Un centenar de empresas sociales reclaman 153 millones de euros al Govern
La inclusión
Los plazos de la Generalitat amenazan el futuro laboral de personas con discapacidad intelectual
Treball niega los impagos, pero admite que las subvenciones aún están pendientes de resolución
Esta cooperativa agraria de Lleida emplea a personas con discapacidad
No hay camino para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. La inclusión es el camino. Por eso son tan importantes los cetis, o centros especiales de trabajo de iniciativa social, que muchas veces ofrecen las únicas salidas laborales a este colectivo, integrado por unas 85.000 personas en Catalunya a las que representa la plataforma Dincat. Más de 93 cetis están al límite y acusan a la Generalitat de impagos.
Los centros ocupacionales ayudan a mejorar la autonomía y las habilidades de las personas con discapacidad. Pero los cetis son otra cosa: empresas que ofrecen un salario. Al menos, el 70% de sus plantillas están integradas por trabajadores con necesidades especiales. Junto a las subvenciones públicas, para que todo funcione son imprescindibles psicólogas, educadoras, terapeutas o pedagogos, entre otros profesionales.
Sin cofinanciación y sin esos expertos, el barco naufraga. En Catalunya hay unos 200 cetis, casi la mitad vinculados a Dincat. El sector, que para pagar las nóminas ha recurrido a préstamos “con intereses de más de tres millones”, calcula que su deuda a final de año será de 153 millones. Empresa i Treball, el departamento implicado de la Generalitat, matiza las palabras de los cetis y alega que “ya les ha destinado 133 millones”.
Además, ese importe “se incrementará” cuando se publique la convocatoria de subvenciones, previsiblemente “en diciembre”. El Govern niega asimismo recortes en el presupuesto del personal de apoyo de los cetis, otra denuncia de Dincat, y dice que destinará a este capítulo lo mismo que el año pasado: 32,5 millones, aunque ese dinero también está pendiente “de una convocatoria de subvenciones en proceso de resolución”.
“Son las trampas del lenguaje: una cosa es que la Generalitat haya destinado 133 millones. Y otra muy distinta que ya los haya pagado. ¡No hemos recibido ni un euro desde enero!”, exclama Víctor Galmés, director de Dincat. Esta entidad ha llevado su malestar hasta la plataforma Change.org, en la que critica con expresiones muy duras la gestión del Govern y recoge firmas para revertir lo que considera un “maltrato inadmisible”.
Las exigencias burocráticas, la lentitud en los abonos y los problemas de calendario ya habían pasado otros años, pero se han desbordado en este 2025, explica Dincat. Empresa i Treball reconoce que “los pagos se están ajustando a un nuevo procedimiento de mejora de programas de subvenciones”. La otra parte replica que, de las cuatro convocatorias previstas, dos ya se han convocado, “pero aún no se han ejecutado”.
José Antonio, con discapacidad intelectual, es funcionario municipal
Hay dos clases de centros especiales de trabajo. Algunos, como los de Dincat, priman la integración por encima de todo y prestan ayudas integrales, no solo económicas. Sus trabajadores son precisamente los que pueden tener más dificultades. Otros centros, y es muy lícito, carecen de esos servicios adicionales, su inclinación es más mercantilista y a veces optan por plantillas con menos necesidades en aras de una mayor rentabilidad.
El día de la Discapacidad
Cuatro de cada cinco, en paro
Dincat (o Associació Empresarial d’Economia Social Dincat, su nombre completo) ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones con la Generalitat. Su anterior director, al que ha sucedido Víctor Galmés, fue Carles Campuzano, que abandonó el puesto para ocupar la conselleria de Drets Socials de la Generalitat entre el 2022 y el 2024. Pero el norte de la brújula de esta entidad no lo marca la cordialidad institucional...
La razón de ser de Dincat es la preocupación por las personas con discapacidad intelectual o problemas del desarrollo (es decir, con una discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%, además de quienes tienen una enfermedad mental o parálisis cerebral igual o superior al 33%). En vísperas del día internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, un dato llama la atención: solo uno de cada cinco integrantes del colectivo tiene trabajo.
Lo ideal para quienes pudieran sería tener una oportunidad en empresas ordinarias. En eso están empeñadas organizaciones como Actas o Aura Fundació, pero no siempre es posible. Todos los cetis, sean como sean, atraviesan apuros (“estrangulamiento económico”, dice Víctor Galmés). Otras fuentes aceptan la necesidad de reformas en la tramitación de ayudas, pero lamentan que las del Govern dilaten aún más los plazos.
Esta no es solo una cuestión económica, sino de justicia social y responsabilidad política”
La botella está medio llena o medio vacía, en función de los interlocutores. “No hay deuda con los cetis: las convocatorias de subvención siguen su curso administrativo de resolución y se pagarán una vez resuelto el proceso”, dice Empresa i Treball. Su contraparte, por el contrario, se pregunta “por qué se retrasan tanto las subvenciones, si en el mundo real la administración debe pagar las facturas en un plazo máximo de 30 o 60 días”.
Los problemas, agrega Dincat, recaen “especialmente sobre nuestros 93 cetis sin ánimo de lucro, que durante meses han absorbido el impacto económico para proteger los empleos y preservar la atención a las personas”. Por ello, el modelo “está al límite y, si los recortes y el endeudamiento se mantienen, muchas entidades sociales no podrán seguir adelante con su actividad y peligrará el futuro laboral de miles de personas”.