¿Cómo te sentirías si no te atendieran en un hospital o un centro de salud público por estar en paro? Esta situación, que en la actualidad sería motivo de indignación y alarma, y por el que pondrías inmediatamente una reclamación, era frecuente durante el régimen franquista. Con el agravante que quienes la sufrían no podían protestar y tenían que resignarse a ser atendidos en un centro de beneficencia con recursos muy limitados y una calidad asistencial generalmente precaria.
Aunque cueste creerlo, hasta hace 50 años un alto porcentaje de la población en España no podía acceder a la asistencia médica universal. Y es que, durante el franquismo, la sanidad funcionaba como un beneficio laboral, no como un derecho ciudadano. Por tanto, quien no cotizaba en la seguridad social o no entraba en alguna de las mutualidades existentes en aquella época, quedaba privada de recibir atención sanitaria gratuita en cualquier centro de salud público. Esta realidad perjudicaba doblemente a las mujeres dedicadas al hogar sin empleo remunerado (la mayoría en esa época), ya que su cobertura sanitaria dependía por completo de la situación laboral del ‘cabeza de familia’. Una dependencia que se extendía a los hijos, que también quedaban desatendidos por el sistema si el padre se quedaba sin trabajo.
Ante esta situación, miles de personas se vieron abocadas a recurrir a la beneficencia como única vía asistencial, que solía ser muy básica y estigmatizante. Además de las mujeres, quienes más la sufrieron fueron trabajadores precarios, población rural y personas con escasos recursos. Fueron víctimas de un sistema muy limitado y con fuertes desigualdades sociales y territoriales, que la llegada de la democracia y las reformas posteriores transformaron en profundidad para llegar a un modelo de salud pública inclusivo y equitativo.
La época más dramática fue durante los años 40 y 50, con unos indicadores pésimos: alta mortalidad infantil, esperanza de vida más baja que en el resto de Europa, cobertura de vacunación insuficiente y escasa inversión en salud pública. Así, era habitual que los niños -sobre todo de familias humildes- no fueran vacunados, y que por ello no solo corrieran un mayor riesgo de enfermar, sino de no recibir un tratamiento médico adecuado. Además, a menudo la población contraía enfermedades que eran evitables, pero que por falta de medios no se llegaban a erradicar.
La precariedad se agravaba en muchas áreas rurales, en las que había un solo médico para miles de habitantes y el desplazamiento para recibir tratamiento podía ser de horas o días. Otros grandes problemas eran el estado de las infraestructuras, obsoletas o inexistentes y la falta de unidades hospitalarias especializadas.
Si bien en las décadas de los 60 y 70 con la mejora de la economía se abrieron nuevos hospitales en las grandes ciudades y más personas accedieron a la sanidad pública -al haber entrado en el mercado laboral regulado y, por tanto, poder pagar una cotización o una mutua- lo cierto es que la consolidación de la transición persistieron muchas carencias.
Las mujeres, los trabajadores precarios, la población rural y las personas con escasos recursos quedaban a menudo excluidos del precario sistema de salud franquista
Así se ha extendido la atención sanitaria universal
La creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que implicaba universalizar de forma efectiva la atención sanitaria, se hizo esperar: no llegó hasta 1986. Este modelo, inspirado en los sistemas europeos más avanzados, democratizó el acceso a la salud y redujo drásticamente las desigualdades territoriales y socioeconómicas.
El traspaso de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas y la renovación de la atención primaria en los años siguientes también fueron decisivos para que en España tengamos uno de los modelos más universales, equitativos y accesibles de Europa.
De hecho, está demostrado que un sistema universal sólido reduce el impacto económico de enfermedades y epidemias. Además, favorece la productividad y el bienestar social y evita situaciones de pobreza por gastos sanitarios elevados, como las que se dan a menudo en países desarrollados cuya sanidad está privatizada en su práctica totalidad (EE.UU. Sería un claro ejemplo).
Otro aspecto clave es el reconocimiento de los derechos del paciente, a través de normativas específicas para proteger su dignidad y seguridad. También fomentan una mayor transparencia y participación de la ciudadanía. Por ejemplo, el consentimiento informado garantiza que antes de recibir cualquier tratamiento o ser sometidos a una intervención hemos recibido la información necesaria.
Nuestro actual sistema sanitario tiene importantes retos que afrontar, como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermos crónicos, la escasez de profesionales o una financiación insuficiente. Las listas de espera siguen estando entre los problemas más acuciantes, así como el colapso de los servicios de urgencias en momentos puntuales, o la falta de recursos y personal en determinadas especialidades o áreas geográficas.
A raíz de estas carencias, corremos el riesgo de que la privatización de la sanidad vaya ganando terreno, sea externalizando parte de la atención sin fortalecer la pública, o “normalizando” el copago de servicios básicos como una analítica o una radiografía.
Como hemos visto, es fácil que se recorten prestaciones de nuestro sistema sanitario público, pero recuperar lo perdido resulta muy complicado. Aunque es uno de los mayores logros sociales de las últimas cinco décadas, su continuidad no está garantizada: depende de decisiones políticas, inversión, planificación y del compromiso de la ciudadanía en defenderla y protegerla. No podemos olvidar que la sanidad pública es un éxito colectivo, fruto de cinco décadas de compromiso y esfuerzo, y solo se mantendrá si seguimos creyendo en ella.
