“Dense prisa si van a cometer algún crimen, últimas plazas disponibles en las prisiones, y se están agotando rápidamente”. Es una viñeta del humorista de The Daily Telegraph , pero bien podría ser un anuncio colocado en la fachada de alguna de las 142 cárceles que forman parte del sistema penitenciario del Reino Unido. Están más llenas que la playa de la Barceloneta un día de verano a 35 grados.
Para afrontar el problema, el Gobierno laborista que preside Keir Starmer ha decidido acelerar la puesta en libertad de los reos considerados no peligrosos y que cumplían penas cortas por delitos no violentos, y a quienes se les han colocado unas pulseras con geolocalizador para tenerlos controlados hasta que cumplan sus condenas. Otras medidas en la parrilla de salida son la conversión de edificios abandonados para que alberguen celdas temporales, el alquiler de espacio penitenciario a otros países, la reforma del sistema de sentencias con menos énfasis en la privación de libertad y más en los servicios comunitarios, la rehabilitación, y abordar las causas de la delincuencia, como la pobreza, una educación deficiente o cuestiones de salud mental.
Con 97.700 reos (1 por cada 142 habitantes), las prisiones del país han puesto el cartel de “estamos completos”
A más largo plazo, y teniendo en cuenta que la revolución de la inteligencia artificial está llamando a la puerta, el Gobierno ha organizado unas sesiones con representantes de algunas de las grandes compañías tecnológicas (Google, Palantir, Amazon, Microsoft, IBM...) para que le hagan propuestas y especulen sobre la gestión de los presos por el Estado en un futuro próximo. Y las recomendaciones han hecho que los grupos pro derechos humanos se lleven las manos a la cabeza.
Entre las ideas lanzadas (y que las firmas tech consideran viables) figuran poner a los reos chips subcutáneos que informen en todo momento de dónde se encuentran, sustituir a los actuales guardias de prisiones por robots humanoides programados para “controlarlos” y someterlos por la fuerza si es necesario, utilizar vehículos sin conductor para trasladarlos de unas instalaciones a otras, aplicación a gran escala de las técnicas de reconocimiento facial, observación en tiempo real de la conducta de las personas privadas de libertad, seguimiento biométrico de sus movimientos y análisis con ordenadores cuánticos para establecer pautas de conducta que puedan sugerir intentos de fuga. Un mundo distópico hecho realidad.
Dos agentes de la Policía Metropolitana de Londres patrullando la ciudad.
“Pone sencillamente los pelos de punta pensar que representantes del Gobierno se han sentado a la mesa para discutir como posibilidades reales la instalación de chips subcutáneos, la utilización de ordenadores y la inteligencia artificial para predecir el comportamiento de los presos, o recurrir a robots para que los vigilen”, dice Donald Campbell, director de Foxglo ve , una oenegé que hace campaña por un uso justo y humano de las nuevas tecnologías.
El plan del Gobierno ha hecho que los grupos pro derechos humanos se lleven las manos a la cabeza
Pero el Gobierno va claramente por esa línea, hasta el punto de que fue la propia ministra de Justicia, Shabana Mahmood, quien presidió el encuentro en Londres con las empresas tecnológicas y las animó a poner sobre la mesa ideas por estrambóticas y de ciencia ficción que puedan sonar en este momento. “La opinión pública espera que exploremos planes que ayuden a combatir el crimen, gestionar de manera eficiente a los delincuentes y hacer que la gente se sienta segura”, es la respuesta de un portavoz oficial a las organizaciones pro derechos humanos.
El colapso del sistema judicial del Reino Unido no está circunscrito a la sobrepoblación de las cárceles (hay un total de 97.700 reos, o uno por cada 142 ciudadanos), sino que se extiende a un atasco en la celebración de juicios (pueden tardar años) y en la pronunciación de sentencias, haciendo que personas declaradas inocentes se pasen largo tiempo en prisión preventiva. El primer ministro Keir Starmer ha encargado un informe para reducir el número de presos en diez mil, y ha prometido construir cárceles adicionales “cuando haya dinero”, algo en extremo improbable a corto y medio plazo dado el estado precario de las finanzas del país.
Starmer ha encargado un informe para reducir el número de presos en diez mil
Pero todas las propuestas que contemplan una reducción de penas para los delitos no violentos, un énfasis en la rehabilitación y que los condenados viven en sus casas con pulseras dotadas de geolocalizador se encuentran con la feroz oposición de un sector de la sociedad que, atizado por las redes sociales y los medios y grupos políticos de ultraderecha, clama justamente por todo lo contrario bajo la bandera de la ley y orden.
¿Habrá herramientas en un futuro próximo que permitan predecir las pautas de comportamiento de las personas y sus intenciones de cometer un crimen? ¿Sustituirán los chips subcutáneos a las pulseras que delatan la ubicación de los presos? ¿Serán trasladados de una cárcel a otra en vehículos sin conductor? ¿Se encargarán los robots de la seguridad de las prisiones? ¿Ayudarán a la rehabilitación asesores de IAl? El Gobierno británico cuenta con ello, y la historia sugiere que casi todo lo que el hombre imagina (y no digamos las compañías de alta tecnología) acaba haciéndose realidad, aunque no sea necesariamente algo bueno.
