La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva con la idea, desde hace tiempo, de reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, lo que permite a los progenitores acceder, fundamentalmente, a ayudas familiares y beneficios fiscales. Y esa ambición está a punto de plasmarse en una ley que el Gobierno regional espera que esté aprobada en marzo mediante una tramitación por lectura única (gracias al nuevo reglamento de la Asamblea de Madrid, con mayoría del PP).
La normativa se enmarca en la estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 de la Comunidad de Madrid y pretende garantizar una cobertura específica en beneficio de las familias. Desde el Gobierno regional se asegura que Madrid será la primera comunidad en dar este reconocimiento con carácter general. Solo Galicia cuenta con un certificado que permite a familias que esperan un hijo acceder a beneficios de familia numerosa antes del parto.
Pero la norma de Madrid va más allá. Así, en el ámbito de las competencias de la administración madrileña, se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, entre ellas las becas para el estudio de Bachillerato, el primer ciclo de educación infantil en centros privados, comedor escolar o el alquiler joven.
Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas previstas para las familias numerosas, como la gallega (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha indicado en varias ocasiones que las familias con dos hijos y un tercero en camino debe ser considerado para otorgar los beneficios fiscales de familia numerosa).
El Gobierno de Madrid prevé que la norma que reconoce al concebido no nacido entre en vigor en marzo
La futura norma madrileña también se extenderá a las ayudas fiscales de la comunidad, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.
Una vez que la ley autonómica entre en vigor, las familias podrán solicitar estas subvenciones acreditando el embarazo a través de la presentación de un informe médico, que certifique la semana de gestación, así como la fecha prevista para el parto, informan fuentes del Gobierno regional.
Aunque esta norma es anterior a la polémica suscitada por la negativa de Ayuso de cumplir lo que la ley del aborto establece en relación con la creación de un registro de médicos objetores de conciencia, la realidad es que el impulso de la misma y, sobre todo, su publicitación por parte de su equipo, se explica en este contexto. Ayuso se muestra como gran defensora de la maternidad (algo que siempre ha hecho), frente al aborto que ahora rechaza, pese a que ella siempre se ha mostrado a favor de ese derecho.
Una de las cuestiones que queda por aclarar en esta futura ley que reconoce al no nacido como hijo es si para solicitar ese reconocimiento será preciso estar embarazada de determinadas semanas o valdrá desde el mismo momento que el médico lo pueda certificar (semana 4-6). Fuentes del equipo de Ayuso han indicado a Guyana Guardian que “podría” contar desde la semana 20, en el ecuador del embarazo. O desde la semana 12, cuando el riesgo de abortos espontáneos disminuyen de manera notable.
Galicia admite como familias numerosas a aquellas con dos hijos y un tercero en camino
De esta forma, también, se reduce la posibilidad de que cualquier mujer embarazada que decida voluntariamente abortar solicite previamente la consideración del no nacido como hijo a efectos de la unidad familiar ya que la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen antes de la semana 8 de gestación.
Desde el Gobierno de Ayuso se insiste en que la estrategia en la que se inscribe esta futura norma pretende fomentar la natalidad para luchar de forma eficaz contra el envejecimiento poblacional de la región; apoyar y proteger la maternidad y la paternidad para prevenir y acabar con los obstáculos laborales, económicos y sociales que dificulten la toma de decisión de tener hijos; y facilitar tanto la conciliación de la vida familiar, laboral y personal como la corresponsabilidad.
