Comprar entradas para un macroconcierto se ha convertido en una auténtica odisea para miles de fans. Cada vez que un artista de renombre anuncia gira en España –como ha ocurrido recientemente con Bad Bunny, que ofrecerá en 2026 doce conciertos, dos en Barcelona y diez en Madrid–, las plataformas de venta se colapsan ante la avalancha de usuarios.
Las colas virtuales acumulan cientos de miles de personas, mientras la sensación de urgencia y exclusividad lleva a muchos a confirmar una compra que, aunque inicialmente cuesta en torno a los 70 euros, puede acabar triplicándose por cargos añadidos que no siempre se especifican con claridad.
La plataforma debe informar del precio total antes de iniciar la compra
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció esta semana a Ticketmaster ante Consumo por el cobro “irregular y abusivo”. Por su parte, el Ministerio ya ha anunciado que investigará lo ocurrido. “Pedimos transparencia. Entendemos que las empresas tienen libertad para fijar los precios que consideren, pero lo que no pueden hacer es engañar al consumidor fragmentando el precio final en diferentes conceptos y sin cumplir con su obligación legal de informar del precio total antes de iniciar la compra”, expone Enrique García, portavoz de OCU.
A esto se suma, por ejemplo, un concepto que resulta un “oxímoron”: la donación obligatoria. Además, se aplica “sin ofrecer ninguna información sobre el destino de esa donación, ni sobre quién la recibe ni con qué fin”.
Imagen de archivo del Estadi Olímpic, en Barcelona, durante un concierto.
Si una donación es obligatoria, es un recargo
Esther Lorente, abogada experta en consumo, aclara que en la ley general de consumidores no están regulados los gastos de gestión ni sus límites. “Si la elección de la fecha, asiento y método de pago la está haciendo el comprador, ¿qué gestión te están cobrando?”, se pregunta. Por eso, considera necesaria una regulación al respecto que no de vía libre a las empresas a operar como consideren. En cuanto a la donación, “si el comprador no tiene la opción libre de decidir si dona o no, es un recargo y no es legal llamarlo donación”.
Otro frente abierto que ha denunciado OCU son los precios dinámicos, es decir, aquellas entradas que varían de precio en función de la oferta y la demanda del evento. “Estos precios incrementan de una forma desproporcionada y sin ningún tipo de justificación el precio de la entrada”, denuncia García. La distribuidora, por su parte, alega que es una práctica que llevan a cabo compañías aéreas y el sector hotelero.
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Fuentes de Ticketmaster aseguran que tanto “los precios, los gastos de gestión y la modalidad de venta, incluida la donación obligatoria, son decisiones tomadas por el artista y los organizadores del evento”.
Por otro lado, conciertos con gran demanda se ven expuesto a la reventa. La abogada Esther Lorente asegura que “la legislación actual no está adecuada para un mundo con internet”. Al no existir regulación, distribuidoras como Ticketmaster ofrecen la opción fan to fan para aquellos compradores que no puedan –o no quieran– disfrutar de su entrada la revendan, con un tope de incremento en el precio del 20%. En un simple vistazo en su web se pueden ver entradas de hasta 500 €. El vendedor es libre de poner el importe que quiera, pues no existe regulación alguna y la distribuidora se lleva un porcentaje de esa venta.
Formas de evitar la reventa
Distribuidoras como DICE han encontrado maneras para evitar la reventa. “Una vez realizada la compra, no enviamos un PDF con la entrada. El comprador recibe un correo de confirmación y le informamos de que para acceder a la entrada debe descargar nuestra aplicación”, explica Olivier Geynet, director de la compañía. La finalidad es impedir la reventa, pues solo se genera el QR a las pocas horas antes del inicio del evento y solo se puede acceder a él mediante la aplicación.
Por otro lado, si las entradas para un concierto están agotadas, la plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de apuntarse a una lista de espera. De este modo, quienes no puedan asistir pueden revender al mismo precio su entrada a alguien que se haya quedado sin ella.
Aunque la ticketera no incumple ninguna norma –dice la abogada– habría que regular esta práctica para evitar abusos. En este sentido, desde la OCU reivindican que se haga una norma parecida a la irlandesa donde sí se establece un límite razonable de reventa (20%).
Paralelamente, Esther Lorente advierte de los peligros de comprar fuera de las páginas oficiales.“Empresas como Viagogo ofrecen entradas de reventa a precios desorbitados e incluso entradas falsas”. Por si esto fuera poco, la compañía tiene su sede en Suiza, fuera de la UE, por lo que no se aplica la normativa europea de protección al consumidor y, si alguien quiere reclamar, debe hacerlo allí, lo que en la práctica deja a muchos compradores desprotegidos. Por eso, aconseja siempre acudir a los canales oficiales.
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'Hoja de reclamaciones' identificará posibles situaciones de abuso e informará al consumidor sobre cuáles son sus derechos. Esta sección aparecerá una vez por semana.
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La jurista anima a los compradores que reclamen ante la OCU o en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y que guarden el ticket de la compra y el justificante de pago para adjuntarlo. “Es una forma de ejercer presión, porque nadie va a ir a juicio por 35 euros. Para eso están las organizaciones de consumidores, que pueden emprender acciones colectivas. Y nosotros, como usuarios, también podemos hacer fuerza a través de estas asociaciones”.
