El Comité de Bioética de Catalunya (CBC) propone legalizar la gestación subrogada bajo supervisión pública y con carácter puramente altruista, prohibiendo la participación de intermediarios y de cualquier compensación económica más allá de los gastos derivados del embarazo. Así se recoge en el informe Gestación subrogada: reflexiones y propuestas para una posible regulación, elaborado a petición del departamento de Salut durante el Govern de Pere Aragonès y presentado hace unos días.
El informe del CBC —coordinado por Núria Terribas y que incluye un posicionamiento en contra del doctor José Viñas Salas— asegura que la gestación subrogada ya es una práctica que se da en la sociedad desde hace años y que va al alza como consecuencia de los cambios sociales y del retraso de la maternidad y que, por tanto, sería necesario regularla para que se lleve a cabo “dentro de un marco de control y supervisión pública”, sea respetuosa con los derechos de todas las partes implicadas, “en especial los del recién nacido y la mujer gestante” y se evite “la mercantilización”.
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Los miembros del Comité de Bioética de Catalunya creen (a excepción de Viñas) que, a pesar de ser una opción “moralmente compleja”, es aceptable que una mujer, de forma libre e informada, pueda gestar por otros siempre que se den determinadas condiciones y se respeten ciertas condiciones legales.
Entre otras razones, dicen, porque ahora eso ya ocurre pero solo acceden a la gestación subrogada quienes disponen de recursos suficientes para acceder a ella en otros países y financiar su elevado coste económico. “La propuesta del CBC no pretende fomentar la gestación subrogada” sino que sea más equitativo el acceso a ella, señala el informe.
No regularlo significa seguir exportando una demanda social real
Para eso proponen un modelo exclusivamente altruista y solidario —que prohíba cualquier compensación económica más allá de los gastos derivados del embarazo—, supervisado por una autoridad administrativa o judicial que evalúe la idoneidad de los padres interesados así como el consentimiento informado y libre de la gestante, que determine el importe de la compensación y que garantice el derecho del menor a conocer sus orígenes al llegar a la mayoría de edad, y que evite la intervención de intermediarios comerciales en todo el proceso.
Entre las propuestas recogidas en el informe figura también la creación de un registro público de gestantes y de padres interesados, que cada “contrato” requiera autorización concreta, y que la gestación subrogada esté cubierta por el sistema público de salud igual que ocurre con la reproducción asistida.
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Los miembros del Comité propugnan que este tipo de regulación se implante en toda España porque, no hacerlo, dicen, significa “seguir exportando una demanda social real, basada en el deseo legítimo de tener descendencia, con los riesgos de discriminación elitista, explotación de mujeres vulnerables, mercantilización y baja calidad del tratamiento que eso implica”.
No lo ve así el doctor José Viñas i Salas, que en su voto particular en contra enfatiza que este tipo de prácticas usan a la mujer (gestante) como un medio para dar satisfacción al deseo de otras personas de tener un hijo con vinculación genética, lo que “va en contra de los principios éticos descritos por Kant y recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y “representa un retroceso en los derechos adquiridos de las mujeres contra el machismo y en la igualdad”.
No se han de confundir deseos con derechos; la decisión libre de una persona no presupone su eticidad
Viñas cree que el mismo hecho de la gestación subrogada es reprobable en sí mismo y las circunstancias que alegan sus colegas del CBC en el informe para argumentar su legalización son meros “atenuantes”.
“La autonomía humana tiene límites y el principal es cuando se hace daño a otra persona; no se han de confundir derechos y deseos; además, la medicina del deseo no ha de ser subvencionada por la sanidad pública siguiendo el principio de justicia, pues sería una distribución no ética de los recursos limitados, necesarios para cubrir enfermedades y para la salud pública”, justifica el especialista en patología quirúrgica y bioética. Y concluye afirmando que “la decisión libre de cualquier persona para cualquier decisión no presupone su eticidad”.
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El informe del Comité de Bioética de Catalunya apoyando la legalización de la gestación subrogada ha sorprendido porque se ha conocido justo después de varios fallos del Tribunal Supremo que declaran nulos de pleno derecho los contratos con este tipo de transacciones porque vulneran los derechos de la mujer gestante y del bebé, y también después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pusiese en marcha nuevas medidas para intentar de atajar el recurso a vientres de alquiler en extranjero por parte de ciudadanos españoles.
En concreto, una instrucción del Ministerio de Justicia del pasado día 1 de mayo impide que se pueda inscribir de forma directa a los bebés nacidos por gestación subrogada incluso si hay una resolución judicial del extranjero que valida el procedimiento, algo que sí se podía hacer hasta esa fecha.
Fuentes del departament de Salut que encabeza Olga Pané han explicado que el posicionamiento del CBC responde a un encargo del anterior Govern y que ni siquiera entrarán a valorarlo. Por otra parte, cualquier regulación de la gestación subrogada —hoy tipificada como delito en el Código Penal español— requeriría una modificación de las leyes estatales y, por tanto, tendría que promoverse como iniciativa legislativa a tramitar en el Congreso y el Senado. Es decir, trasciende a las competencias de la Generalitat.
