Lo bueno de los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que pueden satisfacer a casi todo el mundo, dando validez a la máxima del poeta Ramón de Campoamor: “Nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira”. Así sucede, por ejemplo, con la nacionalidad de las personas condenadas con sentencia firme en España durante el 2024. La mayor parte (el 71,4%) tenía nacionalidad española.
Esa afirmación dará la razón a quienes critican los discursos xenófobos. Pero los partidarios de poner colores a los delitos se aferrarán a otra conclusión del INE (a otro cristal) para intentar validar sus posturas racistas: “Atendiendo a las personas de 18 años o más por cada mil habitantes, la tasa de condenados de nacionalidad extranjera fue del 15,7, es decir, superior en 2,5 veces a la de los de nacionalidad española (6,2)”.
Son datos relativos a mayores de edad. ¿Qué sucede con los menores? También en este caso la abrumadora mayoría de los condenados (el 80%) tenía nacionalidad española, si bien la tasa de condena entre jóvenes de 14 a 17 años por cada mil habitantes fue del 5,8 entre los españoles y de casi el doble entre los venidos de fuera, el 10,9. La cifra de condenas firmes entre adultos aumentó un 9,4%; y entre menores, un 3,6%.
Se trata, en cualquier caso, de tantos por ciento asépticos. Números, cifras, y porcentajes que la sociología y criminalística deben contextualizar. De lo que no cabe duda es de que el año pasado se juzgaron 455.705 delitos cometidos por adultos, un 13% más que en el 2023. Por tipología, los que tuvieron una mayor incidencia fueron los relacionados con la seguridad vial (22,6% del total), las lesiones (17,2%) y los hurtos (16,1%).
Las videocámaras y la delincuencia
En el mismo periodo analizado fueron 24.561, un 3,8% más, los delitos cometidos por menores (de entre 14 y 17 años: más jóvenes son inimputables, aunque a sus padres o tutores sí se les puede achacar la responsabilidad civil de sus acciones). Las infracciones más frecuentes fueron: lesiones (31,6%), robos (15,8%) y amenazas (9,8%). La media de caídas o delitos por menor condenado (1,8) es algo superior al de los adultos (1,5).
En las sentencias por delitos sexuales coinciden mayores y menores. Las condenas por estos hechos crecieron entre los primeros (3.936, un 37,3% más) y entre los segundos (550, casi un 28% más). El aumento retoma la tendencia alcista interrumpida en el 2023, cuando se experimentó un descenso en los atentados contra la libertad sexual. Es un aumento, sin embargo, que debe tomarse con cautela, como advierte el propio INE.
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La razón de esa cautela se resume en una quimera: el juicio debería seguir al delito como la sombra al delincuente. Por desgracia, en la mayoría de casos no es así y las estadísticas “se refieren a sentencias firmes dictadas en el año de referencia por delitos cometidos tanto en el 2024 como en años anteriores”. Esta es también la razón de que el INE se refiera a delitos que ya no existen, o que han sido subsumidos en otros tipos penales.
Como los juicios que analiza el Instituto Nacional de Estadística pueden remontarse muy atrás en el tiempo, sus porcentajes todavía aluden al delito de abuso sexual, que fue eliminado del Código Penal por la Ley Orgánica 10/2022 y englobado en el epígrafe de agresión sexual. Sin embargo, los casos pueden ser juzgados según la legislación anterior, por lo que los abusos pueden seguir apareciendo todavía durante más ejercicios.
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¿Dónde se tiene más posibilidad de sufrir un delito? Según las estadísticas que se acaban de hacer públicas, en las ciudades autónomas de Ceuta (21,4 delitos por cada mil habitantes) y Melilla (18,2), seguidas a corta distancia por las islas Baleares (14,9). En el podio inverso, el que registra las menores tasas, se encuentran Galicia (8,9), Madrid (9) y Castilla-La Mancha (9,2). .
La plata cosechada por Madrid quizá sorprenderá a muchos lectores, pero conviene recordar que no hablamos de cifras globales, sino de índices de delitos cometidos por cada mil habitantes. La capital de España y las otras dos comunidades con las que comparte podio están por debajo de la tasa nacional (11,2 delitos por cada mil habitantes). Catalunya, por el contrario, con 11,5, supera por unas décimas esa media.
