Quince años después de que el aborto se incorporara a la cartera de servicios de la sanidad pública, el acceso a este derecho, a través de centros públicos, sigue dependiendo del lugar donde se viva. En Madrid o Andalucía, abortar en un hospital público es casi imposible: más del 99% de las interrupciones del embarazo se practican en clínicas privadas concertadas, donde la interesada, al ser derivada por la sanidad pública, no tiene que costearse el proceso. En cambio, en comunidades como Catalunya, Galicia o Cantabria, la mayoría de mujeres pueden hacerlo en centros públicos.
La ley es la misma para todas; pero la realidad, no. En Madrid, esa brecha se ha hecho mediática en las últimas semanas. El Ayuntamiento aprobó una moción de Vox basada en el denominado “síndrome post-aborto”, una teoría sin respaldo científico que asocia la interrupción del embarazo con traumas psicológicos. La norma obliga a los trabajadores municipales a informar a las mujeres que tienen intención de abortar sobre este supuesto síndrome. Tras el revuelo generado, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, matizó que solo se informaría a las mujeres que quisieran.
Pocos días después, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, llegó a afirmar que las mujeres podían “irse a abortar a otro lado”, frase que ilustra hasta qué punto la aplicación del derecho puede depender de la orientación política del territorio.
Ante este escenario, el Gobierno pretende blindar el aborto incluyéndolo en la Constitución para garantizar que su acceso no dependa de quién gobierne ni de la ideología del territorio.
De las 21.761 IVE realizadas en Catalunya en el 2024, un 55,14% tuvieron lugar en centros públicos
“Aunque tenemos una ley que es estatal y aplica a toda España, al estar las competencias transferidas a las comunidades cada una la implementa de la manera que quieren sus gobernantes”, advierte a La Vanguardia , Sílvia Aldavert, politóloga y directora la Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
“A la práctica, es como si cada una tuviera una ley distinta: las diferencias entre comunidades autónomas son muy importantes”, añade. Andalucía y Madrid son las dos comunidades de España donde más mujeres de entre 15 y 44 años abortan en centros privados, derivadas por la sanidad pública. El 99% de los más de 19.700 y 18.100 abortos que se practicaron en el 2024 en ambas comunidades ocurrieron en centros privados. Solo 41 mujeres en Andalucía y 86 en Madrid lo hicieron en centros sanitarios públicos: un 0,2% y un 0,47%, respectivamente.
Esta realidad se da también en otras comunidades. En Castilla-La Mancha apenas se alcanzó el 0,06% del total de abortos en la pública, y en Extremadura, Ceuta y Melilla no se llegó a practicar ninguno.
“Si no se hacen IVE en los mismos centros donde se las mujeres paren, es porque no hay voluntad de hacerlo”
Casos como el de Catalunya, muestran que las cosas se pueden hacer de manera diferente: durante el año pasado, el 55% de los 21.761 abortos que se practicaron en esta comunidad fueron en centros públicos.
Aunque las clínicas en las que se efectúan de manera mayoritaria las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en comunidades como Andalucía o Madrid son de titularidad privada, la interesada no tiene que pagar. “Sí, son privadas, pero hay una derivación que se hace desde la pública, por lo que se paga con dinero público. Y es importante remarcarlo”, arguye Aldavert.
“Hay quien dice que están incumpliendo la ley, pero no es así. Están garantizando que esa derivación esté dentro de la cartera de servicios. Luego podemos debatir si estamos de acuerdo o no con el modelo de sanidad público-privada, pero ese es un debate general que afecta a toda la sanidad, no solo al aborto”, agrega.
“A la práctica, es como si cada comunidad autónoma tuviera una ley distinta”
El origen de estas clínicas privadas se remonta a 1985, cuando en España se despenalizó el aborto. Desde ese momento hasta el 2010 (año en que se aprobó la primera ley de salud sexual y reproductiva y el aborto pasó a estar dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública) todas las IVE se hicieron en esas clínicas y era la interesada quien se la pagaba de su bolsillo.
Cuando en julio del 2010 entró en vigor la nueva ley, “la red pública no estaba preparada”, recuerda Aldavert. Y 15 años después, parece que todavía queda mucho por hacer. “Se necesitan más recursos, triplicar el presupuesto alctual”. En algunos casos, y según esta politóloga, no se ha avanzado de manera premeditada. “Ha habido muchos cambios políticos y poca voluntad desde la política de hacer un seguimiento de la ley para que se implementara correctamente”.
