Adaptar el lenguaje judicial y hacerlo más comprensible para las personas a las que va dirigida una sentencia. Bajo esta premisa trabaja una magistrada catalana de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que recientemente se ha visto obligada a emitir un voto particular para poder explicar la sentencia a un niño de 10 años con autismo al que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias le había denegado el reconocimiento del 45 % de discapacidad. La sala falló a favor del menor, pero solo la jueza Gloria Poyatos consideraba que además había que dedicar un apartado de la sentencia a explicar al afectado la decisión. Su manera de proceder recuerda a la de la jueza Isabel Giménez, que reserva parte del texto judicial a explicar su decisión a los niños a los que afecta.
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“Nos dirigimos a ti, Aureliano… Nos has contado que te cuesta un poco más que al resto de niños y niñas atender en clase… Hemos estudiado tu caso, y tienes toda la razón, Aureliano te vamos a apoyar”. Son algunas de la decena de líneas que la jueza Gloria Poyatos, presidenta de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cofundadora de la Asociación de mujeres juezas, se reservó para explicar a Aureliano (nombre ficticio para preservar su intimidad) su decisión. El menor tiene un trastorno del espectro autista (TEA), unas “relaciones sociales diferentes” y requiere de adaptaciones curriculares, cuenta la magistrada en conversación con La Vanguardia. Dadas las necesidades especiales del menor, su familia había solicitado un grado de discapacidad que la Consejería de Derechos sociales le denegaba (le concedía un 15 %, pero solicitaban un 45). El TSJC le dio la razón, pero únicamente Poyatos consideró que el menor tenía también derecho a que la sentencia le explicara la decisión de forma que pudiera entenderla. La misiva, incluida en el texto de nueve páginas, incluye también la explicación del voto particular de la magistrada.
Voto particular
“Propuse la posibilidad de recoger la adaptación”, explica Poyatos. La magistrada se escuda en una larga lista de leyes que respaldan su decisión: desde la Convención de los Derechos del Niño, hasta las Reglas de Basilea, pasando por la Carta de los derechos a los ciudadanos. Todas ellas las alega en el escrito en el que también defiende que “la adaptación del lenguaje de las resoluciones judiciales cuando afecten a personas menores de edad, no es una opción de quien juzga, sino una obligación”. Para Poyatos, no obstante “el mandato que interpela frontalmente a quienes juzgamos viene del artículo 9 1º 3º de la ley orgánica 5/2024 que dice que los actos y comunicaciones procesales se redactaran en lenguaje claro de manera accesible, sencilla de forma que permitan conocer a sus destinatarios las consecuencias del acto procesal”. Y considera que esta adaptación se debe hacer aunque los menores cuenten con asistencia letrada.
La magistrada Gloria Poyatos presidenta de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Con las leyes como base, Poyatos hizo dos párrafos teniendo en cuenta las circunstancias personales y psicológicas del niño. “También tuve en cuenta mi experiencia vital porque tengo una hija que ha tenido 10 años”, explica. Y lamenta lo “críptico” que puede ser el lenguaje jurídico. Pero tuvo que “tirar” del voto particular para poder hacer esta explicación más sencilla. La magistrada aclara que respeta la decisión de sus compañeros de declinar adaptar el lenguaje y lamenta que el problema está en la falta de formación al respecto. “Sería deseable que el Consejo Superior del Poder Judicial nos apoye y nos de formación”, apunta. Porque Poyatos lamenta que “no nos entrenan para diseñar resoluciones comprensibles para quienes no son juristas”. Reclama el “derecho a entender” de la ciudadanía y se pregunta “¿De qué sirve si un ciudadano no entiende lo que le decimos?”. La magistrada apuesta por caminar hacia una justicia más “entendible” y lamenta que no es “fácil” creer en justicia si no se comprende lo que dice.
¿De qué sirve una sentencia si un ciudadano no entiende lo que le decimos?”
Poyatos aclara que no pide cambiar la redacción de las sentencias ni que no se emplee el lenguaje jurídico. Pero cree que esta adaptación se puede conseguir y cumplir mediante un párrafo final que, de forma resumida, explique a la persona destinataria su decisión.
La jueza reconoce que no es “fácil” dictar votos particulares, pero no es la primera vez que lo hace. Lleva tres. Una de las sentencias afectaba a una joven de 16 años huérfana que solicitaba pensión de orfandad de su padre con problemas de alcoholismo, una circunstancia por la que en algunos periodos no trabajó ni cotizó. “Aplico la teoría humanista que el Tribunal Supremo tiene en casos de enfermedad que impide a la persona poder cotizar durante un tiempo como es el alcoholismo crónico”, cuenta.
El triple efecto de la sentencia a Aureliano
El caso de la magistrada Gloria Poyatos recuerda al de Isabel Giménez, una jueza substituta que escribe cartas a los niños explicando sus sentencias aplicando perspectiva de género y de infancia y que ha recibido reconocimientos por ello. Y Poyatos cree que es cuestión de tiempo que más colegas se unan: “Isabel lo hace, yo lo hago y lo voy a seguir haciendo aunque sea en voto particular…”. Para ella no es una opción, es una “obligación”. “El mandato nos interpela”, asegura. El Tribunal Constitucional de Colombia ya adapta su lenguaje en las sentencias y también sucede en Argentina y en México, apunta.
En el caso de Aureliano, considera que la sentencia ha tenido un efecto “triple” porque no solo resuelve el conflicto favorablemente, sino que además es “comprensible” y también “terapéutica” por el contenido que tiene. “Empaticé y me coloqué en un registro entendible”. Algo que considera fundamental en los juzgados.
