La Generalitat gestionó las ayudas sociales “con un software que equivalía a un bloc de notas”
En legislaturas anteriores
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, explicó ayer en la comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament los cambios que ha hecho su conselleria para acabar con los pagos indebidos
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, durante su comparecencia ayer en la comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, compareció ayer en la comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament para dar cuenta del informe que esta institución fiscalizadora hizo público en junio y en el que su Departament no quedaba en muy buen lugar. El escrito analizaba las prestaciones sociales abonadas por Drets Socials desde el 2016 al 2024 y cifraba en 167 millones de euros los pagos indebidos realizados en ese periodo. En su comparecencia, Martínez Bravo explicó qué originó esos desembolsos incorrectos y, entre otras cosas, señaló al sistema informático con el que contaba antes el Departament, que calificó como “un software equivalente a un bloc de notas”. La consellera aprovechó su intervención para anunciar que Drets Socials ya ha recuperado 70 millones (53%) del total de 167 que se pagaron indebidamente, que espera recuperar entre un 80% y un 90% y que su conselleria impulsará la condonación de los pagos indebidos a jóvenes extutelados bajo el amparo de la antigua DGAIA (hoy DGPPIA: Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia).
Con la voluntad de ser pedagógica –arguyó la consellera al inicio de su comparecencia frente a los distintos grupos parlamentarios–, Martínez Bravo arrancó su intervención señalando que un pago indebido “no es una irregularidad”, sino un desembolso que no corresponde al haber habido un cambio en la situación social del receptor que la Administración detecta meses después, momento en que lo reclama.
Eso es lo que ha sucedido con la mayoría de pagos incorrectos a jóvenes extutelados, que suponen un 2% de esos 167 millones –“un volumen minoritario”, precisó la consellera. En el 85% de los casos de los casi 3.700 expedientes en los que el Departament ha detectado indicios de estos desembolsos que no proceden, los jóvenes habían iniciado una actividad laboral, situación que desconocía la Administración, que tardó meses en ajustar la prestación.
Para Martínez Bravo, quien sufre realmente estos pagos son las personas vulnerables, “que no tenían previsto tener que devolver una cantidad de dinero”. En este sentido, recordó que hay jurisprudencia europea que señala que dicha situación es un perjuicio para estas personas.
Cosa bien distinta son las presuntas irregularidades que la Oficina Antifrau de Catalunya está investigando gracias a la denuncia de un educador social –hoy testigo protegido- de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, que se encargaba del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica (Sevap) de estos jóvenes. Una situación que, según el informe presentado en junio por la Sindicatura de Comptes de Catalunya, “podría dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente”. En este sentido, la consellera anunció que, al respecto, hay una auditoría abierta que podría tener sus conclusiones listas en breve.
De la misma manera que ocurre con los jóvenes extutelados, la mayoría de prestaciones que se abonaron indebidamente (más de 36 millones de euros, un 22% del total de los 167 millones pagados indebidamente) a personas que perciben la renta garantizada de ciudadanía se debieron también, según indicó la consellera, al inicio de una actividad laboral de esos ciudadanos de la que la Administración tuvo constancia tiempo después.
Sin dejar de reconocer la gravedad del problema –“es una situación que hay que abordar”, señaló la titular de Drets Socials– y en su afán por ser pedagógica, Martínez Bravo aprovechó la ocasión para contextualizar esos 167 millones abonados indebidamente dentro del total de prestaciones que el Departament abonó entre el 2016 y el 2024. Recordó que suponen un 1,6% de los pagos satisfechos, que ascendieron a más de diez mil millones de euros. Lo que sí es una “problemática importante” –añadió- son los pagos que prescriben y que la Administración no puede recuperar (tiene cuatro años para hacerlo). De esos 167 millones, 7 ya han prescrito.
Gracias a los cambios que se empezaron a implantar en el 2023 (que instauró el Govern de Pere Aragonès cuando se detectó ese volumen de desembolsos incorrectos y que la actual conselleria ha impulsado), es factible prever –al menos eso se desprende del discurso de Martínez Bravo– que no se volverá a alcanzar este “elevado volumen de pagos indebidos”, como los calificó la Sindicatura de Comptes en su informe de junio.
“El informe no representa la calidad actual de la gestión de las prestaciones. Es una foto del 2022. Ha habido avances radicales”, destacó la consellera. Entre estos, la detección en un espacio breve de tiempo de pagos incorrectos. “Se ha pasado de un 10% de expedientes activos revisados a un 100% en el 2023”. Una revisión que se realiza una vez al mes y permite detectar cualquier cambio en la situación del perceptor .
Entre los cambios impulsados por Drets Socials, está el fortalecimiento de la infraestructura digital, que “estaba obsoleta, con un software equivalente a un bloc de notas”, en palabras de Martínez Bravo. “Había ausencia de mecanismos automatizados”, remarcó. En los años previos al 2023, no solo faltaban recursos técnicos, dijo, sino también humanos. “Había 26 plazas vacantes para gestionar las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía, la mayor de todas las que se otorgan. Es decir, faltaba un 24% de los recursos humanos para gestionar esta prestación”, apuntó. El Departament, aseguró, ya lo ha resuelto. Martínez Bravo también anunció el despliegue de un plan integral para garantizar la buena gobernanza para, entre otros aspectos, identificar los principales puntos de mejora en los procesos de tramitación de las prestaciones.