La moción impulsada por Vox en Madrid y que está vigente es solo el último ejemplo. En el 2023, el Gobierno de Castilla y Léon quiso implementar medidas como ofrecer a las mujeres que querían abortar la posibilidad de escuchar el latido del feto o ver una ecografía 4D.
Aragón, Asturias, Baleares y Madrid no han creado el registro, obligado por ley, de profesionales objetores
Aldavert denuncia incluso que recientemente algunos ayuntamientos, como el de Sevilla o Alicante, han abierto con dinero público oficinas llamadas de la maternidad, para disuadir a las mujeres de que aborten. “Todo esto no ayuda para nada a que se cumpla la ley”.
También se incumple la norma -en este caso la reforma de la ley realizada en el 2023- en la obligatoriedad por parte de las comunidades y de Ingesa (encargada de gestionar la sanidad en Ceuta y Melilla) de disponer de un registro de profesionales objetores de conciencia -es decir, ginecólogos, anestesistas, enfermeras auxiliares y matronas- tanto para el ámbito público como para el privado. A fecha de septiembre del 2025, todas (también las ciudades autónomas) han desarrollado el registro salvo cuatro: Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid.
También hay incumplimientos –defiende Aldavert- en cuestiones como la proximidad. “Queremos que las mujeres, allí donde dan a luz, puedan abortar. Porque es su centro de referencia y de proximidad, y donde generan un vínculo. Queremos que las mujeres del Pallars, la Seu, Manresa, Berga o Lleida, por ejemplo, puedan abortar en su zona y no tengan que desplazarse como si estuvieran haciendo algo malo”.
La farmacológica, la vía mayoritaria en la pública
Cantabria o Galicia alcanzan cuotas elevadas de IVE en la pública. No obstante, el sistema que están utilizando casi en exclusiva es la interrupción farmacológica. “Los dos métodos, el farmacológico y el quirúrgico, deberían estar disponibles en todos los sitios”, arguye Aldavert. Ambos, recuerda, están recomendados por la OMS. El farmacológico, por protocolo, se puede realizar durante las primeras nueve semanas, mientras que el quirúrgico puede efectuarse en cualquier momento. ¿Por qué la pública usa más el farmacológico? El quirúrgico necesita de una formación de los profesionales y un espacio habilitado para realizarlo. Luego está la cuestión de la objeción de consciencia -“para los profesionales, no es lo mismo dar un fármaco que realizar una intervención”- y, cómo no, del dinero: “Es más barato un aborto farmacológico. Si lo haces a nivel individual, te puede costar máximo 150 euros [uno quirúrgico ronda los 380 euros en adelante]”.
En este sentido, cita una sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a una mujer de Murcia que tuvo que acudir a Madrid para someterse a una IVE. “El fallo dice que las mujeres deben poder abortar en un centro de proximidad”. Para Aldavert, hacer un seguimiento de un embarazo y, posteriormente, ayudar a dar a luz a una mujer es mucho más complicado que realizar un aborto. “Si no se están haciendo IVE en los mismos centros donde se realizan los alumbramientos es porque no hay voluntad de hacerlo. Hay una ley, y hay que cumplirla”, concluye.
Las IVE, en cifras
Por franjas de edad, las mujeres de 20 a 24 años son las que más realizan una interrupción voluntaria del embarazo en España. En el 2024, la tasa por cada 1.000 mujeres alcanzó el 19,56 (20,28 en el 2023). Luego vendría el grupo de los 25 a los 29 años (18,04), el de los 30 a los 34 (14,99), el de 35 a 39 (11,04), el de 19 y menos años (9,15) y, por último, el de 40 o más (4,69). La mayoría de los abortos se llevan a cabo en las primeras ocho semanas de embarazo (76,59% en el 2024). Más lejos quedan las realizados entre la semana 9 y 14 (19,15%), de la 15 a la 22 (4,11%) y a partir de la 23 (0,15%). Mientras, el motivo mayoritario es a petición de la mujer (94,62%), seguido por un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada (2,65%), riesgo grave de anomalías en el feto (2,44%) y, por último, anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable (0,27%).
