Cuatro directores de centros de menores inmigrantes de Gran Canaria y Lanzarote y un empresario inmobiliario han sido imputados por presunto blanqueo de capitales al compincharse para desviar casi dos millones y medio de euros de fondos europeos que se habrían embolsado, informó este sábado la Policía Nacional.
Las acusaciones son producto de “una compleja investigación económico-patrimonial” iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de Canarias en 2022, cuando un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España alertó de irregularidades.
En una nota, la Jefatura Superior informa de que se advirtieron “multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados”. Esto fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas y se puso en marcha la llamada operación “Tabaiba”, que se ha prolongado durante tres años, pasando a manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y bajo la dirección de la Fiscalía Europea. Las investigaciones siguen abiertas.
El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos Next Generation, transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico. Hasta el punto de que, “de un total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros”. Entre ellos, operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes, enumera la Jefatura.
Y expone que, para tapar sus actos, recurrieron a presentar “facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos”.
Al tiempo que urdieron “un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores” en connivencia con su dueño, un empresario que “utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado”.
Llegando a cobrar “un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023”, dinero que era desviado a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, “evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales”, apunta la Policía.
Como resultado de estas investigaciones, “la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada”, informa.
Los cinco carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años, detalla el comunicado, que explica que las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.