La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dirigido una carta a Michael McGrath, comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, y a Hadja Lahbib, comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, para transmitirles “la preocupación de España en relación a las garantías del interés superior del menor en contextos transfronterizos”, especialmente en litigios ligados a situaciones de violencia de género, y en concreto en relación al caso de Juana Rivas. A juicio de Redondo, el caso de Juana Rivas presenta un reto significativo para la coherencia del sistema judicial europeo en materia de protección infantil.
Las cartas fueron remitidas el pasado 16 de julio, dos días después de que un juzgado decretara que el hijo menor de Juana Rivas deberá regresar a Italia con su padre, tal y como indicó la justicia italiana. Se trata del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que ha desestimado el último recurso presentado por la defensa de la madre del menor para frenar que se cumpla la sentencia que otorga la custodia al padre, el italiano Francesco Arcuri. El próximo 22 de julio deberá entregar al menor en el Punto de Encuentro Familiar de Granada. El niño lleva en España con la madre desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor.
La ministra de Igualdad se dirige a los comisarios “para expresar formalmente mi preocupación por el reciente desarrollo del caso de Juana Rivas, en el que un tribunal italiano ha ordenado la devolución del menor, Daniel, a su padre -contra quien existe un procedimiento penal abierto por presuntos maltratos-, mientras que las autoridades españolas están estudiando medidas cautelares de protección”.
La justicia española ordena que el hijo de Juana Rivas regrese a Italia con el padre, su presunto maltratador
Redondo pide la realización de evaluación urgente de la aplicación del interés superior del menor en este caso concreto, especialmente en relación con la situación penal abierta contra el padre. Asimismo, solicita orientaciones claras y vinculantes a los Estados miembros sobre cómo operar la evaluación sustantiva del interés superior del menor cuando existen señales de violencia, incluso si ello entra en tensión con resoluciones transfronterizas.
La ministra además pide que se valore la posibilidad de los Estados miembros activen los mecanismos que establecen reglamentos y directivas europeas que permiten a los tribunales denegar la ejecución de una orden si hay riesgo cierto para el menor.
Y señala, como cuarto punto, que se promueva la audiencia directa del menor, de manera reiterada, como salvaguarda imprescindible y conforme a las normas europeas de protección infantil.
Redondo pide que se escuche al menor “como salvaguarda imprescindible y conforme a las normas europeas de protección infantil”
Este punto se refiere hace referencia al Juzgado de Familia de Granada que desestimó en el citado auto la última petición de Rivas de escuchar al menor antes de ejecutarse la resolución italiana que exige la vuelta del niño con el padre “no porque no tenga éste una edad adecuada o suficiente juicio” o “porque no deba ser oído un menor en relación con las medidas que le afectan, sino porque la audiencia del menor no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y de la que, por ende, no se debe abusar”.
La ministra realiza estas peticiones en base a la respuesta de la Comisión Europea, el 19 de febrero de 2025, en la que deja claro que el interés superior del menor es una prioridad fundamental para la Unión Europea y que la defensa de dicho interés es un principio rector de la Directiva sobre violencia contra las mujeres.
Esta es la respuesta que la Comisión Europea dio a una pregunta de una eurodiputada sobre la obligación de la Unión y los Estados miembros de proteger y promover los derechos de la infancia y garantizar que siempre prevalezca el interés superior del menor, incluso en contextos transfronterizos y la necesidad de que las leyes nacionales no discriminen por nacionalidad o lugar de residencia, ni asuman que el interés superior del menor radica en permanecer en un Estado en particular.
