La Policía Nacional mantiene abierta un investigación para tratar de localizar a –al menos– 13 menores migrantes desaparecidas de un centro de acogida de Arrecife (Lanzarote) y otro menor más del centro de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) entre noviembre del 2024 y mayo del 2025.
Después de que el Ministerio del Interior informase la semana pasada del desmantelamiento de una red internacional dedicada al tráfico de menores desde Canarias hacia Francia, ahora los esfuerzos se centran en dar con las niñas desaparecidas, habiendo articulado canales de cooperación policial con países vecinos. Fuentes policiales explican que el número de menores que han caído en manos de los delincuentes podría aumentar.
Sin cifras –por el momento– concretas, según ha podido saber Guayana Guardian, Canarias cuenta con más de 300 procedimientos abiertos por fugas de centros tutelados por el gobierno autonómico. En la Policía Nacional tampoco ofrecen el número exacto de menores que tratan de localizar. Tampoco el número de centros de niños y adolescentes sin amparo familiar que podrían haber sido objetivo de la organización criminal. Puede haber también, según fuentes policiales, menores no migrantes entre las víctimas. Lo que sí parece una certeza es que las costuras del sistema de acogida de menores en Canarias, sobresaturado desde la reactivación de la ruta de los cayucos, saltan por los aires.
En la actualidad, hay unos 300 expedientes abiertos por fugas de centros de menores en el archipiélago
La investigación se inició tras detectarse la desaparición de 13 menores, lo que llevó a la activación de un dispositivo para esclarecer las circunstancias y paradero de los menores.
En mayo de este año, los agentes interceptaron en el aeropuerto de Lanzarote a tres menores de edad acompañados por un ciudadano mayor de edad de origen mauritano, que trataba de embarcar con ellas rumbo a Madrid. Actualmente, la inmensa mayoría de embarcaciones que llegan al archipiélago proceden de las costas mauritanas, pese a que el 90% de los migrantes que desembarcan son malienses, una nacionalidad que ha desbancado a marroquíes y senegaleses, que tradicionalmente eran las mayoritarias. Tras las primeras gestiones, se constató que las menores se encontraban bajo tutela de un centro de acogida y que su traslado se realizaba sin autorización ni documentación válida. El adulto acompañante fue detenido junto con una de las menores, que resultó ser mayor de edad, por delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y sustracción de menores.
Las posteriores diligencias permitieron descubrir la existencia de una red perfectamente organizada con una clara distribución de funciones con la finalidad de traficar con menores desde centros tutelados con destino a Francia. La organización contaba con logística en Marruecos para el traslado y cruce de fronteras, contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada y una infraestructura en España para acoger temporalmente a los menores y gestionar su paso a Francia, destino final previsto por los integrantes de la red.
Durante la fase de explotación de la operación, los investigadores practicaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, en los que se intervinieron numerosos documentos, efectos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Esta fase culminó con un total de 11 detenciones, de las cuales nueve se realizaron en Lanzarote, una en Madrid y otra en Las Palmas de Gran Canaria.
De los detenidos, cuatro ingresaron en prisión provisional como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil.
Más chicas que chicos trasladados
Cuatro de cada cinco menores inmigrantes solicitantes de asilo que hasta la fecha han sido trasladados desde Canarias a la Península son chicas, en concreto, 135 de 162, según detalla el Gobierno central al responder a una pregunta de la diputada nacionalista Cristina Valido. En el documento, el Gobierno explica cómo está cumpliendo con las medidas cautelares que le ha impuesto el Tribunal Supremo, al urgirle a que el Estado asuma el cuidado de los niños y adolescentes menores de edad que solicitan asilo o refugio desde Canarias.
A esa fecha, precisa, 268 de los menores que estaban acogidos en recursos de la comunidad canaria habían pasado ya al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión.
