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Bruselas acusa a TikTok y Meta de violar la ley al restringir a investigadores el acceso a sus datos

DSA

La Ley de Servicios Digitales obliga a las grandes plataformas a contar con medidas sólidas para mitigar la difusión de contenidos ilícitos y nocivos

Shou Zi Chew, CEO de TikTok, junto a Mark Zuckerberg, CEO de Meta 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

La Comisión Europea vuelve a poner el foco en las grandes empresas tecnológicas. Esta vez, por su preocupación por el tipo de herramientas que ofrecen TikTok, Facebook e Instagram para investigar y denunciar los contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores en las redes sociales. El Ejecutivo comunitario ha considerado que el gigante tecnológico estadounidense Meta (propietario de Facebook e Instagram) y la aplicación de redes sociales de propiedad china TikTok complican la manera de que los investigadores soliciten acceso a datos públicos.

Esta amenaza no es menor, porque si no logran resolver las inquietudes del Ejecutivo comunitario estas tres empresas se arriesgan a una multa del 6% de su facturación anual por incumplir la Ley de Servicios Digitales Europea (DSA, por sus siglas en inglés), a la que se deben someter las grandes compañías digitales, los llamados guardianes de acceso a la red, con más de 45 millones de usuarios al mes en el bloque comunitario. Un 6% de sus ingresos anuales significa, para TikTok, unos 1.190 millones de euros, y para Meta, unos 2.350 millones.

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En un comunicado, la Comisión también afirma que Facebook e Instagram, propiedad de Meta, no parece tener un mecanismo de fácil uso y acceso para que los usuarios puedan señalar contenidos ilegales, como material de abuso sexual infantil y contenido terrorista. “No estamos de acuerdo con ninguna sugerencia de que hayamos infringido la DSA y seguimos negociando con la Comisión Europea sobre estas cuestiones. En la Unión Europea, hemos introducido cambios en nuestras opciones de notificación de contenidos, el proceso de apelación y las herramientas de acceso a los datos desde la entrada en vigor de la DSA, y estamos seguros de que estas soluciones se ajustan a lo que exige la legislación de la UE”, ha indicado Meta en una primera respuesta.

Sin embargo, Bruselas concluye esto después de investigar la operativa de estas plataformas y llegar a la conclusión de que esta falta de acceso a los datos públicos impide que los investigadores puedan controlar a las plataformas en asuntos tan graves como si los menores están o no expuestos a contenidos ilícitos o dañinos. “Las conclusiones preliminares de la Comisión muestran que Facebook, Instagram y TikTok pueden haber puesto en marcha procedimientos y herramientas onerosos para que los investigadores soliciten acceso a datos públicos”, señala el comunicado del Ejecutivo comunitario sobre la cuestión de la transparencia.

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La DSA, un instrumento creado para garantizar que los gigantes digitales se adecuan a los estándares europeos, obliga a los investigadores a acceder a los datos de las plataformas, “ya que proporciona un escrutinio público sobre el impacto potencial de las plataformas en nuestra salud física y mental”.

En cuanto a Meta, la Comisión también cree que obstaculiza la denuncia de contenidos ilegales porque ni Facebook ni Instagram tienen mecanismos fáciles de utilizar para que los usuarios puedan señalar contenidos ilícitos, como material de abusos sexual de menores o contenidos terroristas. Bruselas sostiene que los mecanismos que aplica actualmente parecen imponer varios pasos innecesarios y exigencias adicionales a los usuario, y además “parecen utilizar los denominados patrones oscuros, o diseños de interfaz engañosos”, para estos procesos.

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Ahora las empresas tienen la posibilidad de examinar sus conclusiones y tomar medidas para remediar las infracciones para evitar la multa. “Nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La directiva de Servicios Digitales convierte esto en una obligación, no en una opción”, defiende la vicepresidenta comunitaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.