Investigación policial de dos años de duración en Tarragona sin precedentes en España por el modus operandi y por la dimensión de la estafa al sistema de protección de menores migrantes no acompañados. La Policía Nacional, en colaboración con la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (la antigua DGAIA), ha desarticulado una red formada por al menos 30 padres extranjeros que viajaban a territorio catalán junto a sus hijos para hacerlos pasar como menores migrantes no acompañados. El fraude a los servicios sociales ha superado los 1,5 millones de euros.
Hasta ahora, 22 menores ya han sido devueltos a sus padres, por lo que dejan de estar tutelados por la Generalitat. “Se considera que ha habido un delito de abandono de menores porque se ha comprobado que estas familias sí podían hacerse cargo de sus hijos en buenas circunstancias”, explicó ayer la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo.
Los propios padres instruían a los vástagos y los dejaban cerca de comisarías o centros de acogida
Las indagaciones policiales empezaron en noviembre de 2023 al detectar la llegada de menores que se presentaban en comisaría o en centros de acogida de menores de las comarcas de Tarragona, explicando que habían viajado solos a España. La investigación ha permitido descubrir que detrás se escondía una red que planificaba la llegada de las familias con los menores a su cargo utilizando para ello visados turísticos. Su objetivo, después de llegar a España, hacer pasar a sus propios hijos como niños y adolescentes migrantes en situación de total desamparo.
Las familias instruían a los vástagos para engañar a los servicios sociales y lograr que pasasen a formar parte de los programas de protección de menores migrantes. La estrategia consistía primero en dejarles en la proximidad de una comisaría, centros de acogida u otros organismos públicos.
Una vez aquí, niños y adolescentes se declaraban en situación de desamparo para activar el sistema de protección y ser ingresados en centros tutelados. “El objetivo principal es que las instituciones públicas asuman los costes de manutención, educación y salud, a la vez que se facilita el camino para una futura reunificación familiar y la obtención de permisos de residencia para los menores”, sostiene la investigación.
Los agentes han identificado incluso dos perfiles tipo entre las familias implicadas en el fraude. Progenitores con un poder adquisitivo medio y alto y múltiples visados para moverse por el espacio Schengen, dentro de la Unión Europea. Se trata de familias que viajan para abandonar a los menores para después regresar a su país, manteniendo contacto telefónico.
La segunda tipología de familias está formada por padres con una capacidad económica mucho menor. Después de instruir a sus hijos, siguen viviendo en España y mantienen visitas programadas a los centros.
Bautizada como la operación AME, la investigación se apoyó en la Generalitat a través de informes de los menores remitidos por la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència. De esta forma, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional ha ido recopilando en los dos últimos años información detallada sobre la entrada en territorio español de los menores migrantes junto a sus familias, con la localización de los progenitores.
Los padres que se han ido localizando, hasta ahora una treintena, han sido detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración. Además, se están cuantificando los gastos pagados por la administración pública para el cuidado de estos menores supuestamente en situación de desamparo mientras estuvieron bajo la tutela de la Generalitat para incluirlos en el atestado policial. Las investigaciones continúan abiertas con el análisis de nuevos expedientes.
Hasta ahora, se han localizado un total de 124 expedientes de menores en centros de acogida de la provincia de Tarragona que cumplen con las características del presunto fraude. Se han analizado 109 de los casos, con la tramitación de 28 atestados.
