene proyecto definido y de calidad”, “No hay investigación”, “No tiene alquiler estable”, “No hay transparencia en los precios”, “Sin planes de inversión”... En general, no hay espacios adecuados, los laboratorios son virtuales y falta la planificación de las prácticas curriculares. También se cuestiona el origen de la inversión económica. El fondo Permira (con una cartera diversa pues ha tenido acciones de Corte Fiel, Telepizza o eDreams) compró en 2018 la Universidad Europea de Madrid y luego vendió su participación a otro fondo tras declarar un ERE de profesores.
El decreto 640/2021 de creación de universidades que es el que se quiere modificar no estableció la obligación de acatar una evaluación de calidad del centro y de los títulos antes de autorizar una iniciativa para garantizar la solvencia de la nueva institución y de los títulos, evitando el fraude para el alumno y para el mercado laboral.
Recentralización de los campus online
En un corrillo de responsables de universidades se oyó decir, antes de conocerse el decreto, que la situación se estaba desbordando y que “la fiesta está en Latinoamérica”, por el número de centros de iniciativas de países de ese área que quieren ofrecer formaciones online con títulos españoles (europeos) a alumnos de países del otro lado del Atlántico y con profesores residentes fuera de España. Algunas de estas iniciativas empresariales no cuentan con experiencia académica previa. En este sentido, el borrador de la reforma del real decreto de creación y autorización de universidades apunta a dos elementos clave. Por un lado, se considera que los centros online, a los que denomina “universidad de especiales características”, dejan de tener carácter autonómico y pasan a ser de ámbito nacional. Por ello, deberán pasar la autorización del Consejo de Gobierno y de las Cortes Generales, previo informe favorable de la Aneca. Esto puede comportar quejas por parte de los gobiernos autonómicos. En todo caso, la vigilancia y control será del Gobierno y no, como hasta ahora, de los gobiernos autonómicos que son los que tienen las competencias en educación. Esto atañe a los campus existentes, como la UOC de Catalunya, UNIR, de la Rioja, UIV de Valencia o Udima de Madrid. El segundo punto se refiere a aquellas que impartan el 80% de su formación de modo virtual deberá garantizar que el 75% del personal reside en el país. Tendrán que aportar un proyecto académico de calidad, sostenibilidad económica, estructura y profesorado, además de experiencia.
No obstante, el resultado, aunque no vinculante, era aceptado por los gobiernos autonómicos. Esto es lo que ha cambiado: Madrid, Andalucía y Canarias han dado el visto bueno con informes negativos de sus agencias. Desde 2018 se han emitido 21 informes desfavorables de los que 11 han seguido para adelante. Madrid cuenta ya con 13 universidades privadas y 6 públicas, que han expresado sus dificultades de financiación para mantener la oferta de títulos actual.
“La no obligación de un informe favorable no ocurre en ninguno de los 9 países con los que trabajamos en la alianza europea OpenEU”, afirma Àngels Fitó, rectora de la UOC que apoya el decreto, aunque matizando algunos puntos.
Que el informe sea vinculante es uno de los puntos fuertes del decreto que el jueves pasado fue respaldado con un comunicado por la Conferencia de Rectores (Crue) donde se encuentran, además de los 50 campus públicos 27 de las 46 privadas existentes. Si se aprueba la nueva normativa, implicará no solo la revisión de la agencia de los nuevos campus, sino de todos, incluidos los autorizados desde hace tiempo. En este sentido, indicadores como el número de alumnos por campus pueden comportar problemas a algunas de las privadas.
“El consenso entre los rectores ha sido general porque separa el grano de la paja”, explica el rector de la Universitat Ramon Llull, la privada más grande de Catalunya. “Las privadas queremos mantener un ecosistema de la calidad”, asegura. En esta comunidad no se han autorizado ninguna privada desde hace tiempo. Tiene 7 públicas y 5 privadas, dos de ellas con apoyo de la Generalitat.
Todos los campus son del modelo de sin ánimo de lucro y superan las evaluaciones de calidad. Además, se organizan mediante un régimen de consenso dentro del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en el que también participa el Govern.
La agencia de calidad es la AQU que ha rechazado entre 2022 y 2025 unos 6 centros que querían impartir formaciones para obtener títulos otorgados por instituciones extranjeras no homologados con títulos catalanes. Es el caso del Institut of Arts de Barcelona o del San Cugat Escola Superior de Negocis.
El hecho de que no se haya abierto ningún centro nuevo sin garantías de calidad no impide que se instale una delegación de una universidad autorizada en otra comunidad con informe desfavorable o que los estudiantes de Catalunya se matriculen en una online de estas características.
Para el rector Alfonso Méndiz, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la reforma del decreto español peca de exceso de regulación, pero “el informe sobre la calidad es incuestionable que deba ser vinculante”.
No obstante, el rector de la UIC lamenta que en este debate se haya distorsionado la imagen de las universidades privadas como si la calidad solo estuviera asociada a las universidades públicas. “El objetivo es asegurar proyectos educativos con vocación clara basados en los mismos criterios de calidad, independientemente de la titularidad del centro”. Así explica que la agencia catalana mide igual la calificación de profesorado, los grados, y los estándares de investigación en los entidades públicas como en privadas.
Resumen del decreto
-Informe preceptivo y vinculante de la Aneca o de la agencia de calidad autonómica y un segundo informe del Ministerio de Universidades sólo preceptivo y lo elevará a Conferencia General de Política Universitaria
-Aval bancario
-Detallar situación jurídica (fondo de inversión extranjero o español, multinacional, grupo de universidades...).
-4.500 alumnos los primeros cinco años
-el 5% del presupuesto debe ir a investigación
-El tercer año de actividad académica tener alojamiento de estudiantes del 10% del total
-Captar en convocatorias, programas y contratos de investigación como mínimo el 2% del presupuesto total al quinto año (con 2 años más de moratoria).
Memoria con 10 grados, 6 másteres y 3 programas de doctorado en 3 ramas distintas de las 5 existentes de conocimientos
-Programa plurianual detallado de la actividad de inversión en docentes e investigadores
-50% de doctores de la plantilla
-Contrato laboral no podrá superar el 8% de la plantilla
-El 75% de profesorado de universidades no presenciales deben ser residentes en España
-Comité ético que asegure normas en comportamiento docente e investigador
-En 5 años, los estudiantes de grado deben ser, al menos,la mitad de la plantilla
-Especificar si las clases son en directo o en diferido si la oferta es online
-En 5 años, el número de estudiantes de títulos propios no puede doblar el de los oficiales