La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, en auto notificado este lunes, ha acordado el procesamiento por un delito de homicidio imprudente contra diez sanitarios tras la muerte de Sara Gómez después de que se sometiera a una lipoescultura en 2021.
La operación terminó el día 2 de diciembre de ese año a las 14.30 horas en la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena. La paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Santa Lucía a las 18.30 horas, donde llegó en estado crítico, aunque, dada la inestabilidad de la paciente, los cirujanos de guardia decidieron no intervenirla.
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La resolución recoge las analíticas practicadas desde ese día y subraya que los marcadores de sepsis aparecen desde el día siguiente hasta que es operada el día 7, cuando los resultados empeoran.
Según el auto, tras la cirugía, la situación clínica se estabiliza progresivamente. El 22 empeora y el 1 de enero se decide una nueva intervención quirúrgica urgente, con un fallo multiorgánico que causa su fallecimiento.
Primera liposucción del cirujano
Tras la denuncia de estos hechos y las investigaciones, la mujer “ante la creencia errónea” por las publicaciones en redes sociales de internet de que contactaba con un cirujano plástico de reconocida experiencia, decidió realizar una lipoescultura.
Sin embargo, hay indicios de que se trataba de la primera intervención de este tipo del especialista, que tenía cursos en laserlipolisis, lipomodelación abdominal en cuatro dimensiones y un máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento.
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La instructora estima que hay indicios de responsabilidad de este cirujano y del anestesista que la operaron en la clínica privada. El primero “no era especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y carecía de la formación necesaria para la intervención” y el segundo, encargado del control y monitorización de la paciente, al que correspondía la decisión de trasladarla a la UCI, debió hacerlo tres horas antes.
Además, la magistrada alude a los indicadores de sepsis, con signos de infección generalizada, que se aprecian en los informes a partir del tercer día de ingreso en la UCI, para apreciar la concurrencia de responsabilidad en los cirujanos que estuvieron de guardia, a partir de ese día, y hasta el 7 de diciembre de 2021, cuando se practica la primera laparotomía exploradora.
Archivada la denuncia contra los cirujanos de la UCI
Por otra parte, se acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de los cirujanos que la atendieron el día de su ingreso en la UCI, “toda vez que el estado crítico de la paciente no aconsejaba la intervención y en ese momento las analíticas no indicaban signos de sepsis o infección”, y de los que la asistieron después del día 7 de diciembre.
Ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas deberán solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. Aunque, excepcionalmente, también pueden solicitar la práctica de diligencias complementarias.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y apelación.